Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 30 de diciembre de 2002
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Política
Proponen la firma de un tratado interno para que se consuma lo que el país produce

Los campesinos, en pie de lucha ante la apertura del sector agropecuario

"No es con blindajes frágiles como se enfrentará una crisis productiva": Ramírez López

MATILDE PEREZ U.

Decididos a no ser arrasados ni aniquilados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cientos de campesinos y hasta algunos agroindustriales hacen a un lado las advertencias y comenzarán 2003 con acciones de protesta que podrían incluso comprender bloqueos de garitas, puertos y carreteras de la frontera norte, así como otras de naturaleza novedosa.

Serán 25 millones de mexicanos -dicen- que se movilizarán en defensa de su economía como agricultores, del mercado interno y de su derecho a producir y ofertar los alimentos que demanda la población.

Antes de la firma y entrada en vigor del TLCAN, lanzaron la voz de alerta acerca de las consecuencias de introducir productos pecuarios y agrícolas mexicanos al tratado sin protección y apoyo similares a los de Estados Unidos y Canadá.

Hoy, en el contexto de una peligrosa dependencia alimentaria, campesinos y agroempresarios proponen que el Estado firme con ellos un nuevo pacto social y que el presidente Vicente Fox privilegie "la firma de un tratado interno, para que 50 millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema tengan empleo y un ingreso real para que consuman lo que aquí producimos". Esa es la mejor salida a la crisis social, afirman.

Ninguno quita el dedo del renglón: el gobierno debe entender y aceptar que América del Norte es una región con tres políticas agrícolas sustancialmente diferentes, que no debe callar ante los fuertes esquemas de subsidios que Estados Unidos dio a sus agricultores, y que es urgente una revisión del apartado agropecuario del TLCAN; de lo contrario, dicen, habrá "una hecatombe" en el campo mexicano.

campesinos-zacA partir de la entrada en vigor del TLCAN, 40 por ciento de la demanda nacional de alimentos es cubierta por importaciones de Estados Unidos y Canadá, porcentaje que en menos de cinco años llegará a 70 por ciento -mencionan productores y académicos-, si no hay una decisión política que cambie las circunstancias, ya que a partir de 2003 se eliminan los aranceles en 19 subsectores agropecuarios, entre ellos los de las carnes de pollo, puerco y pavo; lácteos (excepto leche en polvo), y papa y trigo.

Por ello, los augurios para los agricultores no son buenos: muchos van a desaparecer, pues habrá una fusión de las cadenas de producción, distribución y comercialización.

Hasta diciembre de 2002 los aranceles (en porcentaje) vigentes para los productos más sensibles fueron: grasas animales, 53.5; papa, 51.6; trozos de pavo, 49.4; pastas de ave, 49.4; pollo, 49.4; malta, 33.2; pavo entero, 25.2; cebada, 24.3, y huevo, 9.5.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la producción de los 10 cultivos básicos tuvo un crecimiento de 1.83 por ciento en el periodo 1995-2001, pero las 30.3 millones de toneladas fueron insuficientes para cubrir la demanda interna, por lo que las importaciones promedio -en ese tiempo- fueron de 14.8 millones de toneladas.

Cosechas "con valor agregado"

Alfonso y Benjamín Valenzuela Segura nacieron en la lucha agraria. Hijos de uno de los fundadores del ejido Lázaro Cárdenas, localizado en los valles del Yaqui y Mayo, en Sonora, recuerdan que en su adolescencia se sumaron a los grupos que en la década de los setenta tomaron tierras y, al igual que su padre, continuaron como agricultores. "Cultivamos trigo, sorgo, maíz y hortalizas; hemos mecanizado la tierra, pues con otros ejidatarios formamos integradoras comerciales para vender directamente las cosechas, a las que hemos dado valor agregado."

Los hermanos Valenzuela Segura forman parte de los cientos de productores medianos del noroeste del país, zona en la que en 2003 se intensificará el diálogo, pero también acciones de protesta en busca de propuestas gubernamentales que detengan la competencia desleal. Saben que está en riesgo su actividad, y "no porque no seamos competitivos, como dice el secretario Usabiaga (Javier, de la Sagarpa), sino por los enormes subsidios que reciben los agricultores estadunidenses y esas asimetrías que nos están destrozando".

Los agricultores estadunidenses tienen acceso a financiamiento para la producción y la comercialización, un andamiaje legal e institucional que genera confianza para realizar negocios, mientras que en México se dejó en el desamparo al sector.

Un año después de la entrada en vigor del TLCAN "se cayó el sistema financiero, los créditos para el campo desaparecieron y la banca prácticamente extranjerizada que tenemos tiene poco o ningún interés en el sector productivo nacional, y ante ello el gobierno federal no ha sido capaz de dar una respuesta a las necesidades del sector agropecuario", apunta Enrique Domínguez Lucero, director de la Confederación de Porcicultores Mexicanos.

Asevera que sin una política agropecuaria clara y que otorgue certidumbre no habrá inversiones. "Históricamente las administraciones anteriores privilegiaron la política de abasto sobre la producción. El abandono total del sector lo descapitalizó y desestimuló", indicó.

El sueño del beneficio del TLCAN se ha convertido en verdugo de miles de campesinos, dice Heladio Ramírez López, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC). "Se minimizaron las enormes e insalvables asimetrías existentes entre los socios, desde las que determinan las condiciones agrológicas, pasando por el desarrollo tecnológico y las infraestructuras productivas e institucionales, incluyendo las políticas de Estado en materia crediticia y de precios para proteger a los productores."

A manera de ejemplo de lo que califica de "trágica realidad", menciona: de las 265 mil hectáreas que trabajaban 25 mil productores de arroz hace 15 años, hoy sólo 43 mil son sembradas por 6 mil 500 arroceros; hace dos décadas se sembraban en Coahuila 45 mil hectáreas de algodón, y ahora quedan 6 mil hectáreas; los ganaderos están quebrando por la carne congelada que invade el mercado interno; 400 mil familias indígenas productoras de café están en la indigencia por el desplome del precio internacional del grano.

Con la desgravación total, a los sistemas de producción arruinados se sumarán la papa, cebada, miel, garbanzo, lenteja, cacahuate, avicultura, porcicultura, leche y pavo, abunda Ramírez López.

No es con apoyos mezquinos, blindajes frágiles o acciones dispersas como se podrá enfrentar una crisis productiva y social, asienta el dirigente de la CNC, organización que aglutina al mayor número de campesinos organizados del país.

Afirma que las miles de personas que viven del cultivo de la tierra y de la producción pecuaria "están en pie de lucha. Frente al atropello y los riesgos de los tiempos que corren -pérdida de la soberanía alimentaria y saqueadores que pretenden apropiarse de los recursos naturales- está la resistencia clasista y solidaria, pues, como dijo el primer ministro de Japón, el señor (Junichiro) Koizumi, producir alimentos es poder político".

Sin embargo, ante el concierto de productores agrícolas y pecuarios que están en favor de la revisión del apartado agropecuario del TLCAN, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Armando Paredes Arroyo, está en desacuerdo y evalúa: habrá problemas; las asimetrías y la falta de recursos para apoyar al sector no se pueden soslayar. Hay que buscar un esquema en el que productor primario y agroindustrial sobrevivan, que motive el diálogo entre ambos. La revisión del tratado no es la salida.

México tiene potencial productivo en hortalizas, pero es poca la superficie sembrada; hay que ampliarla. También se desaprovechan los tratados comerciales, ya que más de 80 por ciento de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos, 4.4 por ciento son para la Unión Europea y el comercio con otros países es prácticamente inexistente.

El gobierno -destaca- debe empujar y convencer a sus socios comerciales para que reconozcan la posición de menor desarrollo de México y lo ayuden a promover el impulso de su sector rural y agropecuario, con el propósito de conformar una verdadera economía regional para Norteamérica.


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