Un vivo ''jurídicamente muerto''

Antonio Hernández, desaparecido oficialmente por Acosta Chaparro

BLANCHE PETRICH

"Jurídicamente muerto", al menos a los ojos de la Procuraduría de Justicia Militar, Antonio Hernández Fernández apaga el enésimo cigarrillo en el cenicero de un céntrico café. A principios de octubre, al acudir a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para ampliar su denuncia por la desaparición de seis personas, que él vio vivas en una cárcel clandestina de Guerrero en 1978, tuvo acceso al último expediente remitido por la instancia militar a la PGR.

Y descubrió que en la causa del fuero castrense por la que se pretende juzgar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro por el ''homicidio calificado'' de 143 personas, figuran su nombre y el de su compañera Alejandra Cárdenas, ambos ex desaparecidos y amnistiados.

''ƑDe qué se trata?'', indaga sobre este reciente hallazgo que ilustra ''la falta de rigor'' con el que la Procuraduría de Justicia Militar maneja la investigación. El número 143 de esa lista de ''asesinados'' hace 20 años es él, contador público, actualmente de 52 años, dirigente de la Unión General Obrero Campesina Popular. La número 142 de la lista es Alejandra Cárdenas, quien también fuera desaparecida, liberada en 1978, de profesión historiadora y actualmente profesora en la Universidad de Guerrero, radicada en Chilpancingo.

''ƑEs un error técnico? No lo creo. ƑUna maniobra intencional para que los responsables operativos de las desapariciones evadan su responsabilidad argumentando inconsistencia de la Procuraduría de Justicia Militar? Posiblemente", expresa en entrevista con La Jornada.

En cualquier caso, para este sobreviviente de la lucha contrainsurgente de los setenta, que entre julio y agosto de 1978 estuvo en manos del entonces teniente coronel Acosta Chaparro, el aparente error en los expedientes de la justicia militar es una razón más para exigir que el proceso que se les sigue a los generales acusados regrese al fuero civil, donde se originó a raíz de las denuncias de cientos de víctimas.

Entre los cientos de denunciantes en la causa de los detenidos-desaparecidos, los casos de Antonio Hernández y Alejandra Cárdenas tienen una particularidad. Ellos han aportado pruebas documentales -quizá las únicas entre centenares de casos- sobre la participación directa de Acosta Chaparro en las cárceles clandestinas de Guerrero. Son, por lo tanto, piezas clave para inculpar al militar que también formó parte de la Brigada Blanca como subordinado del coacusado Quirós. A la luz de esta realidad, Hernández añade otra pregunta: "Incluir nuestros nombres en su lista de muertos Ƒes una amenaza?".

Hay un antecedente sobre este tipo de ''errores de papeleo''. En diciembre del 2001, la PGR envió citatorios para comparecer a 27 detenidos-desaparecidos de quienes no se sabe nada desde hace más de 25 años, entre ellos a Jesús Piedra Ibarra. Su madre, Rosario Ibarra, se preguntaba en ese momento, como ahora Antonio: "ƑUn dislate, un escarnio, una burla o una nueva maniobra del poder? En todo caso, un pésimo augurio. Si así comienza la investigación Ƒcómo va a terminar?"

A Hernández, como al resto de los denunciantes que inicialmente llevaron su causa ante la PGR, el hecho de que la averiguación hubiera sido trasladada al fuero militar es ''una trampa para que el Ejército se juzgue a sí mismo''. A la luz de los pobres resultados que tuvo el reciente proceso contra Quirós y Acosta en el consejo de guerra instruido por cargos de narcotráfico, donde fueron sentenciados a una pena mínima, Antonio confirma su escepticismo.

''Todo parece estar encaminado a darle carpetazo al asunto de los desaparecidos aparentando agotar la vía jurídica'', comenta. Más aún, el hecho de asegurar que estos crímenes sean juzgados en un tribunal del Ejército ''fue pactado por las fuerzas armadas con Vicente Fox, apenas éste llegó a la Presidencia'', sostiene. Apoya su dicho en la cronología de esta historia.

A raíz de una amplia declaratoria del testigo protegido de la FBI, Gustavo Tarín -narcotraficante, ex madrina de la Judicial, ex militar-, en Houston, en 1999, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada inició un proceso judicial en contra de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. Pero el entonces procurador Jorge Madrazo se declaró incompetente para seguir el proceso y el procurador militar, general Ra-fael Macedo, atrajo al fuero militar la causa.

Ese mismo año, siguiendo una ruta totalmente diferente, las víctimas de la represión de los 70 insistieron en la vía judicial a la que sin éxito habían recurrido años atrás. La Asociación de Familiares de Desaparecidos, mayoritariamente de Guerrero, presentó entre 1999 y febrero de 2001 cerca de mil 500 casos de detenidos-desaparecidos. Más adelante ese año, el Comité Eureka inició un proceso de ratificación de 483 denuncias ante la misma instancia.

Haciendo caso omiso de estas acciones de los familiares de las víctimas, el 20 de febrero de 2001 la procuraduría militar radicó otra causa, desglosándola en tres averiguaciones: una, por la participación de miembros del Ejército en narcotráfico; otra, por desapariciones -a las que reclasifica como ''homicidio calificado'', dando ilegalmente por muertos a los ausentes-, y una tercera por muerte de soldados caídos en acción.

''Así -apunta Hernández-, cuando Fox crea la fiscalía especial ya estaba en marcha una trama paralela para que estos casos no salieran del control de la institución armada. Con este pacto, el Ejército se asegura de minimizar la responsabilidad de los militares en esos crímenes de guerra''.

Desde que se hizo público el desglose de estas averiguaciones radicadas en la procuraduría militar, los familiares de las víctimas protestaron por la reclasificación del delito de desaparición forzada en ''homicidio calificado''. Julio Mata, presidente de Afadem, señala que las familias de Guerrero no van a aceptar esta definición. ''Es un pasaporte seguro para la impunidad'', afirma.

Según el código militar, el delito de homicidio calificado prescribe en 10 años. El secuestro de cientos de hoy desaparecidos data de hace 25 años o más. ''Nos quieren llevar a ese callejón. Para ellos es un túnel jurídico. Por ahí pueden escapar''.

Mata reconoce que son pocos los recursos legales con los que cuentan las víctimas para hacer valer el derecho. ''Si el Código Penal se hubiera reformado en 1999, como lo propusimos, reconociendo la figura del detenido-desaparecido, tendríamos un punto de partida muy sólido''. Se tiene, de todas maneras, el recurso de la reforma al Código Penal que se logró en el año 2000, que asienta que como delito de lesa humanidad, la desaparición forzada no prescribe.