Sin documentación, $78 millones del presupuesto de 2000
Procederán contra dos ex funcionarios de la ALDF
El tesorero César Cordero y el oficial mayor Alejandro Hernández, de la legislatura pasada, los implicados
RAUL LLANOS SAMANIEGO
La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del DF procederá contra el tesorero César Cordero y el oficial mayor Alejandro Hernández, durante la pasada legislatura de mayoría perredista, debido a que no dejaron ninguna documentación que justifique 78 millones de pesos de gasto presupuestal ejercido en 2000 por la ALDF.
En reunión que sostuvieron los integrantes del Organo Superior de Dirección de la CMH, Carlos Sierra, María de la Luz Mijangos y Carlos Nava, con la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa, los diputados del PAN fustigaron la actitud que ha mostrado el contralor interno, Guillermo Orantes, quien se ha mostrado "pasivo" ante esa irregularidad.
De acuerdo con Carlos Sierra, presidente de la CMH, en reiteradas ocasiones se le han enviado oficios al contralor interno de la ALDF para que presente la documentación correspondiente al periodo enero-septiembre de 2000 -cuando la ALDF estuvo presidida por Martí Batres-; sin embargo no ha habido respuesta, por lo que se le puso un límite, el cual venció la semana pasada.
Durante el encuentro de ayer, Sierra dijo a los diputados que "este asunto es delicado, por lo que hemos dado todos los tiempos (a la Contraloría Interna) para que nos dé la información que se requiere" y así auditar el gasto de la ALDF durante 2000, por lo que se le fijó un plazo que ya venció.
Dijo que el jueves próximo habrá de presentar un dictamen ante el Organo Superior de Dirección para que se tomen las medidas que correspondan contra los dos ex servidores públicos quienes, a decir de algunos legisladores, podrían ser inhabilitados para ocupar puestos públicos.
De hecho, el contador Sierra expresó que el contralor Orantes ha argumentado que esta instancia no tiene facultades para aplicar sanciones, pero que se ha analizado la normatividad en la materia y la situación es contraria.
Federico Doring, del PAN, dijo que es necesario que en enero se llame a cuentas al titular de la Contraloría Interna para que explique esta situación, pues es inexplicable que falten 78 millones de pesos y no se haya hecho nada. Incluso, comentó que ello podría evidenciar algún caso de connivencia, un intento para que prescriba el delito que pudiera haberse cometido.
Esta apreciación fue rechazada por el priísta Marco Antonio Michel Díaz, quien dijo que si hay alguna presunción de connivencia habría que preguntar eso a la Comisión de Gobierno e incluso a quien la preside actualmente, que es Patricia Garduño, del PAN. Añadió que, de hecho, el tema fue abordado por los coordinadores parlamentarios, quienes saben que se ha solicitado la información correspondiente a Martí Batres y al ex tesorero, pero que "han ignorado, olímpicamente, el llamado para que entreguen los documentos que hacen falta".
Jaime Guerrero, de Democracia Social y miembro de la Comisión de Gobierno, dijo que esta instancia dictaminó ya que se siga la investigación hasta sus últimas consecuencias. Y advirtió: "Esto nos va a hacer daño si no procedemos conforme a la ley".
