Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 5 de febrero de 2003
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Sociedad y Justicia

Reprochan a legisladores "pasividad ante la barbarie"

Se desnudan en la Cámara activistas pro defensa del Casino de la Selva

CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO

Desde el vestíbulo del salón verde, donde sesionaba la Comisión Permanente, una veintena de jóvenes del Frente Cívico pro Defensa del Casino de la Selva sumó a su campaña de ayuno y reflexión un acto que sorprendió a todos. Su intención era ingresar al salón de plenos, pero el equipo de seguridad de San Lázaro les bloqueó el acceso, aunque no pudo contener los gritos de condena a los legisladores por su "pasividad frente a un acto de barbarie" que vienen denunciando desde hace un año y siete meses.

Ante el asombro de todos, los jóvenes se despojaron de sus ropas al tiempo que gritaban: "šParque sí, Costco no, no, no!". Junto a ellos, la actriz Ofelia Medina secundaba los gritos de este grupo que insistentemente, aunque sin éxito, convocó a los legisladores a defender el patrimonio cultural que encierra el Casino de la Selva.

Ni la desnudez de los manifestantes ni sus gritos consiguieron la atención de diputados y senadores, quienes permanecieron en el salón de plenos sin dar importancia a este evento.

Pasados unos minutos, los manifestantes volvieron a vestirse y salieron a la explanada, donde manifestaron su condena a los gobiernos federal, estatal y municipal por su falta de sensibilidad ante el evidente impacto negativo que el proyecto causaría a los ciudadanos de Cuernavaca, además de la incompetencia y negligencia con que han manejado este asunto.

Ofelia Medina insistió en la suspensión inmediata de los trabajos de la empresa Costco-Comercial Mexicana en el predio del que fuera el Casino de la Selva, para evitar daños irreversibles, como la destrucción total de una zona habitacional del preclásico olmeca, reconocida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la expropiación de este sitio para uso público, el retiro inmediato de los cargos penales imputados a miembros del Frente Cívico, el pasado 21 de agosto de 2002, y la adopción inmediata de medidas para detener la destrucción del patrimonio cultural.

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