Las negociaciones de la Ley de Ingresos, punto focal

Aprobación "en cascada" de reformas por la presión de definir el presupuesto

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

En el último tramo del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el pleno trabajo al máximo y ayer aprobó reformas a la Ley de Derechos, Ley Aduanera y Ley de Ahorro y Crédito Popular. Con el tiempo encima porque la negociación de la Ley de Ingresos ocupa gran parte del quehacer de los legisladores que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la asamblea conoció dos importantes iniciativas en primera lectura. Una de ellas se refiere a la reformas del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con objeto de castigar los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y turismo sexual.

La segunda iniciativa presentada ante el pleno fue el proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuya redacción se generó en las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos.

En el transcurso de la sesión, 441 diputados aprobaron en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, que otorgará seguridad jurídica a los contribuyentes y promoverá el fortalecimiento financiero de distintos organismos federales.

De los contenidos del dictamen destaca que la recaudación registra el concepto de "derechos distintos" a los provenientes de hidrocarburos, y de acuerdo con la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación de 2003 se esperan obtener 13 mil 856 millones de pesos. De ese monto, 54 por ciento se deriva del uso y aprovechamiento de bienes de dominio público y el resto por servicios que presta el Estado en función de derechos públicos.

El documento incluye una propuesta en materia de aguas nacionales para que los contribuyentes que cuenten con varios aprovechamientos en sus instalaciones presenten una sola declaración y con ello se simplifique el cumplimiento de obligaciones fiscales. Con el fin de elevar la cultura de uso racional del líquido, se consideró procedente cobrar únicamente el agua que exceda los volúmenes autorizados y, en atención al sector al que va orientada la política de racionalización, se propone comenzar por cobrar 10 centavos en lugar de un peso, como proponía el Ejecutivo federal.

También se exenta del pago de derechos generados por servicios migratorios a las personas con calidad migratoria de refugiados, así como a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero que así lo acrediten. Otro de los cambios propuestos se refiere al pago de derechos realizado por los extranjeros que visitan el país y que no utilizan la frontera terrestre, el cual aumenta de 195 pesos a 210. Los recursos se repartirán de la siguiente forma: 46.5 por ciento al Fondo de Turismo, un porcentaje similar al Instituto Nacional de Migración y 7 por ciento por ciento a la Secretaría de Medio Ambiente.

En otro momento de la sesión, 432 legisladores aprobaron la Ley Aduanera, que pretende fortalecer la seguridad nacional, mejorar el control en las aduanas, apoyar a la competencia en el mercado de bienes, alcanzar mayores niveles de certeza jurídica y la simplificación administrativa.

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público turnado al Senado de la República establece la creación de un nuevo régimen aduanero que se desarrolle dentro de zonas cuyas características permitan considerarlas "recintos fiscalizados estratégicos", sin detrimento del control de la autoridad aduanera. Considera pertinente continuar la modernización y promover la inversión en proyectos que otorguen ventajas competitivas al país.

Prevé la obligación de las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que prestan el servicio internacional de transporte de pasajeros de efectuar la transmisión electrónica de los datos de los pasajeros y tripulación a las autoridades aduaneras, antes de que el medio de transporte arribe a territorio nacional.

Se establece también que para el control de las operaciones de comercio exterior los recintos fiscalizados deberán contar con equipos de circuito cerrado de video, lo que permitirá la vigilancia efectiva de las mercancías que almacenan; se faculta a la Secretaría de Hacienda a practicar el embargo precautorio cuando las personas, al entrar o salir del país, omitan declarar a las autoridades aduaneras las cantidades en efectivo u otro medio de pago superior a 10 mil dólares.

Por unanimidad, 423 diputados aprobaron el dictamen de reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para impedir operaciones de carácter fraudulento "que han afectado en su patrimonio a personas de escasos recursos". También se amplía el plazo para someter a todas las sociedades a la regulación legal.

La iniciativa aprobada corrige la diversidad de figuras y ordenamientos jurídicos y autoriza la operación de dos tipos de sociedades: la cooperativa de ahorro y préstamo, y la financiera popular bajo la figura de sociedad anónima.

Cada una de las cajas de ahorro existentes tendrá la obligación de transformarse en alguna de las dos posibilidades señaladas. En consecuencia, tendrán que obtener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.