Los 27 detenidos en Cerro Hueco se dicen inocentes en su declaración preparatoria

Las consignaciones de los miembros de Paz y Justicia omiten los delitos más graves, dice ONG

San Cristobal de Las Casas, Chis., 17 de octubre. Las consignaciones de 27 miembros de Paz y Justicia por diversos delitos "no corresponde a los principales delitos que estas personas cometieron", declaró hoy la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, si bien reconoció que "al menos ya se acepta en el ámbito estatal que existía un grupo de estas características. Es la primera vez que esto ocurre".

El gobierno, dijo la red, "tiene que asegurar la aplicación de la justicia y los derechos humanos; castigar a los culpables y reparar los daños".

Según informó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), las acusaciones que enviaron a Sabelino Torres y su grupo al penal de Cerro Hueco son: robo, privación ilegal de la libertad, portación de armas restringidas al Ejército, lesiones, daños y asociación delictuosa.

No están consideradas en la consignación las muertes y desapariciones del pasado. La enumeración de algunas víctimas que habrían asesinado los hoy presos forma parte del boletín de prensa de la PGJE, pero no de las acusaciones por las que serán procesados, apunta la red de defensores.

Ahora que se acepta oficialmente la existencia del "grupo radical" de Paz y Justicia, que agredió y cometió delitos "contra personas contrarias a su ideología", la red considera que se debe profundizar en la existencia de tales grupos (financiados, armados y estructurados) "para documentar las responsabilidades de funcionarios de gobiernos anteriores y proceder penalmente contra ellos".

Según los defensores comunitarios, la consignación de estos priístas, detenidos en Tila el 13 de septiembre pasado, no garantiza que los verdaderos culpables serán sancionados, ni que se hará justicia por las muertes (tanto las mencionadas en el boletín de la PGJE, como otras).

El derecho a la verdad, uno de las garantías humanas reconocidas universalmente, ha sido negado a los pobladores de la zona norte que sufrieron la "guerra" paramilitar, especialmente de 1995 a 1998.

Ahora, con la consignación de Sabelino Torres y otros 26 miembros de Paz y Justicia, quienes hasta ayer permanecieron arraigados, podría, al fin, develarse oficialmente la verdad de muertes y desapariciones que permanecen impunes. Aunque el camino sigue siendo tortuoso.

Por ejemplo, hace pocas semanas la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el hallazgo de osamentas en la zona norte. Se pensó que podría tratarse de los restos de algunos desaparecidos a manos de Paz y Justicia. Los familiares de las víctimas acudieron para practicarse el estudio genético. Finalmente, la PGR comunicó que la prueba de ADN resultó negativa.

A juicio de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, de esta manera "queda sin cumplirse nuevamente el derecho a la verdad para los familiares de aquellos que llevan años desaparecidos, pues aún no pueden saber si están muertos".

La red cuestiona la eficacia de la unidad especializada para investigar grupos civiles armados, creada por la PGR en 1997, en el contexto de la masacre de Acteal. "En todos los años que lleva no ha dado ningún resultado".

Hasta ahora "no ha habido condenas donde un juez castigue a los criminales investigados por esta unidad federal", añade la red, cuyos defensores comunitarios tienen un significativo trabajo en la zona norte precisamente. "Esta unidad ha servido para dar la imagen de que se investiga, sin que se avance nada."

El gobierno "está obligado a revelar que existió una estrategia de contrainsurgencia en la zona norte y los Altos", abundan los defensores comunitarios. El proceso contra Sabelino Torres y otros debe dar pie a este reconocimiento. De otro modo sería una "trampa" ante la opinión pública, pues se da la impresión de actuar por delitos que en realidad no son castigados.

Para la red, las autoridades judiciales "deben caracterizar la existencia de este grupo, que actuó en función a una política; esto no se puede ignorar".

También se debe investigar a los demás paramilitares, a quienes se le abre una salida con la creación de nuevas figuras jurídicas que "desaparecen de nombre" a Paz y Justicia, mientras se procede contra un "grupo radicalizado" de la antigua organización. A través de la UCIAF muchos ex miembros de Paz y Justicia ya no serían identificados con la contrainsurgencia violenta.

La situación presente dificulta que estos paramilitares actúen como en el pasado, pero sus delitos podrían quedar impunes. Y su función contrainsurgente prevalecería, de manera más sutil, a través de programas gubernamentales que confronten a las comunidades en resistencia. Según la red, ésta "podría no ser una política activa del gobierno actual, pero de efectos calculados".

Por otra parte, el subsecretario de Gobierno en la zona centro, Martín Ramos Castellanos, desmintió que la Policía Sectorial haya puesto en marcha un desalojo violento en la finca Concepción, municipio Venustiano Carranza, el pasado día 12, como había denunciado la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Cuando los agentes llegaron al lugar, dijo el funcionario, los ocupantes del predio ya se habían retirado.

En cambio, no hizo ninguna mención acerca del ataque de guardias blancas que los campesinos de la OCEZ dicen haber sufrido luego de la ocupación y desalojo de la finca Concepción.

Diligencias

En Tuxtla Gutiérrez, los 27 integrantes de Paz y Justicia recluidos en el penal de Cerro Hueco presentaron su declaración preparatoria ante el juzgado segundo del ramo penal. Dijeron ser inocentes de los delitos de lesiones, daños, asociación delictuosa, resistencia de particulares y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y pidieron la ampliación del término constitucional de 48 horas para definir su situación jurídica.

Al cierre de esta edición se esperaba que, en una diligencia independiente, Sabelino Torres compareciera ante un juez federal para responder por las armas de alto poder que se le encontraron cuando fue detenido el pasado 13 de septiembre. Aparte, Carlos Torres, ex alcalde de Tila, comparecerá ante el juzgado tercero para responder por el desvío de unos 3 millones de pesos del erario, que presuntamente sirvieron para armar y equipar a integrantes de Paz y Justicia.

Con auxilio de defensores de oficio, los 27 indígenas oriundos de la zona norte de la entidad comparecieron ante las autoridades judiciales durante más de cinco horas, en las que les leyeron las declaraciones que en su contra efectuaron al menos 12 personas que dijeron haber sido afectadas por acciones de Paz y Justicia.

A los integrantes de Paz y Justicia se imputan el secuestro, desaparición y posible muerte de Mateo Vázquez Sánchez, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez, Miguel Gutiérrez Peñate, Alejandro Jiménez Díaz, Mateo Arcos Guzmán, Domingo Vázquez Avendaño, Juan Ramírez Torres, Minerva Pérez Torres y Cándido Vázquez Sánchez. Además, se les atribuye participar en emboscadas y acciones armadas por las cuales miles de familias indígenas fueron desplazadas de sus lugares de origen.

Los 27 detenidos reconocieron pertenecer al grupo paramilitar, pero negaron participar en los hechos de que se les acusó. Sostuvieron que usaban las armas de fuego que les decomisaron para cazar, y no contra sus opositores políticos. La mayoría de los detenidos sólo hablan la lengua chol.

CON INFORMACION DE ANGELES MARISCAL, CORRESPONSAL