Opina que falla el combate a las drogas
Muy querida Carmen: El editorial de ayer de La
Jornada debiera despertarnos profundas preocupaciones. Hasta donde
la vista alcanza, "el combate" a las drogas no va bien; todo lo contrario,
a pesar de la propaganda oficial. Seguimos teniendo un enfoque exclusivamente
criminal y no social del problema. Vamos para atrás, puesto que
en 1992 se puso en vigor el Programa Nacional para el Control de Drogas.
Se intentó dar un enfoque integral al tema mediante una nueva estrategia
que abandonaba la visión exclusivista de orden delincuencial.
Se proponía atender el problema con un proyecto
de amplia participación del gobierno en todos sus niveles, de los
padres de familia, maestros, empresarios, médicos, académicos,
intelectuales, organizaciones de trabajadores, de campesinos y fuerzas
sociales de todo orden en un esfuerzo coordinado. Por el gobierno federal
participaron 10 secretarías. Se trataba pues de generar una cultura
de amplia información sobre las adicciones, de ofrecer tratamiento
rehabilitatorio, de abrir fuentes alternativas de producción agrícola,
de combatir el delito y de ampliar la cooperación internacional.
Todo ello empezó a lograrse.
Esta era una tarea esencial de coordinación, pero
el gobierno de Ernesto Zedillo ante el problema creado por el general Jesús
Gutiérrez Rebollo, con una decisión desinformada y arrebatada
desmanteló al instituto, órgano responsable de ello, como
ahora se ha desmantelado a un batallón de infantería en Sinaloa
y seguramente en unos días a la FEADS, en una estrategia más
bien destinada a dar respuesta pronta a la opinión pública
que a lograr resultados verdaderos. No es destruyendo instituciones como
se alcanzan sus fines. Se alcanzan básicamente perfeccionando sus
objetivos, mejorando sus estrategias, sus controles y sus recursos,
básicamente los humanos.
No se llegó en aquel tiempo -había que dar
un paso intermedio- a una indispensable discusión sobre los beneficios
posibles de una estrategia de rigidez contra una estrategia de paulatina
despenalización. Diez años después, para el gobierno,
más por ignorancia que por convicción, es un tema vedado
a priori.
Nos sorprendería saber la amplitud con que el tema
de la despenalización se discute en el seno de la sociedad liberal
estadunidense (ver revista Time, 4 de noviembre de 2002: "¿Is
America going to Pot?"). Esto es, en México somos más papistas
que el Papa. Mientras tanto, el gobierno federal sigue la agenda de la
estrategia oficial estadunidense. Ni siquiera nos ofrecemos alternativas
intermedias.
Jorge Carrillo Olea
Aclaración de Sagarpa a informes de El campo
no aguanta más
Señora directora: Para la correcta información
de sus lectores envío estas líneas, ya que carece de veracidad
y no tiene fundamento alguno la consideración de los voceros del
movimiento El campo no aguanta más respecto a una supuesta instrucción
del titular de Gobernación a la Secretaría de Agricultura
"para que en la convocatoria se incluyera a la iniciativa privada y además
no participaran en las negociaciones directamente los secretarios de Agricultura,
Economía y Relaciones Exteriores", contenida en el cuerpo de la
información de su excelente reportera Matilde Pérez bajo
el título "Organizaciones del campo suspenden el diálogo",
publicada en la página tres de la edición de La Jornada
correspondiente al 15 de enero pasado.
Sin otro particular la saludo cordialmente.
Oscar Ramírez Suárez, coordinador de
Comunicación Social de la Sagarpa
Precisiones de Acción de los Cristianos para
la Abolición de la Tortura
Señora directora: Este 17 de enero salió
una nota publicada en su prestigiado diario -página 46- relacionada
con la reapertura de la averiguación previa por tortura del caso
de Alfonso Martín del Campo. Al final de ella se afirma: "Aunque
el contenido del informe de la CIDH al gobierno 'es confidencial', y sólo
se hará público si no se acata, ACAT logró saber que
dicho documento iría en el sentido de dejar en libertad a Alfonso
Martín del Campo".
Al respecto, quisiera aclarar que Acción de los
Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) no ha logrado
conocer el contenido de dicho informe, sino que sospecha que el sentido
de la recomendación propone la liberación de Martín
del Campo.
Muchas gracias.
Arturo Requesens Galnares, asesor jurídico de
ACAT
