Aseguran tener derecho a percibir $170 mil más prestaciones; reciben actualmente $64 mil

Exigen 18 jubilados de la Corte se homologue su pensión mensual con el sueldo de ministros en activo

De rechazo, la respuesta inicial de Góngora, trasciende; preocupación en el Poder Judicial

JESUS ARANDA

En retiro forzoso desde la reforma constitucional de 1994, 18 ex ministros de la Suprema Corte enviaron al presidente del máximo tribunal una carta en la que demandan homologar su pensión mensual de 64 mil pesos, más prestaciones (chofer, secretaria, gastos médicos y auxiliar a su servicio que paga el Poder Judicial Federal), con los 170 mil pesos "libres" que perciben los actuales ministros.

Actualmente los pensionados reciben una remuneración casi 58 veces mayor al monto que percibe un trabajador no calificado después de 30 años de servicio, que es de mil 100 pesos mensuales. Incluso, esa pensión es cinco veces superior a la máxima cantidad que otorga el ISSSTE a los trabajadores con salarios más elevados que llegaron a la edad de jubilación.

La pensión fue pareja para todos, incluso para personajes como el ex diputado federal priísta y ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes García, que duraron tan sólo unos meses en la Suprema Corte, después de ser premiados por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, hasta ministros de carrera judicial que habían llegado al máximo tribunal por sus méritos judiciales.

Ese fue el "premio" para los ministros que aceptaron su renuncia; incluso en ese entonces decían algunos especialistas que la reforma constitucional impulsada por el presidente Ernesto Zedillo era en sí un "golpe de Estado", porque mediante decreto eliminó un poder (el Judicial) y estableció las reglas para designar nuevos ministros.

Encabezados por Irma Cué y Noé Castañón, los ex ministros argumentan en su carta que su pensión debe incrementarse al mismo ritmo que los sueldos de los ministros en activo, ya que los 64 mil pesos que perciben equivalen al monto que recibían en diciembre de 1994, cuando el Congreso aprobó la iniciativa presidencial de reducir de 21 a 11 los ministros de la Corte.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional se planteó el "retiro forzoso" de los ministros de la Suprema Corte para que sus sustitutos siguieran siendo "personas con reconocido prestigio profesional y altas virtudes morales, dedicadas en exclusiva al conocimiento y resolución de las más importantes controversias jurídicas del país".

De la anterior integración sólo continuaron en la nueva Corte los ministros Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Güitrón, mientras que sus ex colegas pasaron a retiro con los 64 mil pesos "líquidos" -es decir, libres de impuestos- que recibían en aquel entonces, además de que en caso de fallecimiento su viuda tiene derecho vitalicio a la pensión completa, salvo que contraiga nuevas nupcias.

De acuerdo con fuentes judiciales que confirmaron la existencia de la misiva, los 26 ex ministros -21 que integraban el pleno y 5 más supernumerarios o auxiliares- pasarán al retiro con su mismo sueldo, pero además el Poder Judicial Federal absorbió el pago mensual de chofer (11 mil pesos), secretaria particular (10 mil pesos), auxiliar oficinista judicial (8 mil 500 pesos), así como de un seguro de gastos médicos mayores.

Los ex ministros, quienes únicamente tuvieron la prohibición durante los dos años inmediatos a su cese de trabajar en la administración pública federal o como abogados litigantes -como lo contempla la Constitución en su artículo 101-, aceptaron sin mayores problemas su pensión durante casi ocho meses.

Sin embargo, a unos meses de que el ministro Genaro Góngora Pimentel deje la presidencia del máximo tribunal, 18 ex ministros le hicieron llegar la misiva en la que aseguran tener derecho a percibir 170 mil pesos más prestaciones, como los 11 miembros actuales del máximo tribunal.

Aun cuando trascendió que la respuesta inicial de Góngora fue de rechazo, se sabe que hay molestia y preocupación en el Poder Judicial federal, de que sean aceptadas las presiones de los ex juzgadores, no sólo por pedir una suma no autorizada en la ley, sino porque el monto que pretenden es "insultante" cuando los niveles de pobreza en el país aumentan cada día.

Además, tienen derecho a su pensión del ISSSTE (cuyo monto máximo es de alrededor de 12 mil pesos mensuales) y muchos continúan como funcionarios públicos o bien, litigan o siguen coyoteando en juzgados y tribunales federales, se dijo.

Pese a la reserva con que se ha mantenido el tema, fuentes judiciales confiaron en que del número de ministros pensionados, al menos dos no estarían involucrados en la demanda de aumento, ya que Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Güitrón fueron ratificados en el cargo, luego de que el Senado los seleccionó en enero de 1995 para integrarse a la nueva Corte.

Según la información obtenida, queda-rían 24 ex ministros, entre quienes se encuentran los 18 inconformes.

En 1994 el presidente de la Corte era Ulises Schmill Ordóñez.

En ese tiempo la Corte también se había convertido en refugio de políticos priístas como Luis Montes García, ex diputado federal y ex fiscal en el caso Colosio; José Trinidad Lanz Cárdenas, quien se distinguió junto con Montes por su cercanía con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, siendo ambos diputados de 1988 a 1991; Irma Cué Sarquís, quien fue secretaria general del PRI; Martha Chávez Padrón, ex senadora priísta, y Diego Valadés, quien además de ser diputado tricolor ocupó la Procuraduría General de la República, para después pasar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

También hubo personajes como Victoria Adato Green, quien había sido procuradora del Distrito Federal, cuya labor fue particularmente cuestionada en 1985.