LA SRE NO PODRA ASUMIR LA COORDINACION DEL PPP

Debido a la reducción de 21 por ciento en términos reales al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 2003, esta dependencia carecerá de capacidad para asumir la Coordinación del Plan Puebla-Panamá (PPP), señaló hoy el oficial mayor, Jorge Lomónaco. En meses pasados la Presidencia de la República anunció que la Coordinación del PPP sería transferida a la SRE, para lo cual se le asignó una partida de 50 a 60 millones de pesos, pero el funcionario de la cancillería indicó que después de hacer un análisis presupuestal "no nos podemos hacer cargo (del mecanismo)". Entrevistado en sus oficinas de Tlatelolco, dijo que aún analiza entre las opciones cerrar embajadas de México en el exterior o recurrir a los fondos consulares para compensar la reducción de recursos por 399 millones de pesos respecto de 2002. Lomónaco mencionó que la cancillería presentará el próximo año un déficit de 500 millones de pesos si pretende mantener el mismo nivel de operación de este año. Recordó que la transferencia del PPP, que se encontraba en la estructura de la Presidencia de la República, ha tomado más tiempo del esperado y aún está terminando de instalarse en la cancillería, pero los recursos aún no llegan a la dependencia.
 

Las directivas nacionales de PRI y PAN recibieron con agrado las nuevas disposiciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que incluso podrá exigir a los partidos políticos informes detallados de sus gastos. La nueva normatividad, dijo el vocero del comité nacional priísta, Carlos Jiménez Macías, le dará al manejo de los recursos de los partidos un sentido de "moralidad". Ahora, resaltó, "se dejará claro a los mexicanos que su inversión económica para la democracia está bien invertida. A su vez, el secretario general adjunto del CEN panista, Arturo García Portillo, dijo que su partido también acatará las disposiciones del IFE, y rechazó la posibilidad de recurrir a alguna instancia legal para impugnar el reglamento de la Comisión de Fiscalización. Jiménez Macías dijo que el PRI no tendrá empacho en asumir estas nuevas reglas democráticas. "El pueblo tiene derecho a saber en qué y cómo se gastan los recursos que aporta". En una conferencia de prensa en su oficina -luego de que militantes del Movimiento Territorial en el Distrito Federal irrumpieron en la sede nacional priísta, en demanda de una reunión con el presidente del partido, Roberto Madrazo-- cuestionó que los representantes del PAN hayan pretendido que los consejeros pospusieran la aprobación de las nuevas reglas de fiscalización a los partidos. Esa actitud, dijo, "es sospechosa".

El presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, el perredista Ricardo Moreno, informó que el 7 de enero serán presentados los dictámenes relativos a las demandas de juicio político de los diputados federales Pedro Manterota y Bonifacio Castillo, así como del diputado local en Campeche Carlos Cambranis. Respecto al diputado federal del PRI y líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, al también priísta senador Ricardo Aldana y al diputado local en Tamaulipas Jesús Olvera Méndez, así como al líder de los trabajadores del Metro y diputado a la Asamblea del Distrito Federal, Fernando Espino Arévalo, comentó que ese mismo día la Sección Instructora entrará al estudio de las pruebas presentadas. A su vez, el secretario del órgano colegiado, el panista Francisco Blake, señaló sobre los líderes petroleros que las solicitudes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada fueron admitidas.

El PRI tiene hasta este sábado a la medianoche para recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la más reciente decisión de la Comisión de Fiscalización del IFE en torno al Pemexgate. Esta resolvió el martes que ninguno de sus miembros se excusará de conocer el caso, como pretendía el PRI, con el argumento de que los consejeros que decidieron presentar la denuncia por el caso estaban impedidos para elaborar el dictamen de la queja que sigue el IFE porque serían juez y parte.