En el octavo Congreso Nacional sobre Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, inaugurado anteayer en Boca del Río, Veracruz, ha salido a relucir, una vez más, la enorme distancia que separa el discurso oficial de los problemas sociales más acuciantes del país. En el caso concreto de la epidemia del sida, las apreciaciones triunfalistas del secretario de Salud, Julio Frenk Mora, fueron desmentidas -en un tono exasperado- por representantes de organismos civiles de acción contra el VIH, promoción de los derechos reproductivos y defensa de los derechos humanos.

Ante el triunfalismo gubernamental -supuesta disponibilidad de antirretrovirales para 93 por ciento de los seropositivos y la pretendida capacidad pública para "incidir en la epidemia"-, diversos representantes de los sectores más afectados y de los grupos de trabajo independientes hicieron una descripción real y descarnada de los alcances de la epidemia y de los conflictos sociales asociados a ella: gran parte de los infectados carece de atención médica, y no se diga de suministro de medicinas; no existen acciones oficiales integrales y eficaces en materia de prevención y educación sexual; la discriminación de los seropositivos en hospitales y centros laborales es una realidad cotidiana lacerante, y el número de infectados -de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), como la sífilis- sigue en aumento.

Frente a este panorama aterrador y vergonzoso, el sector público se resiste a entender que el desafío planteado por la epidemia del sida requiere de una concepción integral, que se traduzca en estrategias educativas que generen cambios de actitud en las prácticas sexuales de la población, en reformas legales que sancionen la discriminación, el maltrato y la desatención médica a los seropositivos, en servicios de apoyo eficiente para los infectados y sus entornos cercanos, entre otras medidas.

El desfase entre las realidades del sida y las percepciones alegres del gobierno es uno de los más dramáticos ejemplos de la creciente incapacidad de las autoridades para ver y reconocer los problemas nacionales y, en consecuencia, de su imposibilidad para resolverlos. Otro caso terrible de esta falta de percepción es la inminente apertura del mercado agrícola, la cual causará una catástrofe económica, social, demográfica y acaso también política, y la indolencia oficial ante lo que se viene.

Más allá de esos dos casos de insensibilidad, arrogancia y autocomplacencia, es claro que a la presente administración le urge abrir los ojos y los oídos y enterarse de lo que realmente ocurre en el país, más allá de las oficinas y los despachos de las secretarías de Estado.