Sobrevivientes de la masacre y viudas de los asesinados marcharon en Chilpancingo

Exigen que Rubén Figueroa Alcocer sea juzgado por la matanza de Aguas Blancas

JESUS SAAVEDRA LEZAMA Y JESUS ARANDA CORRESPONSAL Y REPORTERO

Chilpancingo, Gro., 18 de diciembre. Medio centenar de sobrevivientes y viudas de los 17 campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas realizaron ayer una protesta por las principales calles de esta ciudad para señalar al ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer como responsable de los asesinatos.

En tanto, María de la Luz Núñez Ramos, ex presidenta municipal de Atoyac, manifestó que después de más de 7 años de la masacre de Aguas Blancas, resulta incomprensible que la Procuraduría General de la República (PGR) "no haya dado seguimiento" a la resolución de la Suprema Corte, la cual determinó la responsabilidad de Figueroa Alcocer en esos acontecimientos.

Encabezados por el abogado Jesús Sánchez, los familiares de los campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, realizaron una marcha en la que denunciaron que "pistoleros" de Rubén Figueroa los han intimidado.

Alberto Pastrana Gallardo, Alfredo Galeana Méndez, Marcelino Gallardo e Ismael Manzanares, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, dieron a conocer que han sido requeridos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para que rindan testimonio sobre los hechos ocurridos en junio de 1995.

Por su parte, las viudas Cecilia Analco Vázquez, Josefina Vázquez Reyna, Virginia Galeana Méndez y Zeferina Tacaba Abarca pidieron a las autoridades federales y estatales garantías de seguridad porque temen sufrir una agresión. "Nos han ofrecido dinero a cambio de que no demos a conocer nuestro testimonio o de lo contrario nos amenazaron con que lo único que recibiremos es una caja de muerto, como nuestros esposos".

La marcha se detuvo unos minutos frente a la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde fueron atendidos por el presidente de este organismo, Juan Alarcón Hernández, a quien le pidieron su intermediación ante las autoridades estatales y federales.

Los sobrevivientes y viudas manifestaron su disposición a declarar ante el fiscal especial. "Lo que exigimos es justicia y que se castigue a los responsables intelectuales de este crimen; Rubén Figueroa anda libre y diciendo que se siente tranquilo, aunque en su conciencia, si es que tiene, lleve el asesinato de por lo menos 17 campesinos".

Por su parte, la ex presidenta de Atoyac se presentó ayer ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para ratificar su declaración sobre los hechos y aprovechó para cuestionar a dicha institución encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, porque "está generando una extendida desilusión por la falta de resultados". Hasta ahora, sostuvo, no ha logrado integrar ninguna averiguación para consignar a nadie y a pesar de que ha citado a declarar a gente como Luis Echeverría, Alfonso Martínez Domínguez y Elba Esther Gordillo, entre otros, "más allá del espectáculo, no hay resultados tangibles".

Ni siquiera se han establecido los criterios rectores para la reparación del daño causado a las víctimas de la represión, de la prisión política, de la desaparición forzada o del asesinato, enfatizó en un documento que entregó al Ministerio Público Federal, en el que además aportó "pruebas" que le habían pedido en su primera comparecencia, entre las que destacan direcciones y números telefónicos de Wilebaldo Rojas Arellano y Francisco Román Delgado, ambos residentes en Atoyac y testigos de la matanza ocurrida en el vado de Aguas Blancas.