ASTILLERO
Julio Hernández López
Periodismo de nota roja
Citatorios judiciales sólo a reporteros respetables
Ex jefe de Interpol encabeza compra de Excélsior
Unomásuno, el arte de golpear para negociar
LA FUENTE POLICIACA se ha convertido en los años recientes en punto de referencia para entender buena parte de lo que sucede en la política nacional. Los crímenes políticos, nunca convincentemente aclarados, y los casos frecuentes de alta corrupción han hecho que entre los pliegues en apariencia menores de la nota roja de los medios puedan encontrarse las claves de muchos de los más importantes conflictos del poder público.
NUNCA ANTES, sin embargo, el gobierno federal había establecido la política de sujetar a periodistas a requerimientos judiciales relacionados con la información que publican. Razones, desde luego, no faltarían para llevar a determinados reporteros, columnistas, directivos y propietarios de medios de comunicación a las instancias judiciales para que respondieran por sus conductas regidas por el chantaje, la calumnia y la difamación. Enredados por conveniencia en la bandera de la libertad de expresión (a la que de inmediato dan por agraviada en cuanto se les toca ligeramente en sus inmoralidades), esos editores, opinadores, conductores de programas de radio y de televisión, o directivos o accionistas, no han visto que la presunta transición democrática, o el supuesto cambio político, les haya significado reducción notable de fueros y negocios ilegítimos.
EL GOBIERNO DE Vicente Fox ha querido poner el acento represivo, en cambio, en la presunta responsabilidad o participación de periodistas en la difusión de hechos de corrupción oficial a partir de documentos que ese gobierno querría mantener en reserva y cuyo aireamiento periodístico estima delictivo. Hasta ahora, pues, los periodistas que han debido sujetarse a procesos judiciales no son quienes chantajean en busca de dinero untado en la mano o dado a ganar mediante negocios presuntamente lícitos (concesiones, permisos y contratos, por ejemplo); tampoco son aquellos que usan sus espacios para agredir tanto con la falsedad de sus contenidos como con la mala calidad de su prosa. No. Quienes han debido acudir ante jueces y agentes del Ministerio Público, quienes deben dejar de trabajar para cumplir con apercibimientos cuya desatención generaría multas o arresto, quienes deben hacerse acompañar de abogados han sido, hasta ahora, nada más aquellos reporteros honestos y cumplidos que han publicado reportajes o notas en las que dan cuenta de lo que el poder no quiere que se sepa. El mensaje no puede ser entendido de otra manera: a quienes medran con su oficio pero no afectan (aunque llegaran a molestar) intereses políticos de elite, se les concede el privilegio de la indiferencia; a quienes indagan, revelan e impactan con trabajos periodísticos serios, se les ata a la maquinaria judicial para que se distraigan y, lo peor, para que vaya instalándose la percepción del riesgo que implica el ejercicio periodístico legítimo y para que vaya generándose la autocensura en esos osados trabajadores de la tecla. Eso sí: la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien se dedicó en meses pasados a propalar especies luego no comprobadas respecto al caso del asesinado cardenal Posadas, ayer pretendió atemperar las preocupaciones de los periodistas al anunciar, como si fuera una noticia festejable, que la PGR está por expedir un reglamento para especificar cuándo un reportero podrá ser citado a declarar. La edición internética de El Universal aseguró, citando al noticiero de radio Fórmula 21, que la funcionaria había dicho que "a un reportero no se le podrá citar por el solo hecho de publicar una noticia o información, y que esto ocurrirá sólo cuando haya un presunto delito, que será marcado en el reglamento que ya está en proceso". šGracias, señora subprocuradora!)
PERO, MIENTRAS el periodismo incómodo de investigación es llevado a las salas judiciales, un ex jefe de la Interpol, Miguel Aldana Ibarra, ha aparecido como nuevo empresario de medios, al frente, según explica, de un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros que han ofrecido 550 millones de dólares por el diario Excélsior y sus valiosas propiedades inmobiliarias. Aldana (primo de Manuel Ibarra, quien fue director de la Policía Judicial Federal en el periodo clave para el florecimiento del narcotráfico en México, de 1982 a 1985, mismo lapso en que aquel estuvo a cargo de la Interpol) fue sometido en 1990 a juicio por presunciones de que había protegido a narcotraficantes. Absuelto de tales acusaciones en años recientes, ha encabezado una "Confederación Nacional de Seguridad y Justicia". En una obsequiosa entrevista que le realizó Ramón Casanova Díaz en la revista Viva, Aldana hizo un boceto de lo ingrata que suele resultar la carrera policiaca: "Me atrevo a decirlo en estas palabras: el policía es el héroe anónimo de este país, ya que pone todo, su vida, a cambio de miseria y desprestigio". Aldana trabajó 18 años en la Secretaría de Gobernación ("mi fuerte era investigaciones políticas y sociales", dijo en la entrevista citada), siete en la PGR, uno en la Procuraduría de Justicia del DF y uno en aduanas. Ahora ha cerrado trato por centenares de millones de dólares con los cooperativistas de Excélsior para quedarse con ese diario donde, por cierto, en tiempos de Arturo Durazo, el jefe de la sección de información policiaca, Víctor Payán, era al mismo tiempo jefe de prensa de la policía capitalina.
OTRO CASO LAMENTABLE de descomposición es el de Unomásuno, ejemplo que fue de diarismo crítico e independiente de este país hasta el momento en que los ánimos de apropiación accionaria de su director contrariaron el proyecto original y se produjo la salida de quienes luego fundarían La Jornada. Tambaleante, pignorado en apuestas políticas priístas, utilizado por algunos de sus directivos como medio chantajista de enriquecimiento personal, y saqueado patrimonialmente durante largos años, ese periódico ha sido vendido por la familia Alonso a Naim Libien Kaui, peculiar empresario editorial del estado de México que, según los trabajadores de Unomásuno que han sido echados de su fuente de trabajo, pretendía adiestrarlos en el arte de golpear funcionarios para que se fueran a arreglar económicamente con el nuevo dueño de ese medio agonizante.
šAH, EL PERIODISMO de nota roja, en un país donde el diario de mayor circulación (excluyendo al Esto) es La Prensa, que (según dijo Mario Vázquez Raña anteayer, en San Luis Potosí) vendió 525 mil ejemplares el día en que se supo la identidad del asesino de Tlalpan!
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