Un estudio legislativo señala los efectos de la apertura comercial y de la falta de subsidios

El aparato de apoyo al campo, desmantelado por tres gobiernos

Millones de pequeños productores, a la deriva por la liquidación de Banrural, Fertimex e Inmecafé

ROBERTO GARDUÑO

El desmantelamiento gradual de las empresas estatales de apoyo al campo mexicano creó vacíos institucionales que no han sido cubiertos por el sector privado, lo que afecta a millones de pequeños productores rurales en vísperas de la entrada en vigor del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se advierte en un diagnóstico sobre el impacto del acuerdo en el campo elaborado por las comisiones de Desarrollo Rural y Agricultura de la Cámara de Diputados.

La desaparición y desincorporación de Banrural, Fertimex, Conafrut, Inmecafé, Fidehcan, Sesa, Pronase, INCSA, PACE y Conasupo generan un clima de incertidumbre porque el gobierno federal reduce "dramáticamente" la inversión agropecuaria desde la entrada en vigor del TLCAN.

La apertura comercial en el ámbito agrario, como parte de un programa de reforma económica general en el que la reducida participación del Estado constituye uno de los objetivos más importantes, parte de la base de que el mercado desempeña mejor la tarea de asignación de recursos que las tareas de intervención directa. Bajo ese concepto las autoridades federales, desde el gobierno de Carlos Salinas, después el de Ernesto Zedillo y ahora el de Vicente Fox, prepararon la entrada en vigor de las condiciones de libre competencia establecidas en el TLCAN, en virtud del cual los productos estadunidenses tienen una amplia ventaja competitiva en precios y métodos de producción sobre los de origen mexicano, a causa de los subsidios que se otorgan a los agricultores en el país vecino.

En el diagnóstico elaborado por los legisladores se manifiesta preocupación por la ausencia de mecanismos gubernamentales para apoyar a los productores mexicanos más pobres. El proceso de desmantelamiento de las empresas dedicadas al subsidio de los campesinos nacionales, se subraya, coincidió con la negociación y firma del TLCAN.

De acuerdo con la investigación, la reforma de la banca rural en 1989 desvinculó del apoyo gubernamental a casi un millón de productores del Banco de Crédito Rural (Banrural), quienes quedaron en manos de la banca privada o, en el mejor de los casos, se convirtieron en beneficiarios de programas de índole asistencial. Además se dejaron de atender zonas de siniestros y quedaron sin servicios un elevado número de productores, afectados por crédito caro y el retiro de los subsidios.

A lo anterior se sumó el problema de la cartera vencida acumulada por la institución, junto a la quiebra o insolvencia de la mayoría de los pequeños productores. El crédito refaccionario en 1999, según el estudio legislativo, apenas constituyó 10 por ciento del financiamiento del total otorgado por Banrural; la superficie habilitada pasó de 7.3 millones de hectáreas en 1988 a 2.1 millones en 1999.

En 1999 los créditos otorgados por Banrural sumaron 31 mil 891 millones de pesos, señalan datos de la Secretaría de Hacienda. Ahora la institución será sustituida por la Financiera Rural, cuya creación -a iniciativa del presidente Vicente Fox- se aprobó en la Cámara de Diputados. No obstante, los pasivos y activos del banco alcanzan un monto de 44 mil millones de pesos, recursos que se suman a la deuda pública nacional.

Un nuevo desmembramiento ocurrió en el terreno de los insumos. La privatización de Fertimex, en 1992, cuyos bienes habían sido históricamente suministrados a los productores a bajos precios, "debilitó la industria e impulsó las importaciones. Las insuficiencias de planeación y coordinación dieron como resultado que estos productos siguieran sujetos a permisos de importación, pagando tarifas más elevadas que muchos productos agrícolas al ingresar al país. A partir de entonces el encarecimiento de los insumos fue un factor permanente de descapitalización para los productores".

La desaparición de Conafrut en 1990, se añade, significó eliminar un gran apoyo para el fomento de cultivos frutícolas, que cumplía con un importante papel en la reconversión productiva y para aprovechar las oportunidades de exportación.

De igual modo, la desincorporación de Inmecafé en 1992, se apunta, "impactó una producción que constituía el primer renglón de exportación de México. Algunas de las actividades que realizaba el instituto no han sido sustituidas por ningún organismo, sobre todo en lo referente a investigación agrícola cafetalera, asistencia técnica y regulación comercial".

Asimismo, la extinción del Fideicomiso para la Candelilla (Fidehcan) y la entrega de sus activos a los productores del sector dejó a su suerte a campesinos que figuran entre los más pobres del país, en zonas desérticas de varios estados del norte donde no existen otras alternativas productivas.

Otro caso similar fue el de la paraestatal Servicios Ejidales (Sisa), que prestaba apoyo con maquinaria agrícola en regiones que carecían de tractores y trilladoras. No fue sustituida por ningún otro organismo.

La desaparición del aparato federal para apoyar a los campesinos se concretó entre 1988 y1998, se advierte en el estudio de los diputados: "Bajo el argumento de que ya habían cumplido su objeto social de creación, y de que otras áreas de la Secretaría de Agricultura se encargarían de sustituir algunas actividades, o bien que los productores ya habían alcanzado la madurez, se desincorporaron 70 entidades agropecuarias y forestales".

El Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario (Incsa) se vio forzado a subsistir consiguiendo recursos propios, puesto que se limitó el subsidio que recibía y durante años estuvo bajo la amenaza de que sería desincorporado.

"Cabe señalar que en el periodo 1989-1995, se elimina el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal (PACE), así como el sistema Conasupo, que abarcaba compra, Almacenes Nacionales de Deposito, Bodegas Rurales Conasupo, Industrias Conasupo, Maíz Industrializado e Impulsora del Pequeño Comercio".