Explican fuentes del Ejército y PGR incursión en la sede antinarco en Tijuana

Agentes de la FEADS, acusados de exigir dinero y ocultar mariguana

Arrestados, cinco efectivos y el delegado de la dependencia en Baja California

JORGE ALBERTO CORNEJO Y CAROLINA GOMEZ CORRESPONSAL Y REPORTERA

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que las acciones llevadas a cabo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) de Tijuana, Baja California, se debieron a una solicitud de los titulares de las dependencias, con el propósito de verificar posibles irregularidades.

Asimismo aclararon que la FEADS, a cargo de Mario Estuardo Bermúdez Molina, "no dio cumplimiento a la instrucción" del procurador Rafael Macedo de que "todas las subsedes de la FEADS en el país se integraran operativamente bajo el mando de los delegados de la institución en los estados, con la finalidad de mantener la supervisión y el control sobre el personal de dicha unidad administrativa, por lo que se ordenó una investigación para deslindar responsabilidades".

También dio a conocer que, como resultado de la acción del Ejército y de las investigaciones de la PGR, "personal de la FEADS no puso inmediatamente a disposición del Ministerio Público de la Federación a los presuntos narcotraficantes Othoniel Díaz García y Jaime Díaz García, a quienes se les había decomisado un cargamento de aproximadamente cuatro toneladas 800 kilogramos de mariguana, un fusil AK-47 y dos vehículos".

Además dieron a conocer en un comunicado que los presuntos narcotraficantes, al declarar ante la representación social de la Federación, aseguraron que "los servidores públicos de la FEADS Luis Alberto Tadeo Alvarez, Alfonso Medina Bautista, Alejandro García Flores, José Miguel Uribe, Marco Antonio Reyes Díaz, Guadalupe Jaquelín Muñiz Cabrera y Verónica Elizabeth Lizárraga Aguila les exigieron 2 millones de dólares a cambio de su libertad y de la devolución de la droga".

Producto de las irregularidades detectadas, este domingo se ejerció acción penal por los delitos de "extorsión, contra la salud en su modalidad de colaboración de fomento al narcotráfico, contra la administración de justicia y privación ilegal de la libertad" contra los siete agentes de la FEADS detenidos por los militares el pasado viernes.

El subprocurador de Procedimientos Penales C de la PGR, José Jorge Campos Murillo, llegó a la sede de la dependencia en la Mesa de Otay, en Tijuana, la cual permanece custodiada por elementos castrenses. Ahí reveló que los detenidos, incluido el comandante de plaza José Miguel Uribe, permanecerán en esta ciudad, donde se integró la averiguación 52/2003 en su contra.

El Ejército continúa resguardando la sede de la FEADS en la la Mesa de Otay, donde bases castrenses del 28 batallón de infantería, que llevaron a cabo una verificación del armamento y las medidas de seguridad en las instalaciones, detectaron que en éstas se encontraban las casi cinco toneladas de mariguana que los agentes de la FEADS decomisaron en días pasados y que no habían sido puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Un grupo interdisciplinario de la PGR, que fue enviado de la ciudad de México, tomó las instalaciones de la FEADS en la región, con el propósito de hacerse cargo de los asuntos pendientes.

Por otra parte se informó que los agentes detenidos, así como dos civiles presuntamente relacionados con los hechos, fueron trasladados anoche del cuartel de la segunda zona militar de esta frontera a la delegación estatal de la PGR, donde durante la madrugada de este domingo rindieron sus declaraciones. Una fuente de la PGR que pidió el anonimato indicó que entre los detenidos se encuentran el delegado de la FEADS en la entidad y el comandante José Miguel Uribe, así como cinco agentes de menor rango. La noche del sábado un convoy de seis camiones militares trasladó a los agentes de la FEADS a las instalaciones de la PGR.

Los presuntos narcotraficantes fueron puestos a disposición de un juez penal federal y la droga, los vehículos y el arma fueron decomisados por el Ministerio Público.