Preocupa que a un año de su muerte no haya aclarado quién la mató, sostiene

Pide Soberanes a la PGJDF actuar de manera responsable en el caso Ochoa

Continúan las amenazas contra defensores de derechos, afirman dirigentes de ONG

VICTOR BALLINAS

El asesinato de la abogada Digna Ochoa, ocurrido el 19 de octubre de 2001, puso en evidencia las precarias condiciones de seguridad y los constantes riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país al desempeñar su trabajo: amenazas e intimidaciones desde el gobierno, intervenciones telefónicas, allanamientos y saqueo de sus oficinas, incluso la muerte. El hostigamiento persiste. Este año van 15 amenazas.

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), manifestó ayer que "es preocupante que a un año del crimen de la abogada Digna Ochoa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no haya averiguado quién la mató. Este asunto debe preocuparnos a todos, porque los resultados dejan mucho que desear. Además, se ha politizado la investigación y yo pediría a la PGJDF que actué de manera responsable y pronto para que ya se conozca quién mató a Digna Ochoa".

En relación con las amenazas a defensores públicos y de organizaciones no gubernamentales (ONG), el ombudsman dijo que "preocupa lo que les ocurre a los defensores, ya sean de organizaciones civiles o de organismos públicos. A partir del crimen de Digna Ochoa el gobierno tomó medidas. En el caso del titular de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas ya estamos en diálogo con él para ver cómo se arregla esa situación. La CNDH -agregó- insistirá en que se tomen todas las medidas necesarias para la protección de los defensores".

Después de la muerte de Digna Ochoa el gobierno convocó a las ONG defensoras de los derechos humanos a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, con el propósito de atender los casos de amenazas y hostigamientos e instrumentar medidas de protección y seguridad para los defensores. No obstante, las amenazas, hostigamientos y persecuciones continúan, e "incluso provienen desde el propio gobierno, de la Procuraduría General de las República (PGR), que intimida y amenaza a abogados de Acción de los Cristianos para Prevenir la Tortura (Acat)", aseveraron Juan Antonio Vega, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos; Eréndira Cruz, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, y Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Se tiene registro de 14 amenazas a defensores durante este año, y uno de ellos tuvo que salir del país: Arturo Requezens, abogado de Acat, quien tenía a su cargo varias investigaciones de violaciones a derechos humanos por militares.

Entrevistados por separado, Edgar Cortez y Juan Antonio Vega apuntaron que este año las amenazas incluyen a defensores de organismo públicos, como el ombudsman de Chiapas, Pedro Raúl López; la ex ombudsman de Jalisco Guadalupe Morfín, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).

"Hoy, como en el pasado, las denuncias de amenazas e intimidaciones contra defensores no se investigan, y la única de manera de frenar esos ataques es que el gobierno aclare de dónde provienen y sancione a los responsables; de lo contrario, continuará fomentando la impunidad", subrayaron Vega, Cortez y Christian Rojas, director adjunto de la organización Sin fronteras.

La red Todos los Derechos para Todos lleva un registro puntual de las amenazas de este año. En enero hubo disparos contra la casa del ombudsman de Chiapas, Pedro Raúl López Hernández; el día 17, hostigamiento contra Francisco Cruz Paredes, de la Red de Defensores Comunitarios de Chiapas, el autor fue identificado como policía y miembro de un grupo civil armado. El 18 de marzo, amenaza vía correo electrónico contra la abogada Bárbara Zamora, del bufete Tierra y Libertad, y el mismo mes, la escolta del abogado Lionel Rivero fue atacada por desconocidos. En abril, Guadalupe Morfín recibió amenazas telefónicas.

En mayo, campaña de difamación contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, Bernardo Romero Vázquez; el día 28, amenazas contra el dirigente sindical de la Coordinadora Nacional de Electricistas, Jesús Navarrete, el autor fue identificado como Víctor Fuentes del Villar. Los días 14 y 26 de junio, hostigamiento contra familiares y llamadas intimidatorias a Evangelina Navarrete Castellanos, y el día 23, llamadas intimidatorias a miembros de la asociación SOS Bahía.

En julio, el abogado Arturo Requezens fue amenazado y tuvo que salir al extranjero. El médico legista Ricardo Loewe Reiss, también de Acat, fue intimidado por la PGR, porque aseveró que Guillermo Vélez fue muerto por tortura a manos de agentes de esa procuraduría.

Otras amenazas que ocurrieron este año fueron la que se hizo a la CIDHM, otra contra el ombudsman de Chiapas y recientemente el procurador de Derechos Humanos de Baja California, Raúl Bahena, denunció que la encargada del programa de migrantes de esa institución en Mexicali fue amenazada por haber denunciado los abusos y la corrupción del Grupo Beta contra centroamericanos, a los que amenazaron con armas los propios agentes del organismo.

Vega señaló que "la tendencia de las amenazas a defensores de derechos humanos este año es alta, y todo parece indicar que se mantendrá igual a la del año pasado, cuando se registraron 17 hostigamientos".

Cortez y Vega, resaltaron: "hoy hay diálogo con el gobierno. Hablamos una vez con el presidente Fox y otras con el secretario de Gobernación o con el titular de la Unidad de Estudios Legislativos de Gobernación. Sí hay resultados, pero han sido pequeños".