John Saxe-Fernández
EU: regime change y guerra
Ahogados por el creciente murmullo de los tambores de guerra y la gran alharaca bélica que diariamente transmiten los medios de comunicación desde el Pentágono, la Casa Blanca, y algunas veces el Congreso de EU, se han esfumado de la atención pública, para gran alivio de Bush, los temas álgidos que se derivan de los acontecimientos que desembocaron en el 11/9.
Entre los aspectos que más han llamado la atención en torno al encadenamiento de eventos que culminaron en los ataques contra miles de civiles indefensos en las Torres Gemelas y el Pentágono, están, por una parte, el deterioro sistemático de los mecanismos de detección y prevención de ataques terroristas que se observó desde el ingreso del nuevo gobierno y que se mantuvo hasta el 11 de septiembre, y por la otra, el amplio conocimiento de Bush y su equipo sobre los escenarios posibles, incluyendo el uso de aviones de pasajeros como armas de guerra. No sabemos si fue coincidencia, pero, según informes recabados por varias firmas de Wall Street, la semana previa al ataque se observó un anómalo desplome en los precios de las acciones de corredurías domiciliadas en las Torres, compañías de seguros y de las empresas de aviación -excepto KLM-, directamente afectadas por esos eventos.
La Agencia de Seguridad Nacional, que rutinariamente hace el seguimiento de cualquier irregularidad de estos flujos y manipulaciones bursátiles, hasta el momento no ha sido investigada ni cuestionada por algún grupo investigador independiente mientras los ataques selectivos con ántrax han quedado en el olvido, a pesar de su extraordinaria importancia para esclarecer las fuentes de los ataques. Aunque de manera explícita Bush, Cheney, Rumsfeld, Ashcroft y Condoleeza Rice han expresado que jamás habían contemplado o siquiera "visualizado" situaciones de esta naturaleza, varios documentos de los organismos de seguridad habían informado a la Casa Blanca, desde el 6 de agosto, sobre escenarios semejantes a los ocurridos en septiembre.
De esto se desprenden, al menos, dos grandes hipótesis: la primera, con implicaciones graves y alarmantes, y la segunda, política y constitucionalmente devastadora para el gobierno de Bush: una abúlica incapacidad de los organismos de inteligencia y seguridad a su mando para actuar y evitar la catástrofe, o bien la adopción de una postura pasiva encaminada a mantener diversas ventanas de oportunidad para el desencadenamiento de los eventos, sin que el gobierno estuviera directamente involucrado, sino por medio de un meticuloso seguimiento de la actuación de las células terroristas, monitoreadas en todos sus movimientos por el sector de operaciones clandestinas. Aunque esta vertiente requiere mayor sustentación documental y testimonial, sea una hipótesis o la otra, el uso político-constitucional y de seguridad nacional e internacional, así como bélico-industrial que se ha dado a esos acontecimientos, apunta a que se ha efectuado una suerte de regime change en EU con graves efectos domésticos y estratégicos.
Bajo Bush, Washington se convierte en la principal amenaza a la seguridad estratégica y política del orbe, ya que se comporta de manera unilateral y unidimensional, ahora a punto de lanzar un vasto ataque a Irak, a pesar de las crecientes divergencias con algunos de sus aliados, militarizando y geopolitizando las relaciones económicas y políticas internacionales, negándose a suscribir el protocolo contra armas biológicas y químicas y rechazando otros, como el de Kyoto. Al renunciar a tratados de limitación de armas estratégicas se abren las puertas a otra carrera armamentista e incluso al uso de dicho tipo de armamento en el inicio de una guerra, con o sin advertencia previa, según un documento secreto filtrado a la prensa.
Pero si Bush ha gestado el mayor rechazo global a Washington registrado en los pasados 50 años como indican las masivas protestas contra la guerra, la sociedad estadunidense se encuentra también dividida respecto a los precipitados preparativos de guerra. En ese contexto la Casa Blanca está consciente de que se incrementarían los costos domésticos de cualquier investigación independiente sobre el comportamiento, las decisiones y los documentos de su gobierno vinculados con el 11/9 y del tejido que le rodea de operaciones clandestinas, el terrorismo, la seguridad interior e internacional.
La propuesta de que Kissinger presidiera una comisión independiente sobre los atentados -que el ex secretario de Estado finalmente declinó- indica la intención de dominar las indagaciones, por medio de personajes con larga trayectoria, compromiso y afinidad política, y con en el aparato de operaciones clandestinas. Pero la veda de Bush va más allá, hasta lo insostenible. Según datos recabados por Adam Tanner de Reuters, Stephen Push, un viudo cuya esposa pereció en el avión que se estrelló contra el Pentágono, condenó públicamente al gobierno de Bush por esconder información durante el juicio que se realiza en Alemania contra Mounir El Motassadeq, involucrado en el 11-9.
La excitabilidad de la Casa Blanca se entiende mejor si se tiene presente que Push es cofundador del grupo Familias del 11-9, que representa a mil 300 sobrevivientes de las víctimas que naturalmente quieren saber por qué sucedió esa tragedia y no se evitó. Push está personalmente "...preocupado por la manera tan vigorosa con que el gobierno de Bush nos está atacando: primero para evitar que se ponga en marcha cualquier investigación independiente, y luego, cuando finalmente aceptaron una investigación independiente, (me preocupa) su lucha (de Bush) por lograr el control de la investigación (... ) Hemos tenido grandes dificultades para obtener información sobre el 11-9 del gobierno de EU. Me pregunto, Ƒqué tienen que esconder?"
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