Foro sobre la reforma laboral, organizado por Casa Lamm y La Jornada

Intensifica la STPS acciones para que se apruebe su iniciativa: expertos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La Secretaría del Trabajo y previsión Social (STPS) intensificó el cabildeo con diputados en busca del consenso para sacar adelante su iniciativa de reforma laboral y para lograr la aprobación legislativa "en lo oscurito", advirtió el abogado Néstor de Buen, mientras que Arturo Alcalde, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sostuvo que organizaciones como la CROC y la CTM pretenden que esta iniciativa gubernamental sea aprobada en la Cámara de Diputados "en quietud", para que no afecte la situación electoral de este año y no se pierdan votos de los sindicatos.

En un foro sobre la reforma laboral organizado por Casa Lamm y La Jornada, los abogados señalaron que la dependencia que encabeza Carlos Abascal está buscando todas las formas de lograr el consenso legislativo y alertaron que la iniciativa gubernamental es retrógrada, demagógica y vela únicamente por los intereses del sector empresarial, además de que retrocede varias décadas los derechos ganados por los trabajadores del país.

En la mesa también participó la perredista Rosa Albina Garavito, quien dijo que la reforma Abascal condena a México a ser un país maquilador, a mantener míseros salarios, y abre la puerta para que se aumente la jornada laboral de 48 horas a discrecionalidad de los patrones.

En una concurrida sesión, los ponentes hicieron un recuento de las principales disposiciones que contiene la iniciativa gubernamental: define unilateralmente las condiciones de trabajo; perpetúa las condiciones del sindicalismo corporativo; imposibilita la conformación de nuevos sindicatos y deja abierta la puerta para que la jornada laboral se pueda extender más allá de las 48 horas semanales, según lo considere unilateralmente el patrón, entre muchos otros propósitos.

Garavito, quien es miembro de la Comisión Política Consultiva del PRD, señaló que incluso la iniciativa de reforma que impulsa el secretario Carlos Abascal, agrega un párrafo en el que establece que empleados y trabajadores podrán coincidir en "tareas extras", es decir, está legalizando la intensificación de la jornada de trabajo por el mismo salario; porque además deja intocable el régimen salarial vigente.

Habla de incrementar la productividad pero no de cómo ésta vaya a mejorar el salario de los trabajadores, e incluso parece que son las bajas remuneraciones lo que se quiere utilizar como "gancho" para atraer inversión empresarial, expuso, y planteó que el Congreso tiene el gran desafío de no dejarse mayoritear.

Néstor de Buen señaló que la Secretaría del Trabajo ha intensificado sus cabildeos para lograr la aprobación de esta reforma, la cual es totalmente retrógrada. "Quiere lograr en lo oscurito que esta iniciativa sea votada a favor", y aun cuando los sindicatos democráticos sí están a favor de una reforma, no permitirán que se imponga un cambio legal que signifique un retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores.

El abogado laboralista indicó que Abascal pregona como "grandes logros" de esta iniciativa el que en materia de despido laboral se agrega que no se podrá retirar de un puesto de trabajo a ninguna persona por causas de hostigamiento sexual, embarazo, por tener hijos menores o por cambiar su estado civil; sin embargo, la ley actual ya considera esta situación. Dijo que el problema de esta reforma, en realidad, es político, porque se quiere imponer una estrategia laboral que responda a las necesidades del gobierno y de los empleadores, exclusivamente.

Por su parte, el abogado Arturo Alcalde denunció que el sindicalismo en México se ha convertido en el negocio más detestable, porque se comercia con las necesidades de los trabajadores, donde 90 por ciento de los sindicalizados no saben ni quién los representa, "porque así lo quieren los empresarios", y donde el Estado interviene en la vida de los sindicatos. Así, la reforma laboral propuesta por la Secretaría del Trabajo es un producto negociado entre los que viven del tráfico de sindicalizados y el gobierno.

Puntualizó que las disposiciones que contiene este proyecto hacen más difícil el registro de sindicatos, se establecen condiciones imposibles de cumplir para poder registrar un contrato colectivo, nulifican los derechos colectivos para que "los empresarios estén más tranquilos"; sólo se dará derecho a huelga a "sindicatos serios" o los que el gobierno considere como tales, y hacen más difícil lograr la titularidad de los contratos. Convierten aún más al mundo del trabajo en una "propiedad privada", concluyó.