El estado de derecho, una quimera, mientras no se brinde información a ciudadanos: ministra
A principios de 2003 el Poder Judicial aplicará la ley federal de transparencia
CAROLINA GOMEZ MENA
"Sin la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la información, el estado de derecho seguirá siendo, como lo es hasta hoy, una aspiración permanente", aseguró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, quien puntualizó que "no podemos permitir" que ésta "sea cada vez más ajena, remota y quimérica".
Al participar en el seminario Acceso a la información pública del Poder Judicial, una visión comparativa, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ministra adelantó que a principios del próximo año el Poder Judicial de la Federación estará en condiciones de comenzar a cumplir lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual fue publicada el 11 de junio de 2002 y tiene como fecha límite para su total aplicación el plazo de un año.
Subrayó que sólo existe "un problema real y práctico", esto es, que cada año el Poder Judicial de la Federación emite en su totalidad poco más de medio millón de sentencias, lo cual podría dificultar la difusión de la información.
Acompañada de la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, Colombia; del magistrado Román Solís, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y de Diego Valadez, Sánchez Cordero señaló que en el caso de la SCJN ésta establecerá acuerdos generales de reglamentación, los cuales serán aprobados por el tribunal en pleno, a fin de cumplir con precisión lo que establece la ley.
Detalló que todo lo relativo al manejo administrativo podrá difundirse, pero precisó que en lo referente a los asuntos jurídicos no deberá perderse de vista el secreto judicial, por lo cual sólo podrían revelarse los contenidos de las sentencias que hayan causado ejecución, pero no los de averiguaciones en curso, ya que cualquier revelación de su contenido podría afectar el proceso.
Remarcó que aunque debe haber absoluta transparencia en lo administrativo y también en lo jurídico, debe tomarse en cuenta la "privacidad".
Resaltó que un Estado que no define sus leyes y los derechos de los ciudadanos es una institución que "navega con bandera de defensor, pero que en los hechos no es más que un Estado autoritario", por lo cual consideró que es fundamental encontrar en el sistema jurídico el camino de la regulación de los derechos, ya que éste es "sin duda uno de los mayores retos de nuestro estado de derecho".
Al plantear que "la información es poder", Olga Sánchez Cordero recordó que hasta hace algunas décadas el acceso a la información fue uno de los derechos menos protegidos, y agregó que "bajo la fachada de formas democráticas se ocultaron estructuras sociales, políticas y jurídicas totalmente opuestas a la democracia".
Dijo que la expedición de la ley federal de transparencia es un asunto que compete a todos los mexicanos, pero en particular a quienes tienen la responsabilidad de juzgar y consideró que su total entrada en vigor contribuirá a "favorecer una cultura de la verdad, contraria a la maquinación y el encubrimiento de la información".