Moviliza el gobierno boliviano al ejército; los detenidos, a penales de alta seguridad

Intelectuales y ONG piden a Sánchez de Lozada que cese represión a cocaleros

Estudiantes se suman al movimiento campesino y mineros convocan a un paro nacional

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 20 de enero. En momentos en que la crisis en Bolivia se agudiza, en el octavo día de bloqueos carreteros por parte de campesinos, y en la víspera de un ultimátum al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, organismos humanitarios de Argentina llamaron a solidarizarse con el pueblo del país vecino, y conjuntamente con intelectuales bolivianos pidieron al mandatario un giro urgente de política y el cese de la represión, que ha dejado siete muertos, decenas heridos y más de mil detenidos.

El enorme movimiento de protesta que los medios de prensa tratan de instalar únicamente como asunto de los campesinos cocaleros, tiene el apoyo de sectores estudiantiles, mientras los jubilados siguen en pie de lucha para que se respeten sus pensiones, luego de haber realizado el viernes una marcha desde Patacamaya a La Paz.

A su vez, los mineros convocaron a un paro nacional de 24 horas este martes por la muerte de uno de sus afiliados el sábado, y también en adhesión a la protesta de los campesinos encabezados por Evo Morales.

La situación en Bolivia por momentos parece de guerra ante el enorme desplazamiento militar, dijeron dirigentes de derechos humanos consultados por La Jornada vía telefónica.

El movimiento campesino del Departamento de Santa Cruz denunció la brutal represión contra la protesta que obedece "a la desesperada situación de pobreza y marginación en que nos encontramos".

Un comunicado enviado a esta corresponsalía anoche denuncia que "las detenciones arbitrarias, sin que exista ningún delito, son realizadas por fuerzas militares mediante allanamientos violentos y sin mandamientos ni orden de autoridad competente. En estos irregulares procedimientos, se han destrozado las viviendas, robando las pertenencias de sus habitantes y propinando fuertes palizas a supuestos bloqueadores (de carreteras) y a sus familiares".

Se ha denunciado también la detención en la zona de Chapare, departamento de Cochabamba, de campesinos que son recluidos en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, "fuera de la jurisdicción de las autoridades competentes", así como en otros lugares del país.

Señala el comunicado que en todos los casos los detenidos han sufrido golpizas y torturas, no han tenido acceso a abogados y no se les permite en sus declaraciones dar testimomio de los abusos a que fueron sometidos.

"A varios de ellos se les mantiene en penales de alta seguridad, como el tristemente famoso Chonchocorito, zona de aislamiento del penal de Palmasola, en Santa Cruz, como si fueran los más peligrosos criminales. Además se les mantiene sin comida, casi sin vestimenta, sin calzado y sin la atención médica que muchos requieren", denuncia el texto.

Ante estos atropellos, "las organizaciones campesinas de Santa Cruz decidieron: mantener y masificar las medidas de presión hasta que se dé solución efectiva a las demandas planteadas por los sectores sociales en conflicto; promover y respaldar el juicio de responsabilidades que los diputados indígenas y campesinos iniciaran contra el Presidente de la República y los ministros correspondientes, por el asesinato, agresiones físicas, sicológicas y detenciones ilegales de nuestros hermanos campesinos y por la muerte de los ancianos rentistas; mantener las acciones de denuncia internacional para que se constituya en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se restablezcan las libertades fundamentales que se encuentran suspendidas de hecho por acción de las fuerzas militares".

El líder y ex candidato presidencial Evo Morales, a su vez, ha urgido a Sánchez de Lozada a que resuelva para este martes las demandas sociales, porque si no, advirtió, se buscará su salida con un bloqueo nacional de carreteras y movilizaciones generales. Pero el mandatario respondió advirtiendo que si la situación "lo necesita", dictaría el estado de sitio.

Morales también se manifestó recientemente ante la designación del nuevo embajador de Estados Unidos. "Respetamos y queremos que Bolivia tenga relaciones internacionales, pero donde haya respeto mutuo. Pero (esto no ocurre) cuando el presidente estadunidense designa un señor como David Greenle, que está implicado en matanzas y narcotráfico" dijo.

Greenle llegó por primera vez a Bolivia en la década de los años 60 como integrante del Cuerpo de Paz, en la década de los 80 volvió como jefe de la CIA, y de acuerdo con el periodista Wilson García Mérida, "descabezó" la embajada para dirigir personalmente la lucha contra el narcotráfico, dejando en el país "un sórdido recuerdo: la llegada de tropas del Comando Sur al Chapare".