Lo establece claramente el capítulo V de los estatutos vigentes del STPRM

Si se libran órdenes de aprehensión contra líderes petroleros, deberían dejar sus cargos sindicales

Nadie que esté acusado de robo o malversación de fondos puede representar al gremio

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En caso de que se libren órdenes de aprehensión en contra de líderes del gremio petrolero por su presunta responsabilidad en los desvíos de Petróleos Mexicanos al PRI -que hoy se conocen como Pemexgate-, por estatutos estarán impedidos para continuar en sus cargos sindicales.

Hasta el momento, según fuentes oficiales, las averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República (PGR) prevén solicitar órdenes de captura en contra de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); Ricardo Aldana Prieto, tesorero; Leocadio Mendoza, secretario del Interior; Fernando Pacheco, líder de la sección 24; Pablo Pavón Viñales, alcalde de Minatitlán y secretario general de la sección 10; Ramón Hernández Toledo, secretario de la sección 11, y Manuel Limón Hernández, integrante del Consejo General de Vigilancia, además de Jesús Olvera, diputado local en Tamaulipas.

Normas internas

Las peticiones de captura serían por la comisión de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y peculado electoral, sin descartar lavado de dinero y delincuencia organizada, en caso de que esos ilícitos sean configurados en las averiguaciones previas que se mantienen abiertas como parte de los desgloses que la Procuraduría inició luego de haber consignado los expedientes en los que acusó a ex dirigentes priístas y ex directivos de Pemex por los mismos ilícitos.

Los estatutos del STPRM establecen en el capítulo V, titulado Requisitos e impedimentos para ser funcionario sindical, en el artículo 290, fracción VI, que ''el socio que llene los requisitos que se señalan en el artículo anterior (289, relativo a lo que se requiere para ser dirigente), pero que quede comprendido en alguno de los siguientes, estará impedido para desempeñar cualquier puesto de funcionario sindical: Haber cometido algún delito grave o infamante como robo, malversación de fondos, fraude, etcétera, y como consecuencia del proceso civil o penal se le hubiere condenado a reparar el daño o se librara orden de aprehensión en su contra''.

Además, en el capítulo VIII, Bases para la aplicación de disciplinas generales, medidas con las cuales un órgano interno del sindicato petrolero juzga la conducta de sus integrantes, se señala en el artículo 453, fracción 2, que la destitución del cargo se aplicará en caso de ''haber sido procesado legalmente por faltas o delitos de carácter civil o penal y como consecuencia de ello se hubiere condenado a reparar el daño o se librara orden de aprehensión en su contra''.

Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto y Jesús Olvera son los dirigentes que a decir de las fuentes consultadas han detenido la consignación de acusaciones penales en contra de miembros del STPRM. Las autoridades, supuestamente, están a la espera de que el Congreso de la Unión acepte retirarles el fuero y con ello se conviertan en sujetos de acción penal, para así consignar sus expedientes ante un juez y fincarles cargos, como ya ha ocurrido con el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, y tres de sus ex colaboradores, Julio Pindter, Juan José Domene y Carlos Juaristi y en el caso de ex dirigentes priístas como Carlos Almada, Jorge Cárdenas, Alonso Bretón y Joel Hortiales.

Amparos, por si acaso

En tanto, la defensa de los petroleros ha promovido juicios de amparo buscando conocer el contenido de las indagatorias en su contra, o bien saber si existen ya órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse.

Los abogados de Romero Deschamps y Aldana Prieto han solicitado en dos ocasiones la protección de la justicia federal contra cualquier acto de autoridad de la Procuraduría General de la República o de jueces; el más reciente intento en ese sentido ocurrió a mediados de la semana pasada, cuando se rumoró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ya había consignado una averiguación previa en la que se mencionaba a los dirigentes sin fuero como presuntos responsables de actos ilícitos.