Tras las declaraciones formuladas ayer por los funcionarios estadunidenses Colin Powell, secretario de Estado, y John Negroponte, embajador ante Naciones Unidas, parece claro que Washington ha decidido preparar el terreno legal para proceder militarmente contra Irak como la siguiente fase de su descabellada "estrategia antiterrorista". Powell y Negroponte anunciaron que la declaración iraquí sobre su programa de armas de destrucción masiva, elaborada tras la misión de los inspectores de la ONU a Irak, implica una "violación sustancial" de la resolución 1441 ya que, a su juicio, tal documento no es sino un "patrón de mentiras". La descalificación estadunidense del reporte del gobierno de Saddam Hussein va incluso más allá de la evaluación del jefe de los inspectores de la ONU, Hans Blix -que halló inconsistencias en el documento- y del Consejo de Seguridad, pues ninguno de sus miembros (salvo Estados Unidos) denunció datos que comprueben tales "violaciones sustanciales" de parte de Irak. Incluso el gobierno de la Gran Bretaña, hasta ahora aliado incondicional de Washington, prefirió actuar con mesura y señaló que no identificó irregularidades severas, aunque sí encontró incompleta la declaración iraquí.

Empero, ni Powell ni Negroponte señalaron en qué consisten las supuestas violaciones del régimen de Hussein ni, por supuesto, han hecho del conocimiento público el contenido del informe a fin de que la comunidad internacional se entere de su contenido y de sus eventuales lagunas. La falta de transparencia en este caso, situación a la que incluso han estado sometidos los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, deja entrever que la posición de Washington no es sino una artimaña legaloide para justificar su ansiada campaña bélica contra Hussein, motivada mucho más en intereses geopolíticos y económicos que en el combate al terrorismo internacional.

Es relevante que Blix y el jefe de la división de vigilancia nuclear de la ONU, Mohamed El Baradei, hayan indicado que el informe de Irak contenía escasa información nueva, circunstancia que puede indicar tanto el ocultamiento iraquí de sus programas armamentistas como el que tales arsenales son plenamente conocidos, y por tanto, no constituyen amenaza ni violación a la resolución 1441 de la ONU.

Sea como fuere, resulta previsible que Estados Unidos y, eventualmente, su aliado británico se empeñen en denunciar o magnificar cualquier resquicio o sospecha para avalar una respuesta militar contra Bagdad, sea ésta unilateral o autorizada por la ONU, aunque hasta el momento no existe fundamento para que el organismo internacional apruebe tal acción. La guerra contra Irak es, dentro de los planes del gobierno de Bush, el instrumento clave para catalizar la desmejorada economía estadunidense y para apuntalar, a los ojos de sus ciudadanos, su imagen política. Por añadidura, en un contexto internacional inestable, la instalación de un régimen títere en Bagdad permitiría a Washington fortalecer su dominio sobre los yacimientos petroleros de Medio Oriente (caso similar al de Afganistán, llave para acceder a la riqueza energética de Asia central) y, con ello, prevenir que futuros conflictos o regímenes contestatarios puedan afectar la hegemonía estadunidense.

Con todo, más allá del resultado de los informes sobre el arsenal de Saddam Hussein y del empecinamiento militar de Washington, lo cierto es que el pueblo iraquí es la víctima en la que nadie parece reparar. Tras más de 10 años de bloqueo, sólo una decidida acción internacional en solidaridad con los millones de iraquíes, oprimidos a la par por su gobierno y por las grandes potencias, podrá prevenir un desastre mayúsculo en términos humanitarios, inquietante posibilidad que una invasión sólo conseguirá acelerar.