Insisten defensores de derechos en una comisión de la verdad

Simulación en la fiscalía sobre guerra sucia: ONG

Los familiares de desaparecidos se niegan a la reparación del daño porque quieren justicia, dicen representantes del organismo

ALMA E. MUÑOZ

Organismos no gubernamentales del país y del extranjero cuestionaron la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, por considerarla una "simulación", y pidieron cuentas sobre sus acciones para contrarrestar esa imagen.

En su defensa, representantes del fiscal Ignacio Carrillo Prieto consideraron como "negativa de los afectados a la reparación del daño, porque quieren justicia", su falta de participación en las diligencias. No obstante, precisaron que será el Estado el que asuma la responsabilidad de cumplir las resoluciones que deriven de los procesos penales -catalogados como atemporales- relativos a las indemnizaciones por daños y perjuicios.

Para los defensores de derechos humanos, la figura no representa garantía para cumplir las exigencias de los afectados por la guerra sucia, como lo haría la instalación de una comisión de la verdad, con carácter civil, como próximamente se conformará en Michoacán.

Los encuentros se dieron en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), durante el segundo día de trabajo de las jornadas denominadas Mecanismos internacionales para enfrentar violaciones a los derechos humanos. Louis Bickford, del Centro Internacional por la Justicia Transicional, consideró como "un experimento muy interesante la creación de la fiscalía, pero que parece no estar funcionando, aunque se espera que contribuya mucho a saber cómo se enfrenta el pasado en el país".

Pablo de Greiff, del mismo centro, sugirió que en lugar de pensar en reparaciones económicas de daño -para no repetir la experiencia de Perú, donde resulta imposible indemnizar con 150 mil dólares a cada uno de los 40 mil afectados de violación a derechos humanos, por ser equivalente a dos tercios (6 mil millones de dólares) del presupuesto anual nacional (9 mil millones)- se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los afectados. Es decir, reconocer a los individuos como tales y no estar tentados, como todo gobierno, a ligar la reparación con distribución de bienes primarios.

El padre Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió a las autoridades muestras de voluntad política de que efectivamente quieren esclarecer los casos del 68, la guerra sucia de los 70 y la desaparición y los asesinatos de maestros, o se caerá en la cuenta de que todo es una "simulación".

Necesitamos señales, sostuvo, porque es "sumamente inaceptable que el propio presidente Vicente Fox Quesada, sin ser autoridad judicial, decrete que no pueden ser llamados a declarar los presuntos responsables, porque sus delitos prescribieron".

Los procesos, al amparo de la justicia militar

A esta posición se sumó Enrique González Ruiz, abogado de la Asociación de Familiares, Detenidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, quien informó sobre la creación de la comisión de la verdad en Michoacán. "No encuentro acciones verdaderamente intencionadas de parte del gobierno para llegar a la verdad, la justicia y la reparación del daño porque, en principio, no creó una instancia ciudadana, desligada de los intereses gubernamentales, y se insiste en construir los procesos al amparo de la justicia militar".

Da la impresión, sostuvo, de que se busca resolver por la vía del cansancio y se espera que mueran uno a uno los principales responsables -como Alfonso Martínez Domínguez. El asunto no pinta... hablamos de la continuación de la impunidad.

Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidió cuentas a Román Sánchez y José Manuel Ruiz, representantes del fiscal Carrillo Prieto, principalmente cuando "no se generan procesos para la participación ciudadana". Y alertó sobre los riesgos de acabar como una "institución aplastada" por los peligros que entrañan los procesos históricos que sigue, además de aceptar cada vez más casos, sin tener garantías sobre su actuación.

Secundaron su opinión Alejandro Delint, de la CDHDF, y Silvia Aguilera, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien además apeló a la aplicación de los principios emergentes del derecho internacional, sobre todo cuando en el país "no hay institución jurídica que proteja a las víctimas".

Al inicio de su réplica, Román Sánchez aceptó esta última carencia y descartó que haya posibilidad económica para reparar daños, tan sólo en Michoacán o Guerrero, al tiempo de asumir que, como ocurre en Perú, "son más importantes las víctimas que los mismos responsables de los hechos".

Consideró que sólo tendrán resultados si cumplen con su objetivo central: "desmantelar el aparato de corrupción del país", responsable de los hechos del 68, los 70 y los 80, sobre todo cuando persiste impunidad, vinculada a la resistencia de estructuras del poder a conocer la verdad histórica.

Juan Manuel Ruiz, director jurídico de la fiscalía, manifestó que no obstante la negativa de los afectados para participar en las diligencias, ya se encuentran inmersos en el análisis de una reparación justa y administrativa para las víctimas.