Exigen diálogo directo con el gobernador, ante los constantes reclamos de justicia

En Oaxaca "no hay estado de derecho", afirman integrantes de la marcha mixteca

Reciben confirmación de que les asiste la razón; "entonces por qué no aplican la ley", dicen

ROSA ROJAS ENVIADA

Huitzo, Oax., 5 de febrero. Los indígenas de las comunidades mixtecas de San Pedro Yosotato y Santa Catarina Yosonotú recibieron hoy aquí -como ayer en Huajuapan- la confirmación de que la razón y el derecho está de su lado en el conflicto que viven con sus vecinos del municipio de Santa Lucía Monteverde.

Esta vez fue el director de la Junta de Conciliación Agraria, Encar Manuel Zamora Domínguez, quien se los dijo, pero los agraviados volvieron a cuestionar: "y si tenemos la razón, Ƒentonces por qué no hacen valer la ley? En Oaxaca no hay estado de derecho", le reprocharon.

La marcha-caravana que partió hace dos días de Tlaxiaco, en la que participan habitantes de ambas comunidades, así como de San Isidro Vista Hermosa y San Miguel Progreso -aproximadamente 600 personas, entre hombres, mujeres y niños-, en demanda de solución a los problemas agrarios, políticos y sociales que enfrentan, llegó este mediodía a la caseta de peaje de Huitzo, sobre la carretera de cuota que une a la ciudad de México con la de Oaxaca.

A sólo 24 kilómetros de distancia de la capital oaxaqueña, los marchistas se detuvieron antes de cruzar la caseta y ahí se dedicaron a volantear y botear entre automovilistas y camioneros para darles a conocer las razones de su movilización y solicitarles, además de solidaridad, alguna cooperación para solventar los gastos de la marcha: gasolina, comida, agua, alquiler de algunos vehículos... "Nuestra meta no es precisamente llegar a Oaxaca, sino que se arreglen nuestros problemas", indicó a esta enviada uno de los dirigentes.

Los indígenas amenazaron con bloquear la caseta de peaje, si no recibían respuesta, lo que hasta al caer la tarde no había ocurrido.

Hasta este punto llegó Zamora Domínguez, "de parte del secretario de Gobierno", Héctor Anuar Mafud Mafud, con el mensaje de que el funcionario los recibiría para tratar de buscar alternativas de solución a los problemas que afectan a los marchistas. Sin embargo, les recordó que, como se ha dicho en otras ocasiones, "los problemas agrarios no son competencia del gobierno estatal".

El funcionario planteó que en la mesa de negociación podría estar también el procurador de Justicia del estado, ya que también hay denuncias penales derivadas de los conflictos agrarios por la invasión de tierras en Yosotato y Yosonotú por parte de sus vecinos de Monteverde con sus anexos Nopalera y Zimatlán.

Zamora Domínguez reconoció: "en algunas pláticas no hemos tenido avances", porque los de Monteverde se niegan a cualquier conciliación.

Sus interlocutores, autoridades actuales y pasadas de las comunidades agraviadas, lo cuestionaron: "nosotros hemos estado muchas veces con usted y el procurador, y no hemos resuelto nada; la mesa pasada estuvimos con los de Monteverde y al final le dijeron a su licenciado 'aquí no vamos a arreglar nada', por eso decidimos que queremos hablar con el gobernador, porque en los problemas agrarios no tiene competencia, pero en los del estado de derecho sí, y los de Monteverde, usted sabe, tienen armas de alto poder; aquí no se ha aplicado el estado de derecho".

Le recordaron al director de la Junta de Conciliación Agraria que el 23 de abril los de Monteverde balearon a la gente de Yosonotú y a los comisionados para realizar una diligencia de límites. "Se interpuso denuncia penal y ya han pasado 11 meses, Ƒqué han hecho ustedes? No han hecho nada; no conocemos el derecho los indígenas", y hay decenas de familias desplazadas de sus tierras, a quienes los de Monteverde les han destruido sus casas. "Esos casos sí le competen al gobernador y al procurador", subrayaron.

Maestros de Yosonotú informaron al funcionario que se cerraron las 10 escuelas primarias y secundarias de la comunidad ante la inseguridad provocada por la presencia de vecinos de Monteverde armados. "ƑDe qué diablos nos sirve tener la razón, cuando la ley no es aplicable?", insistieron.

No obstante, los participantes en la marcha decidieron entregarle al enviado del secretario de Gobierno un pliego petitorio que será la base de la mesa de negociación, en principio, con aquel funcionario.

La comunidad de San Pedro Yosotato demanda que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra los invasores de sus tierras ejidales (vecinos de Nopalera y Zimatlán), la desocupación inmediata de los terrenos en poder de gente armada de Monteverde, y el establecimiento de medidas de seguridad para que los ejidatarios puedan regresar a sus predios.

Además, la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los ejidatarios de Yosotato que defienden sus tierras, la reposición de las casas que les fueron destruidas durante la invasión, que se brinde seguridad a la comisión del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan para que se ejecute la sentencia del 11 de abril de 1997 en su favor.

Santa Catarina Yosonotú exigió el desalojo de las mil hectáreas comunales invadidas por Monteverde, el establecimiento de elementos de Seguridad Pública para evitar la tala ilegal de sus bosques, indemnización por las casas quemadas durante la invasión, y la agilización de averiguaciones previas por homicidio, abigeato, daños y tentativa de homicidio.

San Isidro Vista Hermosa requirió que se agilice su solicitud de desincorporación administrativa y territorial del municipio de Santa Cruz Nundaco, para incorporarse al de Tlaxiaco -los trámites deberá realizarlos el gobierno estatal-, y en lo que dure este proceso las participaciones municipales correspondientes sean entregadas directamente a la agencia municipal de San Isidro. Asimismo, cancelar órdenes de aprehensión contra ex autoridades acusadas de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, "por aplicar justicia de acuerdo con lo establecido por la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado".

San Miguel Progreso demandó la autorización de presupuesto para la introducción de agua potable en la comunidad, según el proyecto elaborado por la dirección de Etnodesarrollo de la Secretaría de Asuntos Indígenas.

Las negociaciones entre los marchistas y las autoridades del gobierno de Oaxaca comenzaron por la noche.