Críticas de perredistas

Indagarán uso de recursos públicos en acto de Barrales

ELIA BALTAZAR, GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS SAMANIEGO

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió ayer a investigar el uso de camiones, presuntamente de la administración capitalina, durante el acto de precampaña de la diputada federal perredista Alejandra Barrales, aunque adelantó que los primeros informes en su poder advierten que esas unidades son de propiedad particular.

Al referirse a ese asunto, líderes y diputados del PRD cuestionaron el hecho, pidieron la inmediata intervención de los órganos correspondientes e incluso hubo quienes exigieron la renuncia de aquellos miembros de su dirigencia que están en la idea de apoyar a precandidatos; mientras, diputados priístas aseguraron que el martes presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por peculado; los panistas exigieron esclarecer ese supuesto apoyo oficial, pues de ser así se viola el Código Penal del Distrito Federal.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que su administración cuenta con las facturas y documentos que demuestran que los vehículos utilizados en el acto del PRD habían sido vendidos con anterioridad, aunque destacó la necesidad de investigar para conocer las razones por las cuales los camiones aún mostraban el logotipo del gobierno capitalino o si éste fue colocado para algún fin.

Esta situación, dijo, es ya una irregularidad, por lo que se comprometió a dar vista a la Contraloría General para que investigue el asunto y actúe en consecuencia, pues "no vamos a permitir que se utilicen bienes del gobierno local para favorecer a algún partido".

Advirtió que no habrá tolerancia en estos casos y que cualquier funcionario público que incurra en una irregularidad de este tipo se irá del gobierno, sea quien sea, porque "nosotros no podemos hacer lo que se hacía antes, cuando se utilizaban recursos del gobierno para favorecer a un partido, incluido el PRD, sus candidatos y precandidatos".

En el PRD tampoco las reacciones se hicieron esperar y, aunque con sus matices, dirigentes y diputados locales coincidieron en la necesidad de que la dirigencia capitalina o la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia investigue los hechos que se dieron durante el acto de precampaña y, de comprobarse alguna anomalía, se apliquen las sanciones correspondientes. Incluso, el diputado del PRI Arturo Barajas dijo que el martes presentará una denuncia por peculado ante la Procuraduría capitalina.

Víctor Hugo Círigo, dirigente del PRD-DF, puntualizó que desde su nacimiento el partido siempre ha combatido la utilización de recursos públicos para actividades distintas a las que marca la ley, por lo que ahora que son gobierno "no convalidaremos ninguna desviación de los recursos que son para el bienestar de los capitalinos".

Dijo que a pesar de que se alegó que lo de los camiones del GDF no era responsabilidad de los organizadores ni de la precandidata Alejandra Barrales, sí se pronunció por investigar el asunto y fincar las responsabilidades a las que haya lugar contra quien sea, y a nombre del Comité Ejecutivo Estatal hizo un llamado a los perredistas a conducir las precampañas con apego a los principios del partido.

En el mismo tenor, la diputada Ruth Zavaleta, también aspirante a jefa delegacional en Venustiano Carranza, dijo que el partido debe actuar en este caso aunque no haya denuncia de por medio, si bien adelantó que presentará una inconformidad ante lo suscitado en el citado acto proselitista.

Por su parte, integrantes de diversas corrientes políticas del PRD pidieron no sólo aclarar ese asunto, sino que exigieron a los líderes perredistas que si van a apoyar a algún candidato o precandidato es mejor que renuncien a su cargo, pues como tales deben conducirse con imparcialidad.

Armando Quintero Martínez, del grupo IDEA, a nombre de una docena de organizaciones perredistas leyó un posicionamiento en el que hacen un exhorto a todas las instancias locales del partido a evitar que se utilicen recursos públicos o partidistas para favorecer a alguno de los aspirantes que buscarán un puesto de elección popular en 2003.