Irregularidades en licitaciones, la causa; tres son contra Grupo Industrial Pachuca

El GDF ha presentado en un año 4 denuncias penales contra empresas

Hoy se resuelve situación jurídica del dueño y el representante legal de Unicornio

ELIA BALTAZAR

En un año el Gobierno del Distrito Federal ha presentado cuatro denuncias penales contra empresas proveedoras que incurrieron en irregularidades en los procesos de licitación para la compreventa de equipo para la administración capitalina.

Radicadas en la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del DF, tres de las denuncias se iniciaron en contra de Grupo Industrial Pachuca y su filial Vismar, por los delitos de fraude específico y enriquecimiento ilícito. Contra Vismar incluso hay un nuevo procedimiento administrativo en la Contraloría capitalina, por irregularidades en la venta de calzado para la Dirección General de Reclusorios.

El más reciente proceso penal que inició el gobierno capitalino fue en contra del corporativo empresarial Unicornio, cuyo dueño se encuentra en prisión, junto con su apoderado legal, acusados de pretender sobornar a un funcionario de la Oficialía Mayor para obtener ventajas en la licitación para la compra de equipo de seguridad para los trabajadores del GDF.

Acusados de cohecho, en el juzgado 10 en materia penal del Reclusorio Preventivo Oriente hoy se resolverá la situación jurídica de los involucrados: el empresario Armando Azocar Bagnarello y el apoderado legal, Sergio Dorantes Contreras, quienes fueron detenidos en flagrancia al entregar al servidor público parte de los 40 mil pesos que le habían ofrecido, junto con un viaje a Los Cabos, Baja California Sur, con todos los gastos pagados.

Las autoridades incluso presentaron ante la instancia judicial la grabación de la plática que sostuvieron Armando Azocar y Sergio Dorantes con el funcionario de la Oficialía Mayor, en la que le piden robar documentación y sustraer ilegalmente artículos de empresas competidoras, para lograr la descalificación de la competencia y que Unicornio obtuviera el contrato para la compraventa de equipo de seguridad, que ascendía a más de 700 mil pesos, según consta en la causa 221/2002.

Sin antecedentes en la administración capitalina, las acciones penales emprendidas en contra de empresas, sin embargo no han desalentado las pretensiones de firmas como Grupo Industrial Pachuca, que en la más reciente licitación para la adquisición de botas de trabajo, realizada hace dos semanas, intentó nuevamente competir por el contrato de compraventa.

Cabe recordar que el Grupo Industrial Pachuca fue inhabilitado por dos años por la Contraloría General del gobierno capitalino luego de incurrir en irregularidades en el contrato de compraventa de botas para la Comisión de Recursos Naturales, al entregar artículos de menor calidad y con precios por encima de los del mercado.

No obstante, la inhabilitación sólo fue por seis meses, que concluyeron en agosto pasado, dado que la ley de adquisiciones, antes de las reformas de julio pasado, hacían correr el plazo de la sanción a partir de la fecha en que la autoridad conocía del hecho y no luego de emitido el fallo de la Contraloría, ya realizada la investigación, como ocurre actualmente.

Según autoridades de la Oficialía Mayor que han concentrado en la Dirección General de Adquisiciones todas las operaciones de compraventa del gobierno capitalino para evitar la corrupción, Grupo Industrial Pachuca cuenta con cuatro filiales más, que también participaban en los procesos de licitación, bajo diferente razón social.

La experiencia con Grupo Industrial Pachuca obligó a las autoridades a realizar cambios en la legislación para impedir que participaran en las licitaciones no sólo las empresas inhabilitadas previamente, sino filiales y firmas en las que en su consejo de administración estuviera algún miembro que a su vez formara parte de una empresa ya sancionada.