Revoca juez auto de libertad por lavado de dinero
Ordenan la aprehensión de ex directivos de IPAB y Bancomext
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El segundo tribunal unitario determinó que Eugenio González Sierra, ex director jurídico adjunto del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), y León Alberto Schietekat Ballesteros, director de inversiones institucionales de Bancomext, deben ser enjuiciados por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilegal (lavado de dinero).
La decisión se toma 10 meses después de que ambos fueran acusados de sobornar a funcionarios del Grupo Financiero GBM-Atlántico y puestos en libertad bajo fianza, luego de que un secretario de acuerdos en funciones de juez de primera instancia considerara que no debían ser enjuciados por delitos graves.
Por la noche, el juzgado tercero de distrito libró la nueva orden de aprehensión contra Schietekat Ballesteros y González Sierra, y elementos de la Agencia Federal de Investigación iniciaron su búsqueda para detenerlos y ponerlos a disposición del juez.
Esta vez no tendrán derecho a la libertad caucional, pues lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito son delitos tipificados como graves.
En una decisión calificada de "increíble" por la defensa de los ex funcionarios, el tribunal revocó el auto de libertad dictado por el juzgado tercero de distrito por lo que hace a los delitos graves, y ratificó el auto de formal prisión por abuso de autoridad, uso indebido de información sobre clientes y operaciones del sistema bancario, así como tráfico de influencias.
Transferencia ilegal a Europa
Schietekat Ballesteros y González Sierra fueron detenidos por agentes de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada en diciembre de 2001, luego de documentar que ambos transfirieron de manera ilegal más de un millón de dólares -obtenidos mediante chantajes a distintas instituciones crediticias para que parte de sus carteras vencidas fueran ingresadas al IPAB- al principado de Andorra y a otras partes de Europa.
La investigación se inició desde mayo de 2001, cuando "el Grupo Financiero GBM Atlántico, por conducto de su representante, Diego José Ramos González de Castilla, presentó la denuncia, al sentirse víctima de una posible extorsión y cohecho" por parte de ambos directivos.
