Ayer, en el marco del Foro Internacional sobre Libertades Religiosas, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán, adelantó propuestas para un nuevo marco legal -ley y reglamento- de asociaciones religiosas que resultan inaceptables según el principio de separación entre la Iglesia y el Estado, que trastocarían de manera grave los ámbitos político, administrativo y espiritual, y que se traducirían, de ser aprobadas, en una contrarreforma, una involución del país a condiciones anteriores a 1857.

El funcionario referido abrió la perspectiva de entregar a las organizaciones religiosas medios de comunicación, de eliminar la prohibición a los funcionarios públicos que participen en ceremonias religiosas y de abrir los centros de salud y las cárceles a la "ayuda espiritual" . En ese mismo encuentro, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, mencionó la supuesta pertinencia de incluir "los distintos valores universales en los planes y programas educativos", de simplificar los trámites de ingreso al país de ministros extranjeros de culto, de efectuar una desregulación administrativa en materia religiosa y de dar un nuevo marco fiscal a las iglesias.

Es evidente la necesidad de llenar las lagunas legales del actual marco que regula la relación entre el Estado y las diversas iglesias. Pero esa tarea no debe implicar que el poder público realice concesiones inaceptables que, teóricamente, podrían beneficiar al conjunto de los organismos religiosos, pero que, en la práctica, significarían la restitución de canonjías indebidas a la jerarquía católica, como lo advirtieron, en el encuentro de referencia, diversos representantes de otras confesiones.

Debe considerarse, por una parte, que la Iglesia católica es, con mucho, la organización religiosa que detenta el mayor poder político, económico, e incluso mediático; que controla, de hecho, y por medio de sus corporaciones -Legionarios de Cristo, Opus Dei, jesuitas y muchas otras-, posiciones de poder público, conglomerados mediáticos, centros de educación superior y emporios empresariales; y que nunca ha usado su influencia con propósitos estrictamente pastorales, sino que, por el contrario, la ha volcado en su proyecto de inducir, en el país, una regresión a los tiempos de la intolerancia y el totalitarismo virreinales.

Desde otra perspectiva, el actual grupo en el poder carece de credibilidad como garante de la libertad y la pluralidad religiosas toda vez que, desde la toma de posesión del presidente Vicente Fox, ha dado muestras inequívocas de un ofensivo y deplorable clericalismo. Con los conocidos -e ilícitos- excesos confesionales perpetrados por el mandatario y varios de sus más cercanos colaboradores, es evidente que las propuestas formuladas ayer por Gobernación no se orientan a consolidar las libertades espirituales sino a garantizar una anacrónica hegemonía de la Iglesia católica, apostólica y romana.