Según autoridades federales, sólo existen 22 disputas agrarias de "alto riesgo"

Fracasan reformas al artículo 27 constitucional; hay 22 mil 295 conflictos por la tierra: ANIPA

Los gobiernos de México y 13 países latinoamericanos no tienen voluntad para cumplir acuerdos sobre tenencia de la tierra, afirma el Centro de Cooperación Indígena de Colombia

MATILDE PEREZ U.

Ha pasado una década y las reformas al artículo 27 constitucional no trajeron consigo el esperado "mercado de tierras" ni lograron neutralizar la lucha por los territorios en las comunidades indígenas y campesinas. Ambas, con sus respectivos matices, continúan su movimiento de resistencia. Mientras que para las autoridades federales sólo existen 22 conflictos agrarios de "alto riesgo", la mayoría en zonas indígenas que abarcan 610 mil 437 hectáreas, y hay 695 asuntos de trascendencia, para la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) prevalecen 22 mil 296 diferendos que involucran a 51 pueblos indios.

Por diversos medios, los pueblos indios tratan de enfrentar las complejas estrategias del Estado para frenar despojos y expropiaciones, evitar la entrega de sus tierras y recursos naturales a empresas farmacéuticas trasnacionales, mimetizadas con grupos ecologistas, que han recurrido a recursos legales invocado acuerdos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para ello han hecho uso de la resistencia pasiva y llegaron hasta el levantamiento armado.

El asunto -que no es privativo de México- preocupa ya también al Banco Mundial, el cual este año ha realizado diversos encuentros sobre políticas de tierra en todos los continentes.

Roque Roldán Ortega, del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) de Colombia, aseveró en el Encuentro de políticas de tierra en América Latina y el Caribe: "La defensa y apego a la posesión y propiedades colectivas de la tierra, manifestados por los indígenas, se apoya en las ventajas que representa el modelo colectivo territorial frente al individual".

Respuestas limitadas a viejos conflictos

México, expuso, al igual que 13 países más, ha acogido regímenes de alta jerarquía jurídica sobre derechos especiales de los pueblos indios, pero no ha hecho un desarrollo legal de las normas constitucionales ni de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT para definir en normas ordinarias las opciones concretas de las que dispondrán las comunidades para acceder al dominio de la tierra. "En México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Argentina no existe una clara voluntad gubernamental de ejecutar los ordenamientos adoptados."

Roque Roldán advirtió que se responde de manera limitada a la demanda de tierra de los pueblos indios, al aplicar los procedimientos legales utilizados para los campesinos. "En la práctica, las titulaciones no contribuyen ni a la seguridad en el dominio territorial ni al mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas. Es necesario el cambio de los ordenamientos legales para brindar a los pueblos indios los espacios apropiados de tierra, para reconstruir su vida comunitaria tradicional y apoyarlos con programas especiales."

Sin embargo, para las autoridades agrarias del país la prioridad es acelerar el proceso de certificación y titulación de los 29 mil 942 núcleos agrarios, de los cuales 7 mil 652 tienen población indígena y de éstos 5 mil 248 -68.5 por ciento- ya concluyeron su regularización.

Y como el último informe en torno de los avances en la regularización de los derechos de propiedad establecen que sólo 78 por ciento de los 29 mil 942 núcleos agrarios y 59.5 por ciento de las 103.5 millones de hectáreas de superficie ejidal y comunal se han inscrito al Programa de Certificación de Derechos y Titulación de Solares Urbanos (Procede), la Procuraduría Agraria (PA) determinó aplicar el Programa para el Redimensionamiento de la Estructura Territorial, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en el campo.

Ricardo Cruz Rodríguez, director general de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la PA, aseguró que con esa herramienta la institución podrá actuar con más eficacia en la atención de casos altamente conflictivos, ya que el personal tendrá conocimiento preciso de la naturaleza jurídica, social y política de los conflictos. "El avance de la certificación de los núcleos agrarios se ve cada vez más limitado, en la medida en que los conflictos agrarios que viven los ejidos y comunidades del país son más graves, pues involucran a colectividades. Muchas veces, en los hechos, se complican más cuando las tierras se ubican en territorios que incluyen dos o más entidades federativas, a pesar de que eso, jurídicamente, no tenga relevancia. Esos son los casos de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas."

De acuerdo con la PA, en el país hay 22 conflictos agrarios de alto riesgo, de ellos tres están en Chiapas; cuatro en Michoacán; dos en Oaxaca; tres en Veracruz, y uno en Baja California, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo; uno corresponde a Zacatecas y Durango, y otro a Oaxaca y Chiapas. La mayoría son casos que tienen más de tres décadas y que, desde el punto de vista de las autoridades agrarias, requieren de un alto grado de coordinación entre los gobiernos estatales y profundas acciones de conciliación.

El caso Oaxaca-Chiapas es un pleito que mantienen las comunidades zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas con habitantes de Cintalapa, Chiapas, para cuya solución se estableció, desde la administración anterior, una mesa de conciliación agraria. El asunto de Zacatecas-Durango corresponde a la disputa que mantiene la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán y Xoconostle (a la que se le reconocieron 452 mil 364 hectáreas, pero sólo entregaron 31 mil 225) con ejidatarios de Bermalejo de la Sierra, Zacatecas, que se opusieron a la expropiación de 5 mil 465 hectáreas para entregarlas a los indígenas.

Entre los casos de Chiapas está el que involucra a las comunidades tzeltales y choles asentadas en parte de las 501 mil 106 hectáreas que se entregaron a los lacandones, que forman parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules. Es un asunto complejo, ya que a la demanda de desalojo interpuesta por los lacandones se han sumado algunos grupos ecologistas y hasta el director de la reserva, quien depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De los cuatro casos de Michoacán, localizados en Santa Ana Zirosto, Uruapan; la Barra, Ario de Rosales; Jauja, Queréndaro, y meseta purépecha, éste es el que sobresale, ya que involucra a 17 municipios, 62 comunidades y abarca 246 mil hectáreas. Del total 45 mil 675 hectáreas están sin ejecutar, a pesar de tener resoluciones favorables del Tribunal Unitario Agrario y 11 mil 639 están en proceso de titulación.

En Oaxaca, las comunidades de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán -región del istmo- mantienen una disputa por 21 mil 822 hectáreas, mientras que en los límites con Veracruz los habitantes de San Juan Lalana mantienen una pelea con pequeños propietarios y con otros núcleos agrarios por 8 mil 512 hectáreas.

Las construcciones de las presas Luis Donaldo Colosio, Sinaloa, y Cerro de Oro y Miguel Alemán, Oaxaca, dejaron saldos negativos. La comunidad mayo de Huites fue obligada a dejar su lugar de origen y comprar 180 hectáreas al ejido Canutillo, al cual aún no pagan 80 hectáreas de temporal. Los indígenas chinantecos, reubicados en Uxpanapa por la construcción de embalses en Oaxaca, formaron 12 poblados, y ahora son acusados de invasión por los indios zoques de Los Chimalapas.

Otras historias están tejidas alrededor de los indios yaquis, huicholes (Jalisco), tarahumaras, mazahuas y nahuas. La que excluye a los indígenas, pero que incluyó la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, es la del corredor turístico de la costa maya. Según las autoridades, inicialmente se cedieron 38 mil 206 hectáreas para dicho corredor, pero en ellas iban las 8 mil 457 de la reserva. Ahora la autoridad rectifica, y asegura que sólo 29 mil 749 hectáreas son susceptibles de ser entregadas al gobierno de Quintana Roo.

A su vez, los 695 asuntos de trascendencia involucran a comunidades y ejidos; en su mayoría hay factores religiosos, económicos, jurídicos, políticos, étnicos y ambientales, principalmente. Su solución, según la PA, requiere la atención de los tres niveles de gobierno y mantener un seguimiento permanente. Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Campeche y Durango son las entidades que tienen el mayor número de casos, mientras que los estados que registran menos de una decena son: Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

Para el director de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la PA, es urgente llevar a cabo un gran esfuerzo de concertación entre los habitantes de los 6 mil 478 núcleos agrarios para certificar las 41 millones 734 mil 517 hectáreas que no han sido regularizadas. "La institución se ha erigido como la gran conciliadora en el campo. Así lo demuestran los 239 mil 732 asuntos que ha resuelto por esa vía, evitado igual número de juicios. En muchos casos, las autoridades jurisdiccionales han pronunciado sentencias que si bien resuelven el conflicto con absoluto apego a derecho, no son aceptadas por las partes, por lo que en su aspecto social, económico y político esas controversias se complican más."

Esa es la situación -según el Tribunal Superior Agrario- de 78 asuntos trascendentes, que se refieren a dotaciones de tierra, ampliaciones y restituciones que no se han ejecutado, porque hacerlo generaría brotes de inquietud y actos de violencia.

A la fecha, la PA mantiene 14 mil 242 juicios agrarios, para los que sólo cuenta con 212 abogados. En Oaxaca y Veracruz es donde se lleva el mayor número de casos ante los tribunales agrarios.