No descartan posible "acuerdo implícito" de cara a las elecciones del año próximo

Critican académicos la cesión presidencial de tiempos oficiales en radio y tv a concesionarios

Consideran que la forma en que se pactó anula "la expectativa de una reforma democrática"

JOSE GALAN

La decisión presidencial de reducir hasta en 90 por ciento el tiempo oficial en radio y televisión "cerró" la posibilidad de contar con una nueva ley para esos medios electrónicos, consideraron académicos vinculados con el derecho a la información. Consideraron que Vicente Fox actuó "con los mismos vicios que el PRI". No descartaron que tras el decreto -anunciado por el Presidente la noche del jueves pasado- haya "un acuerdo implícito" con los concesionarios y el gobierno de cara a las elecciones de 2003".

Lamentaron que el cambio en el régimen de los tiempos oficiales -que se remontaba a 1969, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz los impuso luego de la matanza de Tlatelolco- se da ahora por medio de un decreto "derivado de una negociación excluyente" entre el jefe del Poder Ejecutivo federal y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, y no por la vía legislativa, "que daría mayor fortaleza y certeza a la resolución que, de la forma en que pactó, termina con la expectativa de una reforma democrática".

Desde el 5 de marzo de 2001, el gobierno federal instaló la llamada Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos, destinada a modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada en 1959 por el presidente Adolfo López Mateos, mientras que la ley reglamentaria fue promulgada 10 años después por su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, incluyendo 12.5 por ciento de transmisión destinado a uso de tiempos oficiales.

Dicha mesa incluyó a legisladores federales, partidos políticos, empresarios de los medios de información, funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, organizaciones civiles y académicos. Desde su instalación, y a lo largo de las 55 sesiones celebradas hasta ahora, los empresarios propusieron la abolición de los tiempos oficiales, bajo el argumento de que ya pagan suficientes impuestos al gobierno como para todavía hacerlo "en especie".

Al momento de instalar la mesa, el titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, subrayó que el objetivo fundamental era establecer una relación "sana, transparente y responsable" entre el gobierno, los medios informativos y la sociedad que, además, a través de esta relación democrática, pueda garantizarse la certidumbre y la seguridad jurídica a gobernantes y gobernados".

El presidente Fox adoptó hace tres días su resolución de modificar los tiempos oficiales al margen de dicha mesa, cuyos integrantes -fuera de los empresarios- se enteraron de la modificación vía los propios medios de comunicación.

Para Ernesto Villanueva, investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA) y uno de los impulsores del derecho a la información y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la decisión de Vicente Fox de expedir un reglamento de ley secundaria y de una nueva normatividad entre el Estado y los concesionarios de radio y televisión, significa que "la visión de Estado a largo plazo fue sustituida por una cortoplacista de la coyuntura política".

Issa Luna Pla, directora ejecutiva de la cátedra Konrad Adenauer de derecho a la información, también de la UIA, sostuvo que la primera repercusión de esta medida es que no hay una reforma de fondo. "Este decreto se convierte sólo en una interpretación más de la ley, producto de la unión de los actores más fuertes en esta discusión: el Presidente de la República y los concesionarios."

Subcoordinadora del programa iberoamericano de derecho a la información, Luna Pla dijo que un ordenamiento de esa índole representará "un costo político enorme", ya que "no fue una decisión consensuada e hizo a un lado a los pioneros en la discusión". Si bien se trata de un decreto "irreversible", a la mesa de diálogo "le resta avanzar en la discusión legislativa e impulsar reformas integrales a la Ley Federal de Radio y Televisión, e intentar complementar o modificar los puntos del decreto en los que no estén de acuerdo".

Ernesto Villanueva, doctor en derecho a la información por la Universidad Complutense de Madrid, lamentó sin embargo que se hayan hecho a un lado las expectativas de más de año y medio de trabajo en la mesa de diálogo -de la que forma parte-, y consideró que con el decreto "se cerró la posibilidad de llegar a una nueva ley".

"El cambio a los tiempos oficiales no es lo más recomendable, y habría sido deseable que este impuesto se tradujera en un impuesto económico, destinado a sostener los medios de comunicación de carácter público", añadió.

La decisión, anunciada por el Presidente la noche del jueves pasado, "demuestra que Fox actúa con los mismos vicios que el PRI", pero destacó, entre los aspectos positivos, el derecho de réplica previsto ya en la legislación mediante la firma del Convenio Interamericano de Derechos Humanos.