Obras viales

Admite juzgado demanda contra López Obrador

JESUS ARANDA

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa decidió ayer dar entrada a la demanda de amparo interpuesta contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por su intención de construir el distribuidor vial de San Antonio y el segundo piso en Periférico y Viaducto.

El doctor en derecho Ignacio Burgoa Orihuela presentó el recurso legal, apoyado con más de 170 firmas de vecinos de las colonias circundantes, quienes alegan que las obras referidas violan, entre otros, el artículo cuarto constitucional, que prevé el derecho a una vivienda en ambiente sano y en casas cómodas e higiénicas.

En entrevista con Burgoa Orihuela, éste aseguró que López Obrador actuó ilegalmente en razón de que no consta por escrito la orden de construcción del distribuidor vial de San Antonio, además de que, indicó, el funcionario obró sin facultades, porque de acuerdo con el artículo 122 constitucional, es la Asamblea Legislativa la encargada de ordenar ese tipo de construcciones.

Precisó que el amparo es contra el acuerdo -según él, verbal- de López Obrador y no por lo que se refiere a las obras en sí.

Interrogado sobre la validez del reciente plebiscito, en el que la mayoría de los participantes estuvo de acuerdo con la construcción del segundo piso en Viaducto y Periférico, Burgoa Orihuela sostuvo que éste no tiene fuerza legal, no es vinculatorio, "no vale para nada", porque no está previsto en la Constitución.

Dejó en claro que si la justicia federal le da la razón a los vecinos inconformes, sería responsabilidad personal del jefe de Gobierno cubrir con recursos propios los daños millonarios que generarían las obras del distribuidor vial y, en su caso, las del Viaducto y Periférico.

Incluso dijo que si López Obrador aprobó por escrito la construcción referida, o bien hay contratos entre el gobierno capitalino y las constructoras respectivas, ello "agravaría" la situación del funcionario.

"Supongamos que no se suspendan las obras, que se gane el amparo y se concluya la responsabilidad del jefe de Gobierno, entonces éste tendría que pagar con recursos propios indemnizaciones por muchos millones de pesos, porque precisamente en la demanda que presenté ayer se incluyen dictámenes periciales donde se demuestra que las obras citadas van a lesionar los derechos de los vecinos de las colonias San Pedro de Los Pinos, San Antonio y otras".

Tras señalar que en esta ocasión, como cuando asumió la defensa legal de los ejidatarios de San Salvador Atenco, él no cobrará por sus servicios, y que una vez que el juez tercero dé entrada al recurso interpuesto, éste ordenará a López Obrador que presente la documentación que avale su proceder, para que después el juez de distrito dicte sentencia, que será recurrible a su vez ante una instancia superior.

"Mis honorarios ya están pagados al darme la oportunidad de defender la Constitución contra actos arbitrarios, y esperemos que López Obrador ahora sí obre de acuerdo con el derecho y no de acuerdo con sus ocurrencias, porque todos los habitantes del Distrito Federal están en contra de esas obras viales", aseguró.