Si se acepta la sugerencia se tendrían
que repetir las elecciones
Recomiendan anular comicios internos del PRD en 8 estados
Realizarán auditoría a los gastos
del proceso de selección de marzo
ENRIQUE MENDEZ Y RENATO DAVALOS
La Comisión de Legalidad del PRD recomendó
anular las elecciones internas del partido en ocho estados -lo que constituye
casi 30 por ciento de la votación nacional del 17 de marzo pasado-,
por lo que si la Comisión de Garantías y Vigilancia revoca
esos resultados, tendría que convocarse de nueva cuenta a comicios.
De acuerdo a los estatutos del partido, un proceso se anula con 20 por
ciento de irregularidades.
La noche del viernes, y después de casi cinco horas
de un áspero debate, el Consejo Nacional del partido conoció
-aunque sin definir aún una posición de aprobación
o rechazo- el informe de la Comisión de Legalidad, que ventiló
las irregularidades del proceso electoral, y en el que se propone convocar
a un nuevo congreso en octubre del próximo año para modificar
los estatutos y evitar "los resultados caóticos" que provocó
decidir una sola fecha para ocho procesos internos simultáneos.
Se aprobó realizar una auditoría sobre los
gastos que implicó la elección, específicamente porque
para la impresión del material electoral se destinaron 20 millones
de pesos, pero que no fueron ejercidos directamente por el Servicio Electoral
Nacional. El expediente -que revela infiltraciones de gobernadores priístas
en el proceso- se turnó a la Comisión de Garantías,
que también decidirá si proceden las sanciones a unos 200
militantes que incurrieron en actos ilícitos el 17 de marzo.
En el contenido del informe final de la comisión,
que consta de 69 páginas más un anexo que completa casi mil
fojas, se resalta que en las diligencias de ese órgano se citó
a comparecer a la ex presidenta nacional, Amalia García Medina -ausente
en el consejo extraordinario del viernes- y a Arnoldo Vizcaíno,
ex presidente del Servicio Electoral Nacional, así como a los representantes
de las planillas en competencia. El testimonio de todos está grabado
y quedó impreso en versiones estenográficas de cada uno.
El desahogo de las quejas durante cuatro meses entrañó
que para el Distrito Federal se integraran 21 expedientes -en dos sesiones
distintas-; en el caso del estado de México, 26; Tamaulipas, Jalisco,
Puebla, Zacatecas y Nuevo León, 23; Chiapas, Campeche, Oaxaca, Durango,
Baja California y Aguascalientes, 22; Veracruz, San Luis, Michoacán,
Guanajuato, Morelos, Coahuila, Yucatán, Guerrero, Sonora y Chihuahua,
19.
En otra sesión, comparecieron los integrantes del
Servicio Electoral, la Comisión Nacional de Garantías, el
estado de México y San Luis, a quienes se integraron 15 expedientes
más.
La última comparecencia fue el 12 de octubre, en
la que estuvieron nuevamente el Servicio Electoral, así como la
Oficialía Mayor, que según el informe concentró el
manejo de la papelería electoral, aun cuando esta era función
del servicio electoral.
La discusión se prolongó por casi cinco
horas y el punto más tenso ocurrió porque la comisión
comparó las prácticas electorales del perredismo con las
que aplicó, en su momento, Carlos Salinas de Gortari, el principal
antagonista del partido.
El informe señala que en la elección se
cometieron "actos arbitrarios de autoridad, conductas violatorias recurrentes
y una incapacidad manifiesta, involuntaria y voluntaria, del órgano
encargado del control de la legalidad... la imitación de la legislación
electoral de Carlos Salinas y su aplicación, diseñada para
defraudar el sufragio, también fue causa mayor de los problemas
normativos y jurisdiccionales encontrados" en la revisión del proceso.
Otra mención al salinismo, al final del documento,
también calentó los ánimos. Y es que para evitar que
se repitan las mismas prácticas, la comisión que preside
Samuel del Villar y que integran también Teresa Juárez, Rubén
Rocha y Miguel Angel García Domínguez, sugirió:
"El desarrollo democrático del partido no puede
admitir el principio de la ilegitimidad de la autoridad sustentada en la
defraudación y que ahora se comprueba que plagó el proceso
electoral interno, en términos del congreso nacional, al ordenar
su investigación y remedio. Toca a este Consejo Nacional impedir
que el Partido de la Revolución Democrática llegue a navegar
en el lodo de la ilegitimidad en el que naufragó el régimen
fraudulento y usurpador de Carlos Salinas".
La corriente conocida como de los chuchos -que
encabeza el senador Jesús Ortega Martínez, quien contendió
por la directiva del partido- reaccionó a esos párrafos de
la comisión y objetó que hubiesen sido redactados en esos
términos.
Al inicio del consejo nacional extraordinario -que comenzó
la noche del viernes- se habían inscrito 60 oradores para debatir
el reporte. Los consejeros acordaron el orden del debate y mediante un
sorteo se decidió que sólo subieran a la tribuna 12 de ellos.
Parte fundamental del informe de la comisión consiste
en detallar que los perredistas pasaron de ser compañeros a tratarse
como "enemigos" y que incluso los funcionarios con algún cargo en
el partido se lanzaron "por los despojos del poder" perredista. La elección,
ilustra, se llevó "a navaja libre".
En una parte del documento se argumenta que la "fragilidad
de los valores y la ausencia de solidaridad democrática" abrió
la puerta para que "gobernadores priístas y caciques locales autoritarios
y corruptos" se infiltraran en la elección y utilizaran a algunos
militantes y el propio emblema partidista "para encubrirse y condicionarnos
a la marginalidad y la inanición; aniquilaron el desarrollo de la
democracia en la localidad".
Hacia el final de los debates, los chuchos lograron,
mediante una votación mayoritaria, borrar sólo un párrafo
del informe en el que se hacía un reconocimiento a la tarea desplegada
por la Comisión de Legalidad. Se repitieron los argumentos de que
no podía hacerse explícita la congratulación del consejo
a la comisión por los adjetivos y comparaciones con el salinismo.
