Inválido, argumento de que, por ignorante, la población no debe ser convocada: Alvarado Ruiz

En México, el menor nivel de participación de AL

RENATO DAVALOS

En naciones como Suiza, una persona de 40 años ha concurrido en su vida a más de mil consultas para decidir asuntos públicos, mientras que en México la cifra apenas llega a ocho, inferior a las 14 que se promedian en América Latina. Frente a ese contraste participativo, es inválido y conservador el argumento de que la población "es ignorante" y que por ello no debe ser convocada a este tipo de sondeos, planteó Ernesto Alvarado Ruiz.

Secretario técnico en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados en la 56 Legislatura, Alvarado Ruiz refirió que la ausencia de figuras como el plebiscito, más apuntada para las decisiones del Ejecutivo, y la del referéndum, vinculado principalmente a las determinaciones del Legislativo, limita el curso de la democracia. Hay condiciones para la violencia que se gestan por la ausencia de participación ciudadana, indicó.

También ex director de Participación Ciudadana en el Gobierno capitalino, de 1997 a 2000, Alvarado admitió que, ciertamente, no pueden consultarse todos los asuntos, pero señaló que es inadmisible que cuando aún no se termina de resentir los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya se pretenda firmar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Por ejemplo, añadió, de continuar la actual tendencia en la composición del gasto, lo único que se garantiza es el conflicto. Cada vez hay más caminos beligerantes, como dejar sin apoyo al campo, mientras se profundiza la dependencia alimentaria del país. Lo único que se vislumbra es una oscuridad de supervivencia de amplios sectores.

Por ello, argumentó, resulta fundamental replantear las formas de participación ciudadana sobre asuntos que atañen directamente en el presente y en el futuro. Después de la Consulta sobre Prioridades Nacionales, este 19 y 20 de noviembre, los resultados tienen que convertirse más en un medio que en un fin. Se trata de articular a los sectores sociales que hoy están dispersos y que no han podido participar en las grandes decisiones.

En el futuro democrático de México es fundamental que cuando haya un proceso electoral, el sufragio sea producto de una información suficiente a la que tenga acceso la sociedad y que no se vea influenciada de manera determinante por la mercadotecnia.

Alvarado Ruiz hizo referencia a los niveles de participación ciudadana en las escasas consultas que se han realizado en México en el pasado inmediato. Cuando se preguntó en torno al Fobaproa concurrieron a las urnas poco más de 2 millones de personas, y en el sondeo sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional la cifra llegó a 1 millón 88 mil. En general, dijo, hay muy pocos avances jurídicos en el país sobre las formas de participación ciudadana, reprochó.

Sin embargo, refirió que hoy nos encontramos ante posturas profundamente conservadoras, como la de Diego Fernández de Cevallos, quien se opone a las consultas porque la ciudadanía "es ignorante" y no puede ser interrogada sobre cualquier tema. Por ello, el sondeo pretende constituirse en una instancia revisora del concepto original de soberanía, para instaurar esas fórmulas de participación cuando se trate de decisiones que atañen a la sociedad, señaló.

Queremos superar las posturas demagógicas, como la consulta que se hizo en torno al Plan Nacional de Desarrollo en este gobierno foxista. En los regímenes priístas había el antecedente de "foros de participación" para intentar legitimar el plan, pero ahora todo se hizo por Internet. Lo que se busca es que la ciudadanía opine sobre las fórmulas con que hoy se diseñan las prioridades nacionales.

Las preguntas sobre si se desea que se inviertan esas prioridades en el presupuesto, por ejemplo, pueden parecer obvias, pero lo cierto es que hoy no son una realidad en el gasto federal. El gobierno declara al campo como una prioridad, pero le asigna el presupuesto más bajo de la historia reciente.

Hoy, sintetizó, el Congreso es el principal interlocutor, porque es ahí donde las decisiones políticas tienen que traducirse en modificaciones legales. Cuando los sectores se organizan y exigen pueden remontarse la omisión, la negligencia y la incapacidad, como la que ha mostrado Hacienda para ofrecer la información que le han requerido los gobernadores.