A casi un mes de comenzado el paro opositor en Venezuela, la crisis política por la que atraviesa ese país no tiene visos de solución, pues la polarización de los bandos en disputa y la intransigencia de las huestes antichavistas -determinadas a echar del poder al presidente Hugo Chávez- han frenado cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo mediante el diálogo. La severa paralización de la industria petrolera venezolana, una de las mayores del mundo y la principal fuente de divisas de ese país, ha introducido, por añadidura, una arista internacional a este conflicto, pues Washington, concentrado en la preparación de su descabellada guerra contra Irak, mira con preocupación el brote de un nuevo factor de desequilibrio en los mercados mundiales de hidrocarburos y no ha resistido la tentación de lanzar declaraciones incendiarias sobre la situación que experimenta Venezuela.

Con todo, es claro que la crisis venezolana -al margen de los odios entre las partes enfrentadas y de los alegatos sobre el carácter dictatorial de Chávez, lanzados desde la oposición, y las acusaciones de golpismo emitidas desde el gobierno contra los grupos antichavistas- debe ser resuelta de forma institucional, mediante el diálogo y con estricto apego a la Constitución. En este sentido, si bien Chávez ha tenido actitudes autoritarias y desplantes populistas que han agraviado a ciertos grupos sociales de Venezuela, no por ello deja de ser el legítimo presidente venezolano, investidura de la que sólo puede ser despojado mediante la vía electoral en el marco de la legalidad vigente. Por ello, es reprochable que la oposición -integrada por la desgastada clase política tradicional, los grupos empresariales, las oligarquías y parte de las clases medias- se resista a aceptar las disposiciones de la Constitución venezolana, avalada en su momento por la mayoría de los ciudadanos, en el entendido que, resentimientos o ideologías aparte, todo movimiento o proyecto de cambio social que se diga democrático debe, antes que nada, respetar y asumir la ley.

La oposición al presidente Chávez ha jugado con fuego y, en su desprecio tajante hacia la institucionalidad bolivariana, ha frenado cualquier arreglo negociado a esta crisis. Por su parte, el chavismo se encuentra igualmente determinado a no ceder, rechaza cualquier posibilidad de convocar referendos o comicios antes de agosto próximo, cuando la celebración de tales ejercicios electorales está prevista en la Constitución y, desde luego, se niega a propiciar cualquier cambio normativo que pudiera suavizar las tensiones y acercar a los bandos en disputa. En medio de tal empantanamiento, la economía de Venezuela se deteriora día con día y la paralización de su industria petrolera amenaza, de proseguir, con incidir negativamente en el desarrollo futuro del país y en la estabilidad de los mercados internacionales de crudo. La opción por forzar la salida de Chávez y minar su innegable respaldo entre las clases populares mediante el encallamiento de la economía venezolana es en sí misma reprobable, máxime cuando esta pretensión se inscribe en un rechazo frontal a la legalidad constitucional y enardece los odios y los enfrentamientos sociales.

Si el futuro de Venezuela pasa necesariamente por la permanencia o la salida de Chávez del poder, ésta es una decisión que corresponde a todos los venezolanos, y no sólo a un ala de la sociedad, por más respaldo y legitimidad que ésta se atribuya ante sus seguidores. Por ello, sólo mediante el respeto a la Constitución y el diálogo bajo su marco de referencia será posible encontrar una salida al conflicto venezolano que, más allá de reacomodos o revanchas políticas, abra las puertas a la paz y la reconciliación nacional.