Falta voluntad política en el gobierno federal para cumplir las garantías individuales

Vigilará la CNDH que se respeten derechos en caso de desplazamiento

Pide actuar con cautela por la condición vulnerable de los pobladores de Montes Azules

VICTOR BALLINAS

Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están en alerta en la reserva ecológica Montes Azules para vigilar el respeto a los derechos humanos ante un posible desalojo, anunció ayer el ombudsman José Luis Soberanes, luego de hacer un llamado al gobierno federal a "actuar con apego a derecho, con cautela y sensatez por la especial condición de los pobladores indígenas como grupos socialmente vulnerables".

El lunes pasado, agregó el presidente de la CNDH, se recibió una queja de los pobladores que podrían ser desalojados y, en virtud de ello, funcionarios del organismo se trasladaron al lugar y "permanecen en alerta ante la posibilidad de movimientos de fuerzas federales de seguridad pública para desalojar a los pobladores".

Soberanes agregó que el cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por un juez ante hechos presuntamente constitutivos de delito, "no debe ser confundido con órdenes para realizar desalojos generales en la reserva ecológica de Montes Azules".

La queja de las comunidades afectadas, resaltó, se presentó en las oficinas de la CNDH ubicadas en San Cristóbal de las Casas, y por esa razón se reforzó la presencia de personal de ese órgano en la zona de conflicto y "ahí permanecen atentos a la evolución del caso".

Entrevistado durante el brindis que ofreció a los reporteros que cubren las actividades de la CNDH, Soberanes comentó -ante el próximo aniversario de la masacre de Acteal- que en ese caso "lo que más preocupa es la injusticia. Tengo la convicción de que los verdaderos responsables de la matanza de Acteal no están en la cárcel y que incluso en prisión está gente inocente acusada por ese delito. Yo he querido que se revise ese proceso, pero no ha habido un interés positivo por revisar la injusticia que se cometió".

Anunció que en marzo próximo la CNDH abrirá un ambicioso programa de atención a migrantes, que implicará la apertura de oficinas fronterizas en el norte y en el sur del país, concretamente en Ciudad Juárez, Sonora, Tijuana, Tenosique, Tabasco y Chetumal.

Además de las instalaciones, tendrán vehículos que normalmente se les llama volantas para ir exactamente a los lugares donde haya problemas con población migrante. Dicho programa, subrayó, empezará el primero de marzo, pues ya se tienen los recursos autorizados en el presupuesto de la CNDH para 2003.

Interrogado sobre el acoso e intimidación contra reporteros por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el ombudsman subrayó: "hemos sido muy claros, se debe respetar a los periodistas, concretamente a los reporteros, su derecho a guardar la privacidad de sus fuentes, como cualquier otro profesional, ya sea un médico, un abogado o un sacerdote".

Insistió: "no sólo tienen el derecho sino la obligación de guardar el secreto de lo que saben. En ese sentido estamos trabajando, y acerca de las quejas que presentaron ante este órgano reporteros de La Jornada, las tenemos como prioridad y esperamos que para enero próximo ya lo tengamos resuelto".

Soberanes también se refirió a la situación del penal de Puente Grande, en Jalisco. Dijo que el sistema penitenciario mexicano tiene muchos problemas. Continúan las complicidades y corrupciones "que siempre hemos denunciado. Lo que deben hacer es preparar a quienes trabajan en los penales y enseñarles a respetar los derechos de la gente que está ahí".

Derechos humanos, sólo discurso

Soberanes hizo un breve balance de los derechos humanos en los dos años de gobierno del presidente Vicente Fox: "a mi modo de ver, no pasan de ser discurso. Veo una falta de voluntad política para volver obras los buenos propósitos. Quisiera que como sociedad avanzáramos en ese sentido, pero no hay más que discurso. En el discurso oficial se ha incluido el tema de los derechos humanos, y sin embargo yo veo una falta de voluntad política para cumplirlos".

El gobierno del presidente Fox tiene una calificación regular en materia de derechos humanos, "porque él en lo personal sí está preocupado, pero no se lleva a la práctica. Quiza los que estén fallando sean sus colaboradores, que no están pendientes del respeto a los derechos humanos; creo que falta más obra física para ver hechos, no simplemente buenos propósitos".

Manifestó que la actitud del gobierno de México para proteger a los migrantes ante la violación de sus derechos "es tibia". Consideró que debe haber una actitud más enérgica por parte del gobierno y de sus oficinas de representación en el extranjero para defenbder a los connacionales.

Aseveró que en el gobierno federal persiste la actitud de aceptar las recomendaciones "pero después no las cumplen. Dicen que sí las aceptan, pero cuando pedimos que se sancione a funcionarios que violentan los derechos humanos, no hay sanciones o les imponen castigos ridículos. Este problema está más localizado en las contralorías, que son las que deben sancionar a los funcionarios violadores de derechos humanos".