PAN, PRD y PRI señalan la necesidad de ampliar recursos para el sector social

El gobierno debe reducir el gasto corriente, coinciden en San Lázaro

Se prevé una difícil negociación del presupuesto para 2003 en la Cámara de Diputados

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

El proyecto de presupuesto para 2003 deberá comprender una reducción en el gasto corriente del gobierno federal, y esos recursos tienen que emplearse en el gasto social, coincidieron los grupos de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados.

En espera de la llegada del paquete económico para este martes, el diputado Martí Batres, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, se opuso a la idea de considerar el presupuesto como restrictivo: "debe destinar recursos al gasto social y disminuir subsidios a la banca. Planteamos que entre los temas de convergencia está el del Fobaproa, no concederle más recursos a las transacciones ilegales e irregulares del rescate bancario".

El coordinador de la bancada perredista abordó el tema del federalismo y dijo sobre el caso del Distrito Federal: "Aquí, en la Cámara de Diputados, la única deuda que se aprueba es la del Distrito Federal, porque cada una de las entidades federativas, en su Congreso local, aprueba el financiamiento de su propia entidad. El financiamiento que se sigue viendo aquí es el de la capital del país. La reforma política del DF, que el Senado de la República rechazó, planteaba que fuera la Asamblea Legislativa la que se encargara del ver lo del techo de financiamiento y el endeudamiento de la capital".

-ƑCómo se espera la negociación presupuestal, si se aproximan las elecciones de 2003 y aún no se aclaran los casos de Amigos del Fox y el Pemexgate?

-Creo que será una negociación sin lugar a dudas difícil, pero apostamos a que haya consenso. Lo mejor es que ya hubiéramos iniciado este análisis. También se debe contar con el mayor gasto social posible. Eso es lo que debe preocuparnos: campo, educación, inversión productiva, gasto social en general, y hay que ver algunos mecanismos para que los recursos destinados a educación, a las entidades federativas, no se disminuyan.

En la misma tónica, Felipe Calderón, coordinador del grupo de legisladores panistas, se manifestó por recortar el gasto en áreas gubernamentales e incrementar los recursos a los sectores sociales.

"Esperamos un presupuesto muy estricto en términos de gasto, que tendrá partidas que se verán reducidas en virtud de que no hay más ingresos y, por otra parte, hay partidas que obligatoriamente tienen que aumentar, como son los salarios de los empleados públicos, maestros, médicos, los presupuestos de las universidades, del Seguro Social, lo cual implica que se reduzcan los fondos de otras dependencias.

-ƑEs conveniente imponer candados para evitar recortes o subejercicios?

-Debemos avanzar fuertemente en términos de la transparencia y de las reglas claras en materia de ingreso y gasto federal, y también de ingreso y gasto de los estados. En eso se centrará el dictamen que está listo para reformar el Sistema de Administración Tributaria.

David Penchyna, diputado del PRI e integrante de la Comisión de Presupuesto, esbozó las demandas de su partido con relación al proyecto de presupuesto:

"Debe respetar el marco macroeconómico con metas definidas en el ámbito de la inflación o el precio del petróleo; que sean consecuentes y apegadas a la realidad, para que no se creen expectativas falsas y no generen confusión. Se trata de mantener una política de ingresos realista en el terreno de la recaudación".

En el ámbito del gasto-presupuesto, Penchyna manifestó: "esperamos que el gobierno abata el gasto corriente, porque el foxismo ha decidido reducir el gasto de inversión en escuelas, universidades, hospitales, compra de medicinas y construcción de carreteras. Es indispensable observar la descentralización de los recursos, porque detrás debe venir el abatimiento del gasto corriente y evitar el subejercicio de los recursos. La administración federal debe hacer de la transparencia una norma, porque se han evidenciado sucesos que reflejan que algunas autoridades hacen uso de los programas de combate a la pobreza para beneficiar al partido en el gobierno".

En la línea de las coincidencias, Bernardo de la Garza, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, pugnó porque el gobierno de Vicente Fox "reduzca el gasto corriente y que los recursos que se destinan a ese sector de la alta burocracia se empleen en programas sociales y de combate a la pobreza".

Lorena Beauregard, legisladora priísta, mandó un mensaje al presidente Fox, porque "debe dar apoyo incondicional a salud, educación, universidades públicas y combate a la pobreza. Debe ser muy cuidadoso en cómo envía el presupuesto, porque el recorte más importante que debe plantear es en el gasto corriente".

Miroslava García, legisladora del PRD, propuso nuevas reglas para la aprobación y ejercicio del presupuesto:

"La Secretaría de Hacienda, insiste en revivir las prácticas añejas de imposición y autoritarismo, en las que finalmente hay una herencia en la aplicación del presupuesto con subejercicios, recortes presupuestales, reasignaciones sin previo aviso, economías sin justificar, manipulación de la información y ocultamiento de la misma, son rasgos que perfilan la manera de instrumentar la política económica por parte de la actual administración".

Los puntos principales de la iniciativa de la diputada García son: dejar establecido que el incumplimiento de las disposiciones del decreto será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; definir cuáles son los programas prioritarios que no son susceptibles de recorte bajo ninguna condición económica; en caso de caída en los precios internacionales del petróleo, no reducir el presupuesto de Petróleos Mexicanos; establecer un monto destinado a hacer frente a la apertura comercial en materia agropecuaria para el próximo año, sin posibilidad de ser recortado; obligar a las dependencias a comprobar el uso de recursos y su conexión con objetivos y metas, así como su impacto en la población de manera periódica, y autorizar a la Auditoría Superior de la Federación que inicie el proceso de fincamiento de responsabilidades en el caso de que funcionarios de primer nivel no cumplan con las disposiciones del decreto.