Señora directora: La reciente toma violenta de las instalaciones de Canal 40 por parte de Tv Azteca, que proveyó de armas de alto poder a un grupo de sujetos para llevar a cabo este acto delictivo, nos muestra una vez más que en el gobierno panista no existe el estado de derecho: lo que tenemos es un derecho de Estado que sólo refleja los intereses de un reducido grupo que tiene el poder y el dinero.

Ante este hecho a todas luces ilegal, del cual se desprenden diversos delitos -despojo agravado, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, por señalar algunos-, las autoridades federales y locales han hecho caso omiso.

La PGR hasta el momento ha actuado con gran tibieza y negligencia, pues ya debía haber ejercido acción penal en contra de los sujetos que cometieron estos delitos y al mismo tiempo restituir a Canal 40 el uso de sus instalaciones y de su concesión.

Sin embargo, no solamente no han llevado a cabo ninguna de estas medidas, sino que la Secretaría de Gobernación, la de Comunicaciones y Transportes, todas dependientes del Ejecutivo federal, han asegurado las instalaciones de Canal 40 y suspendido la señal, actos absolutamente ilegales, puesto que en la práctica significa que confiscaron bienes en perjuicio de Canal 40 y de todos sus trabajadores, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución en el artículo 22.

En casos excepcionales esta medida solamente puede ser aplicada por una autoridad judicial, es decir, por un juez, pero nunca por una simple autoridad administrativa, como son Gobernación y Comunicaciones.

Estos actos son sumamente delicados, pues hasta ahora los grupos paramilitares operaban solamente en el ámbito rural patrocinados por caciques, pero ahora vemos que ya operan en la ciudad, lo que significa que el gobierno está totalmente inmovilizado y que ya no cumple su función primigenia, que es garantizar los derechos ciudadanos a la vida, la libertad, posesiones, propiedades, a la legalidad, seguridad personal y a la justicia.

Los ciudadanos están absolutamente desprotegidos y a merced de los caprichos e intereses más obscuros y atrasados. Exigimos que se aplique la ley de manera imparcial y de una vez por todas se termine con la impunidad y la aplicación caprichosa y discrecional de las leyes.

Bufete Jurídico Tierra y Libertad AC. Bárbara Zamora y Santos García

Querida Carmen: Mucho te agradeceré la publicación de la siguiente carta dirigida a Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública.

Con frecuencia me detienen elementos de la PFP después de cruzar la caseta de cobro de la carretera Cuernavaca-México DF. El argumento ha sido que se trata de un operativo para detectar drogas, carros robados y armas.

La primera vez que me detuvieron les pregunté si no estarían violando el artículo 16 constitucional que, como bien sabes, dice: "Nadie puede ser molestado en su persona (...) o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

Cuando les recité el artículo me dejaron ir sin revisar mi automóvil. La segunda vez, el mismo policía me dijo: "Ya lo paré la semana pasada. Váyase". Y me fui. Estoy totalmente de acuerdo con que se prevengan los delitos mencionados, pero me pregunto si no habrá alguna forma en que dicha prevención no tenga que cuestionar la Constitución. ¿No es un mal precedente? ¿No dice el artículo 21 constitucional que la actuación de las instituciones policíacas se regirá por los principios de legalidad? ¿No está por encima del artículo 4-III-a de la Ley de la PFP nuestra Constitución Política? ¿No es primero el artículo 16 que el 21? Por lo demás, te felicito por criticar la Cero tolerancia.

Octavio Rodríguez Araujo

Señora directora: Por medio de la presente aclaramos algunas aseveraciones de la carta publicada el 19 de enero, firmada por Dive Hernández y Antonio Palomo, del FZLN DF.

La delegación Coyoacán desmiente categóricamente los supuestos actos de "acoso, hostigamiento y agresiones verbales" por parte del director de Gobierno de esta demarcación, Heriberto Gasque, hacia los integrantes de dicha organización, ya que cualquier persona u organización política es libre de manifestar sus ideas en la vía pública; sin embargo, es importante señalar que dichas personas se han abocado a ejercer el comercio de manera arbitraria, toda vez que existe un marco de regulación específica para esta actividad.

Si los señores Hernández y Palomo desean vender su mercancía deberán registrarse en el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y cumplir con la norma del Gobierno del DF. En referencia a las supuestas agresiones por parte de los funcionarios de esta demarcación, hay un video que comprueba que los elementos de seguridad y ordenamiento en vía pública nunca los hostigaron ni los agredieron, simplemente se les exhortó a evitar comerciar, pues una cosa es la actividad política y otra la comercial.

Si por algo se ha caracterizado la presente administración es por su tolerancia y diálogo abierto con todos y cada uno de los ciudadanos y con organizaciones políticas o sociales, independientemente de su ideario.

Luis Lavalle Tommasi, coordinador de Comunicación Social

Señora directora: La entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN puso en el orden del día la defensa del campo mexicano. Los campesinos y los pueblos indígenas se encuentran en una situación de competencia desleal frente a los productores estadunidenses desde siempre, pero a partir de este mes esta situación se agrava. Deberán además enfrentar subsidios adicionales que aprobó el gobierno del presidente Bush. Con esto se daría el tiro de gracia a 25 millones de mexicanos.

El futuro desastroso del campo mexicano con el TLCAN sería el futuro de todos los mexicanos si no se declara una moratoria y se reabren las negociaciones de dicho capítulo.

Las organizaciones de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), como son: Ucizoni, RMALC, MAIZ, UCEZ "VIVE", CIEPAC, PRT, CDH Tepeyac, CACTUS, Red Cualli Nemilistli, que mantenemos un frente de organizaciones sociales y civiles contra el Plan Puebla-Panamá, ALCA, TLCAN y todo intento de megaproyecto de inversión neoliberal que pretenda desmantelar nuestra biodiversidad, materias primas y nuestra soberanía alimentaria, nos sumamos al llamado de nuestros hermanos campesinos del movimiento El campo no aguanta más, porque su lucha es la lucha de todos. Por ello nos movilizamos en nuestras regiones desde el 20 de enero y participaremos en la concentración en la ciudad de México el 31 de este mismo mes.

Responsable: J. Martín Velázquez y Rodolfo Chávez

A foro sobre el campo

Ante el rezago del campo mexicano y la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN, estudiantes de la FCPS de la UNAM invitamos al foro El campo no aguanta más, hoy a las 11 horas en la sala Lucio Mendieta.

Participan Federico Valle de CIOAC, Carlos Ramos de la CNPA y Alberto Gómez de la UNORCA. Estudiantes: Marta Rodríguez y Haydée Martínez.