"Una sinvergüenzada", tomar fondos de pensiones de trabajadores: Garza Galindo

Se omitió especificar destino de ahorros

ANDREA BECERRIL

Fue tal la premura con que los senadores y diputados aprobaron las reformas que posibilitan que el gobierno federal tome los 20 mil millones de pesos de fondos de pensiones no reclamados por los trabajadores, que no se dieron cuenta que el proyecto final, elaborado por el panista Fauzi Hamdan, no especifica que esos recursos sean canalizados al gasto social. Tampoco queda claro que es en calidad de préstamo ni cuándo o cómo lo devolverán a sus dueños originales.

"Es un abuso muy grande, una sinvergüenzada", consideró la senadora priísta Laura Alicia Garza Galindo, una de las pocas legisladoras que votó contra el dictamen. Puso además en duda que esos 20 mil millones de pesos realmente los destine el gobierno al campo, "sobre todo con eso de que acostumbra tener sus guardaditos por ahí".

Se dijo indignada porque no entiende "cómo se atreven a tocar los recursos de los trabajadores, a hablar en principio que es préstamo, y luego el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dice que si no los reclaman, son ya del gobierno".

El presidente del Senado, Enrique Jackson Ramírez, aseguró a su vez que el dictamen "es un texto impecable, hecho con toda la intención didáctica de impedir cualquier interpretación".

Rechazó que haya sido cambiado por el panista Hamdan en su tránsito del Senado a la Cámara de Diputados. El propio Jorge Chávez Presa, secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, dijo que no hubo cambios al documento final.

Chávez aclaró que en el decreto por el que se reformó el artículo noveno transitorio de la Ley del SAR y reformas y adiciones diversas, no se habla de endeudamiento, porque no hay plazo ni tasa.

Por ello, dijo, en las modificaciones a la Ley del SAR se señala que los 20 mil millones que se canalizarán al gobierno federal "se registrarán en el ejercicio fiscal de 2003 como aprovechamientos".

Garza Galindo opinó distinto: "šQué aprovechamiento!, más bien son aprovechados". Expuso que el hecho es grave porque el gobierno puede después querer echar mano de los demás recursos del fondo de retiro, o si hay terrenos u otros bienes que nadie reclama aparentemente, también dirá que son suyos.

Propuso ver por qué el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Vicente Corta, renunció el mismo día que llegó la propuesta al Senado.

Pese a la relevancia del asunto, las reformas que posibilitaron que el gobierno federal se apropie de esos 20 mil millones de pesos no fueron discutidas en tribuna.

Hubo gran celeridad en el proceso legislativo, ya que el 13 de diciembre llegó a la Cámara alta la propuesta del Ejecutivo; la Comisión de Hacienda, que encabeza Hamdan, la dictaminó de inmediato y el 14 de diciembre estaba ya en la Gaceta Parlamentaria, con la instrucción del panista de dispensarle segunda lectura.

Ese día fue uno de los primeros asuntos en subir al pleno, se iba a votar cerca de las 20 horas, cuando el priísta Alejandro Gutiérrez se dio cuenta de que Hamdan había hecho un cambio de fondo. En el artículo que establece la obligación del gobierno de transferir al IMSS un monto equivalente a 5 por ciento del total de los recursos, unos mil millones de pesos, para crear un fondo con el cual pagar a los trabajadores que reclamen su dinero, el panista incluyó que sólo "en caso de que hubiera disponibilidad presupuestal".

Esa trampa de Fauzi no pasó, hubo largas discusiones, pero después de las dos de la madrugada, el dictamen se aprobó sin discutirlo. Algunos senadores, como el perredista Serafín Ríos, reconocieron que "los agarraron dormidos". Un priísta dijo que lo aprobaron "porque los representantes obreros estuvieron de acuerdo" y "dijeron que era legal".

Aclaraciones de la Consar

Vicente Corta, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), descartó que los fondos de los trabajadores depositados en las administradoras de los recursos pudieran ser utilizados en el futuro por el gobierno para el financiamiento del gasto corriente.

Aseguró que los derechos de los trabajadores están plenamente protegidos, y admitió que el hecho de que el gobierno haya dispuesto de 20 mil millones de pesos de cuentas no identificadas y reclamadas, puede provocar un riesgo de percepción en el que parezca que "se metió mano" a los recursos del sistema de pensiones, pero no es así.

ISRAEL RODRIGUEZ J.