Alejandro Nadal

Diez años de política fiscal

Desde hace dos décadas la preocupación central del gobierno en materia fiscal ha sido la liberación de recursos del gasto programable hacia la esfera financiera. Esa tónica marca la política fiscal desde la crisis de la deuda de 1982. Ahora se observa que esa política fiscal no sólo no puede ayudar a enfrentar las necesidades de una economía sometida a un rápido cambio estructural, ni de una población marginada en constante crecimiento, sino que ni siquiera sirvió para sanear las finanzas públicas.

El gobierno de Fox siempre propuso seguir el mismo derrotero y ahora confirma su compromiso con esta concepción de la política fiscal. Es el mismo patrón: estancamiento en el gasto programable, recaudación en caída libre, costo excesivo del servicio de la deuda pública y desvío de recursos para la esfera financiera (rescate de banqueros, carreteras, Pidiregas).

ƑCómo funciona el desvío de recursos del sector real hacia la esfera financiera? Muy sencillo. Considere usted los ingresos del gobierno federal. Ahora quíteles un monto destinado a rubros básicos de la economía mexicana: gasto social (salud, educación, vivienda, desarrollo regional y combate a la pobreza) y algunos otros componentes de gasto corriente e inversión. Pero ese monto debe ser inferior a los ingresos para obtener un superávit en lo que se llama balance primario. Acto seguido anuncie a los cuatro vientos que ese superávit primario es resultado de una política fiscal responsable que no sacrifica a los más desprotegidos, etcétera.

Enseguida utilice el superávit primario para pagar lo que pueda del costo financiero de la deuda pública. Este nuevo ejercicio es el balance público. El costo de intereses y amortizaciones es mucho mayor que el superávit primario, así que el resultado es el déficit público. Ahora lance una campaña de medios anunciando que el déficit es sostenible (se puede financiar) y que la estabilidad macroeconómica está garantizada.

La gráfica cuenta esta historia respecto de los 10 años anteriores. La curva superior es el gasto programable como porcentaje del PIB. Permanece suspendido en un promedio de 16 por ciento del PIB (en 1999 el gobierno se jactaba de haber alcanzado el nivel más bajo en 20 años). En términos reales, el gasto programable (al igual que el PIB) creció muy modestamente a lo largo de esos años y es más certero decir que se mantiene semiestancado, y por eso el gobierno mantuvo un superávit primario (ingresos-gasto programable). Como la recaudación también permanece semiestancada, se consolida la sobredependencia en los recursos fiscales no tributarios (petroleros).

La curva con cruces revela que a principios de la década también hubo un superávit público que se explica por cuatro razones: una reducción en las tasas de interés internacionales; el efecto (limitado) de la renegociación de la deuda en 1990; la sobrevaluación cambiaria, que permitió abatir la inflación y reducir la tasa de interés interna; finalmente, la oleada de privatizaciones.

El superávit en el balance público se desploma rápidamente y reaparece una posición deficitaria que se agrava a partir de 1995. Lo más importante es que en 2001 el gobierno por fin saca del clóset los esqueletos llamados "requerimientos financieros del sector público" (RFSP) y el verdadero déficit en las finanzas públicas resulta ser cinco veces mayor al mencionado en el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado a fines de 2000 al Congreso.

ƑQué son los requerimientos financieros del sector público? Se componen del déficit en el balance público y de obligaciones "no contabilizadas". Entre estas últimas destacan el Fobaproa, el rescate carretero y los Pidiregas. Desde luego, lo de "obligaciones no contabilizadas" es una aberración constitucional, pero lo más importante es que si se toman en cuenta estos RFSP resulta que el verdadero déficit público rebasa en promedio 3 por ciento del PIB. A pesar de ello, este año el ejecutivo propone al Congreso un déficit de sólo 0.5 por ciento del PIB para 2003.

En realidad, los RFSP son obligaciones bien contabilizadas, pero no por el Congreso. Uno de sus ingredientes más importantes es el componente inflacionario de los intereses que se cargan por los adeudos del IPAB. Esa cantidad se contabiliza en los libros de los bancos acreedores del IPAB y sigue siendo motivo de gran preocupación para el gobierno. Precisamente para quitarse ese dolor de cabeza se quiere una reforma fiscal que generaría más recursos, no para el gasto programable, sino para cubrir las obligaciones supuestamente no contabilizadas y poder absorber una parte del déficit verdadero del sector público. Este es el triste proyecto fiscal para 2003 y el resultado de 10 años de fracasos en la política fiscal neoliberal.