Actúan protegidos y en el anonimato, afirman sus amigos y compañeros

Digna Ochoa fue cazada por agentes de un grupo represivo

Los resultados de la investigación sobre la muerte de la abogada han sido contradictorios. A partir de los mismos peritajes se han emitido dictámenes diferentes: uno, que fue asesinada por personas que saben y conocen de logística para perpetrar un crimen, y otro, que fue un suicidio. Ahora, la tercera fiscal está obligada a no dejar ningún elemento de duda en la resolución del caso

BLANCHE PETRICH

El movimiento mexicano por los derechos humanos sufrió, hace un año, un golpe al corazón. Luego de un largo periodo de amenazas al colectivo de trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de ellos, la abogada Digna Ochoa y Plácido, fue asesinada. En ese momento la grieta no se hizo visible, pero a un año de distancia es evidente que el atentado, lejos de unir a las organizaciones, las ha dividido.

Entre los amigos y compañeros más cercanos de Digna existe la convicción de que la abogada fue "cazada por desconocidos", que desde alguna institución actúan protegidos y en el anonimato; elementos que no sólo amenazaban a la defensora muerta, sino a muchos de ellos; agentes de corporaciones represivas que por la propia naturaleza de su trabajo son objeto de sus denuncias.

Pero otro grupo de colegas pensó, desde el primer momento de los hechos, que Digna Ochoa se había suicidado. A mediados de este año, esa idea tomó cuerpo como una hipótesis privilegiada en el proceso de investigación del segundo fiscal del caso, Renato Sales Heredia.

Esa hipótesis del suicidio se sostenía en un análisis de personalidad de la abogada, hecho post mortem, que dibujaba un perfil "vengativo, esquizoide y violento". A pesar de que los patrones de amenazas recibidas en ese entorno desde 1996 nunca fueron investigados cabalmente, las nuevas autoridades apuntaban sus conclusiones a que estos anónimos eran fabricados por la propia Digna. En las actuaciones ministeriales e interrogatorios se escarbó insistentemente en este aspecto.

A título personal, dos funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la primera visitadora, Pilar Noriega, y el secretario particular del comisionado, Víctor Brenes, manifiestan preocupación de que a la larga esta hipótesis se vuelva a imponer sin las debidas bases de comprobación objetiva. "Lo cual -precisa Brenes- entraña un grave riesgo para todos nosotros, quienes éramos amenazados de muerte al igual que Digna, porque deja sin resolver el origen de las amenazas. Es decir, deja activos a grupos que en otro momento pueden volver a actuar. En ese caso, ninguno de nosotros estará a salvo."

Un año, tres fiscales, cuatro virajes

Más allá de hipótesis y percepciones, las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que deberían dar certezas de que el crimen será esclarecido sin margen para dudas y especulaciones, han dado al menos cuatro bruscos virajes en sólo un año.

El caso Digna Ochoa padece, al parecer, el "síndrome Colosio". Esa averiguación, que se suponía vital para la salud del país, pasó por las manos de cinco procuradores o fiscales en un periodo de seis años: el procurador Diego Valadez, el primer fiscal especial Miguel Montes, la segunda fiscal Olga Islas, un tercer fiscal Pablo Chapa Bezanilla, y Raúl González Pérez en cuarto término. Las conclusiones brincaron por varias tesis antagónicas -del asesino solitario al complot; regreso al punto de partida y nuevamente al de la acción concertada para volver a Mario Aburto como pistolero por cuenta propia y terminar como un expediente "en la reserva"-. A ocho años de distancia, el esclarecimiento de este homicidio parece estar fuera de alcance.

El asesinato de Digna Ochoa ocurrió en el primer año de la alternancia política y en la jurisdicción del gobierno del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Pero la investigación no ha corrido con mejor suerte que los más graves crímenes de Estado de los regímenes anteriores.

En un primer momento, el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, orientado por el contenido de la amenaza de muerte contra el Centro Pro encontrado en el lugar del crimen, atribuyó el hecho a "la ultraderecha".

Se asignó el caso a la fiscalía desconcentrada de la delegación Cuauhtémoc, primero a cargo de Alejandro Trimmer y después bajo responsabilidad de Nicolás Chávez, ambos bajo el mando del subprocurador Alvaro Acerco Corcuera. Esta unidad concluyó con un dictamen de ampliación de mecánica de los hechos, fechada el 4 de enero:

"Todos y cada uno de los indicios estudiados y analizados nos comprueban de manera tajante y categórica que el homicidio de la licenciada Ochoa fue preparado con anterioridad, llevado a cabo por un grupo de personas que saben, conocen y utilizaron la logística para perpetrar el hecho."

Los resultados de esa primera investigación sostenían que el 19 de octubre de 2001 Digna Ochoa entró al bufete jurídico de la calle Zacatecas 31, probablemente acompañada ya del victimario, quien la habría sometido. En su bolso llevaba una pistola que había adquirido. Al intentar sacarla le fue arrebatada por el hombre que la sometió, disparó una vez para comprobar la acción del arma, después le disparó en una pierna y finalmente, sujeta por la nuca de bruces sobre un sillón, fue ultimada con un disparo en la sien izquierda.

Después de presentar este dictamen, el primer equipo fue relevado y el subprocurador Sales asumió la responsabilidad de la fiscalía. En seis meses echó por tierra la hipótesis del asesinato y se pronunció, públicamente, por la del suicidio. A partir de los mismos peritajes, un nuevo análisis condujo a dictámenes opuestos. Los testimonios de la primera fase de la investigación que daban fe de hombres que vigilaban el edificio de Zacatecas 31, que incluso fueron vistos el día del crimen en la puerta del inmueble, fueron desechados.

Se dijo entonces que la harina y los guantes que fueron encontrados en las manos de la víctima fueron usados por ella misma para simular un acto distinto. Y aunque no todos los indicios encajaban en el cuadro que pintaba la fiscalía -por ejemplo, la pistola apareció debajo del cuerpo-, Sales insistió en una fuerte dosis de desequilibrio mental de la abogada.

Sin embargo, el subprocurador Arceo explicó a La Jornada, en una carta enviada días antes del relevo de Sales: "Los peritajes con que se ha contado provinieron y provienen, para ambos equipos de investigación, precisamente del departamento pericial de la procuraduría. Sería sorprendente que los primeros fueran inferiores a los segundos o disímiles hasta la contradicción".

Pero precisamente para salvar esa contradicción, señalada incluso por Pedro Díaz, consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue nombrada una tercera fiscalía.

Víctor Brenes comenta: "Salga como salga la fiscal Margarita Guerra, en la resolución de este caso no puede haber ningún elemento que deje dudas. El problema es que hemos visto cómo los peritajes realizados pueden ser interpretados de manera diferente y llevar a conclusiones incluso opuestas.

"Si al final del camino se va a concluir que fue un homicidio, habrá que entrar a otro laberinto. ¿Por qué y qué relación existe con las amenazas anteriores? Si se concluye que fue un suicidio, habrá otras dudas: ¿fue la consecuencia final que se perseguía con las amenazas, que la pusieron en una situación límite? Si no hubo un clima de amenazas, o ella era la autora de las mismas, eso también tendrá que ser comprobado fuera de toda duda. De cualquier forma, este va a ser un caso muy difícil de cerrar."