Ramón Vera Herrera
La legitimidad de una propuesta
La clase política actúa como si nada tuviera consecuencias, como si la historia no existiera, y tiende un velo entre las palabras y los hechos. Pero la historia es lucha contra el olvido o el sin sentido, contra todo lo que las clases político-económicas, que deciden por el resto del país, quisieran borrar para que la gente no entienda lo que se hace a su espalda.
Hay que recordarle a Pablo Gómez que el proceso de legitimación de la propuesta de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación el 29 de noviembre de 1996 (que traducía a términos jurídicos los acuerdos de San Andrés), no arrancó de una negociación cerrada entre el EZLN y el gobierno federal, sino de un amplísimo diálogo entre cientos de representantes y dirigentes de comunidades, municipios, organizaciones, organismos no gubernamentales y expertos en la materia, que reflejaron muchas corrientes de pensamiento, no sólo las de las cúpulas o los intelectuales de PRD, PRI, PAN o PT
Fue toda esa gente, dialogando pública y directamente con el gobierno en San Andrés, la que aterrizó esos documentos que reflejan el consenso real que existía entonces en torno a autonomía y otros muchos aspectos del reconocimiento de los pueblos indios (los comandantes zapatistas nomás veían; todos los que participaron saben que al inicio dijeron: "la línea es que no hay línea"). Tan sólo en el periodo comprendido entre el rechazo gubernamental a la ley Cocopa en diciembre de 1996 y agosto de 1997, conjuntaron el respaldo expreso de más de mil organizaciones sociales, más de 10 coordinadoras nacionales de organizaciones independientes y miles de organismos no gubernamentales, comunidades eclesiásticas y comunidades rurales, sin que mediara una consulta expresa y planeada.
La consulta por el reconocimiento de los derechos indígenas y por el fin de la guerra de exterminio, efectuada entre el 16 y el 21 de marzo de 1999, se concretó en casi dos terceras partes de los 2 mil 400 municipios del país, y 5 mil delegados zapatistas recorrieron unas 10 mil comunidades rurales y barrios urbanos. Fue un nuevo impulso hacia un diálogo nacional entre diferentes fuerzas, actores y corrientes del pensamiento. Siendo eficaz y verdadero, no fue un proceso del centro hacia las periferias dispersas. Nunca como en la consulta estuvo más muerta la vieja máxima comunista de que "hay que educar o concientizar a las masas".
La consulta abrió, por lo menos, 10 mil espacios de reflexión y encuentro. Más de tres millones de votos y un millón en asambleas comunitarias fueron un buen cale del consenso para los acuerdos de San Andrés, sin los fondos del erario público que los candidatos dilapidan al promoverse. Calculen lo que esto significa en las cuentas electorales y en las encuestas que crean opinión, no sólo la describen.
La caravana de la dignidad indígena fue el remate de todo ese proceso. La amplia movilización, desde abajo, no deja dudas. A la fecha, el movimiento indígena nacional sigue reivindicando los acuerdos de San Andrés (que hoy quiere sesgar Pablo Gómez) y la propuesta de reformas de la Cocopa de 1996. ƑQuién reivindica la reforma aprobada por los sacrosantos legisladores a principios de 2001?
Así, quejarse de lo firmado en los acuerdos es querer evadir el punto de por qué todos los senadores y muchos diputados avalaron una reforma que despreció por completo un proceso de legitimidad (que la ley Cocopa y los acuerdos siguen convocando) y aprobaron una ley que niega toda posibilidad de autonomía, no que le baja el perfil, no un acuerdo mínimo, no. Aprobaron la negación de la autonomía para los pueblos indios.
Los acuerdos dicen expresamente que al reconocerles autonomía "los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma interna de gobierno y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. (Documento dos. P. 2.)
La autonomía sí fue una demanda central de los acuerdos, pero, a diferencia de la propuesta que sobre autonomía tiene el PRD, buscaban que fuera dúctil y respondiera a una reivindicación amplia y legítima, no que fuera otro cascarón vacío como son las entidades federativas y los municipios, cuando los partidos y los cacicazgos se apropian del gobierno en ese nivel o piso constitucional.
Los senadores desactivaron el corazón de la ley Cocopa, en el sentido de que "las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad para asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones". Ojo, cualquier acción, no sólo para fines administrativos ni logísticos o de servicios como el actual artículo 115.
Ser entidad de derecho público le habría permitido a la comunidad tener peso en sus decisiones y en protecciones legales muy concretas y caracterizadas, que -activada con la posibilidad de asociación dúctil, no acotada, de municipios y comunidades- podría llegar hasta el nivel que tanto le preocupa a Pablo Gómez: la autonomía regional. Pero una real, no inventada.
En fin, no se trata de revivir una discusión en torno a los acuerdos, sino de mostrar cómo la clase política, que dice representar a los habitantes de nuestro país, le miente a la gente, evade su responsabilidad y no acepta que nadie la impugne o cuestione.
