El Kremlin, sin problemas para sacar adelante cualquier enmienda en la Duma

Relección, en la mira de la elite gobernante rusa

Quedó prohibido celebrar referéndum justo un año antes de terminar el periodo de Putin

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscu, 19 de septiembre. Con una Duma (Parlamento) de bolsillo, en el sentido de que las votaciones cruciales en la Cámara baja son la mayor fuente de ingresos de muchos diputados, el Kremlin no tiene mayor problema a la hora de sacar adelante cualquier reforma constitucional.

Los operadores de la Presidencia, hasta con cierta ostentación de portafolios idénticos, invaden los pasillos de la Duma y no escatiman recursos para asegurar los dos tercios de los votos que se requieren en esos casos.

Ello es particularmente notorio y todo se vale cuando lo que está en juego es aprobar una enmienda que, en caso de necesidad, puede servir de pretexto para extender la permanencia en el poder de la elite gobernante.

Esa meta, oficialmente negada como corresponde a un discurso que se pretende democrático, forma parte de las preocupaciones del entorno del presidende Vladimir Putin. Algunos funcionarios del Kremlin parecen no tener otra misión que encontrar la forma legal de aumentar el mandato presidencial de Putin, actualmente ocho años como máximo, y de ser relegido, como se da por descontado, para un segundo periodo.

No importa que para lograr el objetivo se pongan en entredicho derechos fundamentales consagrados en la Constitución, se violente el reglamento de las sesiones parlamentarias, se presenten razones justificatorias a todas luces insostenibles y que, para colmo, se termine por hacer una excepción que muestra que todo fue una burda pero efectiva maniobra para beneficiar al inquilino del Kremlin.

Todo esto se pudo apreciar en la reciente aprobación, en primera lectura, de una enmienda que prohíbe celebrar cualquier referéndum, menos los que se deriven de los compromisos internacionales de Rusia, un año antes de que concluyan sus respectivos mandatos la Duma y el presidente.

El argumento principal para explicar la necesidad de esta reforma fue que una consulta popular puede incidir en la coyuntura electoral, además de que implica un gasto significativo del orden de 3 mil millones de rublos, más o menos 100 millones de dólares, que por ley saldrían del presupuesto federal y de hecho podrían favorecer al partido promotor del referéndum frente a los demás.

Se llegó a afirmar que esa suma representa varios meses de salario de maestros, médicos y otros trabajadores al servicio del Estado y que, por tanto, sería imperdonable derrochar el dinero para satisfacer las ambiciones políticas de un grupo que sólo busca atraer más votos en las urnas.

La tesis, apoyada por las fracciones que de una u otra manera se identifican con las posiciones del Kremlin y que juntan 285 votos de un total de 450, tenía un claro destinatario: el Partido Comunista de Rusia (PCR) que hace poco anunció su intención de comenzar a reunir los 3 millones de firmas indispensables para convocar, en la primavera de 2003, un referéndum que incluiría, entre otras, dos preguntas que a priori cuentan con el apoyo de amplios sectores de la población: si se debe prohibir la compra-venta de las tierras agrícolas, y si procede nacionalizar las empresas de sectores clave de la economía, cuando se pudiera probar que fueron privatizadas de forma fraudulenta.

Los 125 diputados de la bancada comunista, como es de comprender, rechazaron la reforma constitucional. A la postre, los votos de la fracción ultranacionalista de Vladimir Zhirinovsky y los de los diputados "independientes", aquellos que no están inscritos en ninguna agrupación parlamentaria, decidieron la suerte de la enmienda promovida por el Kremlin.

Con ello se estableció una peculiar moratoria, por lo pronto durante los próximos dos años, al derecho consitucional de celebrar un referéndum. Aunque el PCR reuniera el mínimo de firmas de apoyo en los próximos dos o tres meses, ya no tendría tiempo de cumplir los restantes trámites: en diciembre de 2003 habrá elecciones para renovar la Duma y queda prohibido celebrar cualquier consulta popular desde diciembre de 2002.

Se violentó el reglamento debido a que la reforma se aprobó sólo en un cuarto intento en un mismo día. La oposición recurrirá a la Corte Constitucional y, además, sospecha fraude en el sistema de cómputo al registrarse apenas cuatro votos más del mínimo requerido, después de que las tres votaciones anteriores arrojaron resultados por debajo de los dos tercios indispensables.

Tampoco convence mucho el intento de vincular referéndum con coyuntura electoral, pues la nueva legislación en la materia reduce a sólo tres meses el periodo permitido para hacer campaña.

Objetivos claros

Es claro que al extender la prohibición de celebrar cualquier consulta popular al año previo a comicios presidenciales, las autoridades quieren remover obstáculos para la relección de Putin. Al mismo tiempo, al exigir y lograr que se haga una excepción para cualquier referéndum relacionado con los compromisos internacionales de Rusia, entierran el argumento de la necesidad de ahorrar los 100 millones de dólares que costaría.

Más importante para el entorno de Putin es realizar un referéndum sobre la Unión de Rusia y Bielorrusia, cuyos alcances están por negociarse. Dicho referéndum representa, en caso de que no surja otra variante mejor, la posibilidad de prolongar el liderazgo de Putin durante un buen número de años.

Sólo haría falta que el resultado sea favorable a una forma de unión que pudiera presentarse como un solo país o una confederación. El siguiente paso, con seis años por delante para instrumentarlo antes de que termine la presidencia de Putin, sería tan simple como promulgar una Constitución común y elegir un solo mandatario para Rusia y Bielorrusia.