Adolfo Sánchez Rebolledo

El turno de los sindicatos

Uno de los saldos positivos del reciente conflicto entre el sindicato petrolero y el gobierno es haber puesto en el primer plano de la agenda nacional la renovación del sindicalismo. Cada una de las fuerzas políticas, por sus propias razones y a la luz de los acontecimientos, ha tenido que revalorar sus ideas en torno al funcionamiento de las organizaciones que, en teoría y por disposición constitucional, representan el interés profesional y legal de los trabajadores asalariados. El propio Presidente de la República aludió al asunto con una oración a favor de la democracia sindical que no dejaba dudas en cuanto a sus intenciones. Ciertamente, ésa es una de las grandes asignaturas insatisfechas, pero la experiencia ha probado que la recomposición del otrora llamado "movimiento obrero organizado" no se resuelve con simples frases.

A final de cuentas este sindicalismo, que hoy nos parece anacrónico, ha desempeñado un papel sustantivo en la tarea histórica de darle al capitalismo mexicano ese rasgo de estabilidad que hasta ahora le ha permitido funcionar sin grandes conflictos: a cambio de suprimir la vida sindical activa, los trabajadores recibieron empleo y algunas concesiones, no siempre formales, garantizadas por el Estado corporativo. A la cabeza de la organización sindical se impuso una mafia burocrática estrechamente vinculada con el poder político, mafia que subsiste, a pesar de los enormes cambios que han ocurrido en los tiempos más recientes.

Por ello sería interesante que el Presidente explicara a la nación cuáles son sus argumentos en favor de la libertad y la autonomía sindicales, cuestiones que vienen discutiéndose desde hace años dentro de las organizaciones más democráticas, como aspecto decisivo de la reforma laboral que está pendiente y sobre la cual no hay acuerdo de fondo. Los empresarios, por ejemplo, quieren una reforma laboral que, en nombre de la modenización y la productividad, y so pretexto de cancelar el modelo corporativo, en realidad liquidan el sindicalismo como instrumento independiente de y al servicio de los trabajadores.

En cambio los sindicatos, entre los cuales destacan los agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que representan el mayor desafío al liderazgo tradicional, han perfilado una posición muy precisa en materia de autonomía y libertad sindicales que tiene como eje el fortalecimiento de la organización y no su clausura, cuyos grandes trazos merecen estudiarse.

En primer lugar proponen la derogación del apartado B, así como la creación del Instituto Nacional Autónomo para el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo, que normaría el registro de cada sindicato a partir de la presentación de sus documentos básicos, sancionados con la participación mayoritaria de los trabajadores que éste afilia, mediante voto universal directo y secreto. La consulta del Registro Público estaría abierta a todos los ciudadanos interesados.

Un aspecto clave para reafirmar la libertad sindical es que anula cualquier limitación a la libertad de asociación entre sindicatos y la aplicación de todas las normas de excepción que se expiden para favorecer a determinadas empresas foráneas que pasan por encima de los derechos de sus propios asalariados. Un punto importante es la exigencia de que se proscriba la afiliación corporativa a los partidos políticos y se castigue la intromisión de los patrones o el gobierno en la vida interna de los sindicatos. Asimismo, la UNT reclama que garantice el derecho de los sindicatos a obtener información por parte de la empresa.

Con todo, la autonomía es inconcebible si los sindicatos carecen de vida interna protegida y regulada por una normatividad estatutaria que asegure el voto universal directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus representantes y garantice su participación en la negociación de los contratos colectivos de trabajo.

Se dirá que este programa no es nuevo y es verdad. Sin embargo, su cumplimiento sería una verdadera revolución democrática, pues pondría a los trabajadores mexicanos no sólo en mejores condiciones de defender sus salarios y prestaciones, sino de intervenir en las grandes decisiones nacionales que los afectan como asalariados y ciudadanos.