Un proceso interno "impide a las víctimas tener acceso a una justicia imparcial"

Piden defensores de derechos humanos que se lleve ante un juzgado civil a Quirós, Acosta y Barquín

Vicente Fox debería debería instar a las fuerzas armadas a abrir sus archivos, opinan

CAROLINA GOMEZ MENA

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) demandó que, para que los generales Humberto Quirós Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro Escapite, así como el mayor retirado Francisco Javier Barquín Alonso, sean realmente castigados por sus delitos y que los procesos que se les siguen sean ventilados en los juzgados civiles.

Entrevistada durante el seminario Los procesos de integración regional de las Américas, Sylvia Aguilera García, directora general de la CMDPDH, criticó el hecho de que los miembros del Ejército que han violado los derechos humanos sean juzgados dentro de la justicia militar, porque dijo que esto "impide a las víctimas tener acceso a una justicia imparcial, además de que permite que la mayoría de los casos queden impunes".

Recordó que existen recomendaciones específicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que "todos aquellos crímenes y violaciones a las garantías individuales realizados por militares deban ser juzgados en el ámbito civil".

Aún más, para la CMDPDH, Vicente Fox, por ser el jefe supremo de las fuerzas armadas, debería instar a éstas a "abrir sus archivos" y así "darle correspondencia al discurso que maneja en derechos humanos con la realidad y, de paso, permitir alcanzar una verdadera transición democrática".

Aseguró que ante las revelaciones sobre los delitos cometidos por los mencionados militares durante la guerra sucia, urge que los casos sean conocidos por juzgadores civiles. "No puede ser que los militares tengan tal autonomía, que se autopongan reglas, se autojuzguen, se autoabsuelvan, y todos contentos; ellos tienen que rendir cuentas en términos de los estándares que está obligado a cumplir el Estado mexicano, sobre todo para garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia".

En opinión de Aguilera García ya no son tiempos para que este tipo de casos sean "tratados en secreto en la justicia militar", y también consideró que tienen que ser tratados "de acuerdo con la gravedad de los delitos que cometieron".

Asimismo, la CMDPDH exhortó al Ejército a dar a conocer la totalidad de la información que tiene respecto al asesinato de estudiantes en 1968, porque "estamos seguros de que lo que se ha dado es información parcial. Aún no queda claro en dónde están los archivos que maneja el Ejército; ellos deben tener más datos, porque fue el agente que ha llevado a cabo toda la sistematización de esta información, además de que ha sido uno de los principales violadores de derechos humanos".

Incluso para la CMDPDH la obligación de que los militares proporcionen la información que tienen sobre la guerra sucia "debería estar amparada con la nueva ley de acceso a la información".

Sobre las declaraciones que hiciera a La Jornada el general Alberto Quintanar López, Aguilera sostuvo que es "preocupante que un general pueda prácticamente estarse riendo de lo que sucedió", pero consideró que, sobre todo, el tenor de sus declaraciones "pone una vez más en evidencia el fenómeno de la impunidad a la que están acostumbrados; se sienten intocables, saben que pueden andar por la vida haciendo, y sin que se les toque".

Luego de exponer que muchos de los delitos que se les imputan se refieren a "desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura", es decir, considerados de lesa humanidad, Aguilera comentó que por su gravedad, son actos ilícitos que pueden ser juzgados por la "justicia universal, porque no sólo agreden al Estado de su jurisdicción sino a la humanidad". De ahí que si se no se les castiga conforme a su magnitud, "el gobierno podría convertirse en violador de derechos humanos por omisión, al permitir la impunidad y negar el acceso a la justicia a las víctimas" o a sus familiares.