Los programas no dan certeza jurídica sobre la propiedad de las tierras: campesinos

Procede y Procecom, responsables de la división de comunidades indígenas

Más de 100 grupos llaman a defender los acuerdos de San Andrés y la autonomía

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Felipe Ecatepec, Chis., 8 de febrero. Representantes de cerca de 100 organizaciones de nueve estados del país se comprometieron a trabajar por la autonomía y luchar por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, "especialmente por el derecho a la libre determinación y al territorio, impulsando la resistencia política y cultural".

Después de un encuentro de dos días realizado en esta comunidad tzotzil del municipio de San Cristóbal de las Casas en contra de los Programas de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares (Procede) y de Certificación de Derechos Comunales (Procecom), los asistentes acordaron también luchar para que se recupere el espíritu original del artículo 27 constitucional.

Los cerca de 300 participantes en la reunión convinieron en trabajar por la reconstrucción de la comunidad, fortalecer el trabajo colectivo y comunitario, buscar un remedio a la división en las comunidades, procurar la unidad en la lucha, respetando las diferencias civiles, sociales y políticas.

Igualmente, acordaron promover la revalorización de la tierra para resistir desde su identidad, que parte desde sus raíces. Además, manifestaron sus deseos de que el encuentro se convierta en "un escudo de defensa para que otras personas no pierdan sus tierras por el Procede y el Procecom", así como reivindicar los derechos de la mujer indígena y campesina sobre la tierra.

En un documento dado a conocer hoy, los participantes denunciaron que el Procede y el Procecom "han dividido a nuestras comunidades y ejidos y han propiciado el acaparamiento y la venta de tierras", por lo que manifestaron su "total rechazo" a dichos proyectos.

Agregaron que 80 por ciento de los asistentes expresó que no ha logrado certeza jurídica sobre sus tierras, aún después del Procede y el Procecom, lo que "demuestra que el principal argumento del gobierno para implementar este programa hace diez años no es real y forma parte de la política neoliberal que responde más a intereses de las empresas transnacionales que a los de los indígenas y campesinos mexicanos".