Relata que presionaron a coordinadores de la cámara, pero al final "nos dejaron solos"
El bono de marcha fue exigencia de la mayoría de diputados, revela petista
CIRO PEREZ SILVA
La tarde del sábado 14 de diciembre, un día antes de que fuera aprobado en lo general el Presupuesto de Egresos 2003, un grupo de diputados de todos los partidos se apersonó en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, donde planteó la solicitud de un bono para los legisladores y se amenazó a los coordinadores con boicotear la aprobación del presupuesto si su demanda no prosperaba.
Eso fue en privado; en público, todos lo negaron. Incluso cualquier alusión a su pretensión del bono los ofendía.
Ayer el petista por Sinaloa Víctor Antonio García Dávila confirmó a La Jornada lo que todos niegan. Es cierto que fueron él y la perredista Petra Santos los que exigieron la entrega de un monto de dinero para cada diputado, pero ninguno de los legisladores que los acompañaron en ese momento se opuso a esta demanda.
Fue él quien lanzó la amenaza de no votar el presupuesto 2003 si se les negaba el bono, pero ninguno de sus compañeros de PRI, PAN, PT y PSN se opuso, y fueron la oaxaqueña Lilia Mendoza y la chiapaneca Patricia Aguilar, ambas priístas, las que advirtieron a los coordinadores que si el contenido de la reunión trascendía, argumentarían ante la prensa que su demanda era transparencia en el manejo de los recursos en San Lázaro.
"Después de que Martí Batres nos dijo que no al bono, entonces nos fuimos por el lado de la transparencia, porque no se vale que los coordinadores cuenten ya con su bono de retiro y los funcionarios de la cámara reciban salarios tres o cuatro veces superiores a los de cualquier diputado", reconoció García Dávila.
-ƑEntonces sí se planteó lo del bono?
-Sí, lo dije yo junto con otra compañera en la reunión con los coordinadores.
-Pero todos lo niegan.
-Ya en la reunión me dejaron solo, y pues fui el que habló más, aunque lo del bono fue un acuerdo de todos los compañeros, también lo del boicot. Incluso cuando Martí Batres -presidente de la junta- nos dijo categóricamente que no a lo del bono, un compañero del PAN le reclamó su actitud; le dijo que no anduviera haciéndole al figurín y le recordó que el cargo que tiene se lo dieron los diputados.
-ƑSólo Martí Batres se opuso al bono?
-No, en general se opusieron todos los coordinadores, pero los más duros fueron Batres y (Felipe) Calderón -coordinador del PAN.
El inicio del "movimiento"
Todo comenzó hace poco más de tres semanas, cuando un grupo de diputados identificó un excedente de 100 millones de pesos en el presupuesto de la cámara. A partir de entonces buscaron la forma de que esos recursos pudieran repartirse entre todos los legisladores, pero cuando interrogaron sobre estos fondos al titular de Administración y Finanzas del órgano legislativo, Héctor Velásquez, nunca obtuvieron respuesta.
Más aún, conforme transcurrieron los días, ese excedente fue disminuyendo hasta convertirse en un déficit de 12 millones de pesos.
También interrogaron al administrativo respecto de los salarios de los empleados de la cámara, que en no pocos casos rebasa en dos o tres veces la dieta de los diputados, y sobre los bonos por despido que, aseguran los legisladores, representaron hasta 700 mil pesos en algunos casos.
Pasaron por alto que son los mismos legisladores quienes aprobaron los salarios de los funcionarios de la cámara, sueldos heredados de legislaturas pasadas.
Las investigaciones de los legisladores tocaron a sus respectivos coordinadores, quienes reciben 500 pesos por cada diputado de su bancada, y demandaron que esta cantidad se les restituyera. La perredista Petra Santos y el petista García Dávila aseguraron que en el caso de Calderón Hinojosa ha recibido por esta vía alrededor de 3 millones de pesos desde que comenzó la legislatura a la fecha, y que estos recursos representan para los líderes de las bancadas su fondo de retiro.
Sin embargo, Batres Guadarrama y Calderón Hinojosa explicaron que en realidad esos recursos están especificados en el presupuesto de la cámara, y se destinan al pago de salarios del grupo de asesores que cada coordinador tiene.
El coordinador de los panistas afirmó que además de su salario de 103 mil 515.66 pesos -los cuales, de acuerdo con recibos que presentó ayer, obtiene una remuneración después de impuestos y aportaciones partidarias de 46 mil 828.81 pesos- no ha recibido "un solo centavo más".
Otro de los señalamientos en contra de Calderón Hinojosa es que Héctor Velásquez, hoy responsable del administrativo de San Lázaro, fue el primer jefe del panista, y para los legisladores el responsable de
que se les oculte información.
Con el transcurso de los días el movimiento de inconformes fue tomando fuerza, al grado de que se recopilaron más de 400 firmas, entre ellas 186 del PAN, 200 del PRI, 38 del PRD y otras del Partido Alianza Social (PAS), en lo que se maneja como parte de la demanda de transparencia, aunque ayer el diputado panista Ricardo Sheffield reveló que existe otra, con alrededor de 100 firmas, en la que se exige un bono de marcha.
Para entonces las acusaciones iban en todas direcciones. Al presidente de la junta, Martí Batres, se le responsabilizó de firmar un documento validando liquidaciones "exorbitantes", aunque se pasó por alto que la propuesta vino de la conferencia para los trabajos legislativos, que en ese momento presidía la priísta Beatriz Paredes, y que la firma del perredista se condiciona, entre otros puntos, a conocer el número, área y monto a liquidar.
También se pasó por alto que en materia administrativa la Junta de Coordinación Política sólo tiene facultades para proponer el presupuesto de la cámara y las prerrogativas para los grupos legislativos.
El 3 de diciembre, los inconformes demandaron a la junta una sesión secreta, para tratar esencialmente dos temas: la justificación de gastos en los viajes internacionales de los diputados y las nuevas reglas para el servicio médico. En el primer caso se trata de reglas mínimas, de hecho se le exige a cada diputado que exclusivamente muestre el pase de abordar, al margen de gastos, y por cuanto al servicio médico se adoptaron medidas tradicionales, como la prestación de servicios a dependientes económicos no mayores de 18 años si no estudiaban, y hasta 25 si lo hacían.
Aunque alegan que esta demanda no les fue atendida, existe una respuesta de la junta planteando a la mesa directiva tal exigencia, ya que es a esta instancia a la que corresponde emitir la convocatoria.
Conforme se acercaba el día de clausura, las demandas y la irritación de los diputados se incrementaron, hasta que tuvo lugar la reunión del sábado 14, en la que no sólo se exigió un bono, sino que se amenazó con boicotear la votación del presupuesto 2003, hecho que al final no prosperó y el paquete económico salió con anticipación respecto de otros años, además de que en todo momento los diputados negaron su pretensión de un bono de marcha.
Incluso se propuso una auditoría, la cual no sólo apoyan los coordinadores, sino que incluso la impulsan. Sin embargo, la madeja de esta historia dejó cabos sueltos que fueron retomados recientemente en conferencias de prensa. En una de ellas, el coordinador panista, Felipe Calderón, acusó a Ricardo Sheffield de haber sido él uno de los que exigieron el bono, caso particularmente significativo si se recuerda que fue Sheffield el panista que propuso reducir el número de diputados, asegurando que con ello la cámara se ahorraría 600 millones de pesos, curiosamente la misma cantidad de recursos que se requiere para satisfacer la demanda de un bono de marcha.
Sheffield, a su vez, respondió que esta acusación es falsa, y que de seguir con esta actitud Calderón Hinojosa sería responsable de fracturar a la bancada.
