Carlos Marichal
ƑCómo salvar el presupuesto social?
irtualmente en todos los comunicados de los partidos políticos y del propio gobierno se afirma que la prioridad del presupuesto debe consistir en asegurar que el gasto social vaya en aumento. Sin embargo, debido al bajo nivel de ingresos fiscales, la Secretaría de Hacienda ha presentado al Congreso de la Unión un proyecto de presupuesto austero, con reducciones en las inversiones en salud, así como en los fondos dedicados a programas para el campo, al Instituto Nacional Indigenista y a Liconsa, entre muchos otros. Es cierto que tanto para la seguridad social como la educación se proponen aumentos discretos, pero no corresponden con las demandas de una población que todavía tiene altas tasas de crecimiento, ni responden a las necesidades de los sectores más necesitados.
ƑCómo pueden cubrirse estas demandas? Los funcionarios de Hacienda contestan de manera simple que existe escasez de recursos. Nadie pone en duda que el gobierno ha sido incapaz de aumentar la recaudación, en especial del ISR, desde hace décadas, a pesar del aumento notorio en los ingresos de los sectores más adinerados de la sociedad que siguen sin pagar lo que les corresponde al Estado. Pero el problema es más grave y complejo, pues conviene enfatizar que desde hace más de 20 años la prioridad de gastos del gobierno no ha consistido en cubrir las amplias necesidades sociales, sino en pagar deudas financieras. Es decir, Hacienda ha demostrado que cumple con las demandas de la banca y de los inversores nacionales e internacionales, pero no siente la misma obligación con la masa de la población mexicana.
Es claro que el gobierno mexicano ha cumplido religiosamente con todas sus obligaciones financieras internacionales. Desde 1983 virtualmente todos los recursos petroleros se han destinado al pago de la deuda externa. Ello ha representado una transferencia de recursos fiscales del pueblo mexicano a la banca internacional por el orden de 300 mil millones de dólares sobre una deuda que originalmente no superaba 80 mil millones. El sacrificio que ello ha representado para la república ha sido extraordinario, si se mide en número potencial de escuelas, hospitales, carreteras, plantas eléctricas y salarios que se han dejado de pagar a lo largo de dos décadas. Sin duda hay una satisfacción importante: el buen nombre del crédito de México se ha sostenido en los mercados financieros internacionales. Pero no debe olvidarse nunca que este beneficio ha sido efectuado a costa de una enorme deuda social.
Más grave aún es el sacrificio que se ha obligado a los contribuyentes a cubrir en el caso del servicio de los títulos en poder del IPAB, que ya superan la deuda externa consolidada. Y ello a pesar de que, como es bien sabido, parte de estos créditos son ilegítimos. Desde hace siete años el gobierno ha cumplido con el pago de los altísimos intereses de los pagarés a la banca comercial, lo que ha significado otra enorme sangría de recursos fiscales del pueblo mexicano. En este sentido, es patente que Hacienda miente cuando dice que los recursos son escasos. Ningún otro país en Latinoamérica ha pagado tanto en el servicio de deudas públicas como México en los últimos dos decenios.
El crédito del gobierno ha sido sólidamente establecido. Precisamente por ello, la solución más adecuada en el momento actual consiste en plantear la posibilidad de conversiones de la deuda pública a tasas de interés más bajas. Para comenzar, si se redujeran las tasas de interés sobre los pagarés del IPAB el gobierno podría ahorrar lo suficiente para cubrir gran cantidad de gastos sociales indispensables para la salud y bienestar de millones de ciudadanos. Claro está, ello implicaría que la banca aceptara una propuesta social y financieramente responsable. Pero su aceptación dependería de que el Ejecutivo y el Legislativo tuviesen el valor de plantearlo.
Los banqueros no pueden quejarse: se les ha rescatado con creces y ahora simplemente esperan seguir recibiendo subsidios del Estado de manera indefinida. Sin embargo, los títulos que sustentan sus pagarés ya no tienen el mismo valor en el mercado que antes. En otras palabras, los contribuyentes están pagando mucho más en intereses de lo que realmente valen esos pagarés. Esto es una estafa y los banqueros lo saben y los funcionarios de Hacienda también. Falta que los legisladores tomen en cuenta estas realidades encubiertas del mercado y adopten las medidas necesarias para que no se sigan escamoteando los recursos que debieran estar disponibles para el gasto social.
