"El show, perfectamente montado", opina Marcos

La fiscalía especial, trampa de Ejecutivo y Legislativo

La mano de obra de la Montaña, botín de gobierno e IP

Hay algo de dolor y de coraje cuando la mano y la mirada llegan a octubre y a Guerrero. Pero no hay rencor estéril ni derrota resignada en la mano cuando se hace nube, ni en la mirada cuando se hace piedra. Porque este es el estado de Guerrero, nombre e historia que sintetizan muchos dolores y corajes, pero también muchas memorias y no pocas rebeldías.

Guerrero. Más de 3 millones de habitantes y más de medio millón de indígenas amuzgos, mixtecos, nahuas, tlapanecos.

Vuela la nube azul. Eso que se ve allá al oriente, cerca de Puebla y Oaxaca, es la Montaña. Tiene su parte alta y su parte baja. La mayoría de los pobladores son tlapanecos, nahuas y mixtecos. A su solicitud de alimento, proyectos productivos y de salud, infraestructura para desarrollarse, el gobierno de Fox respondió con... ¡maquiladoras! Sí, como en todo el campo mexicano que está siendo destruido por las políticas neoliberales, en la Montaña de Guerrero abundan la mano de obra barata y las tierras. Ambas son un botín para empresarios y gobernantes. Y como en muchas partes del campo mexicano, el principal producto de esta zona lo constituyen los migrantes. De las zonas cañera y ejotera de Cuautla, hasta la ciudad de Nueva York, pasando por los campos de cultivo del noroeste de México, los campesinos guerrerenses emigran en busca del sostén para su familia. Cuando menos 30 mil migrantes dejan sus campos y casa en cada ciclo agrícola.

Pero las maquiladoras del plan foxista Marcha Hacia el Sur (nombre de innegable sentido de conquista) no van solas. El ejército federal y la policía las acompañan. Sí, con las maquiladoras llegaron más cuarteles del ejército y de la policía, los retenes, los abusos, la represión. Y con los soldados llegaron la prostitución, el alcoholismo, el tráfico de drogas. A los campesinos les expropian las tierras para construir cuarteles y pistas militares. Y en forma paralela crecen los conflictos entre comunidades. "Lo que une la historia, que lo divida el capital", parece ser el lema de los gobernantes neoliberales.

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denuncia que hay un verdadero aseguramiento militar en Guerrero, "como una manera de contener el movimiento social". "En este contexto, existen muchos conflictos comunitarios, se ha acrecentado la militarización en la zona, pensamos que para resguardar los espacios de la maquila o para crear las condiciones que aseguren las inversiones de capitales maquiladores".

En Tlapa, según afirma el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, "un punto que nos sigue preocupando es precisamente esta tendencia a militarizar esta región indígena. Como que las salidas del diálogo, de la concertación social, del desarrollo comunitario, están supeditadas a una estrategia militar. (Se está) justificando la militarización como una manera de garantizar la estabilidad en las regiones sin atacar las causas de la pobreza extrema, de la miseria, de la migración masiva (...)"

Y remata:

"El hecho de que no fuera aprobada la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas dejó muy claro para las organizaciones indígenas de Guerrero que es un trabajo bien planeado en el sentido de tener una ley indígena muy acorde a las necesidades del capital trasnacional. Las comunidades no van a ser capaces de poder decidir al interior de sus propios territorios y sobre todo de poder diseñar planes que tengan que ver más con el etnodesarrollo y donde sean las comunidades las que decidan."

Y la tajada de la destrucción del campo es tan jugosa que el gobernador de Guerrero, René Juárez (alias "el negro consentido de ZedilloL"), está buscando acuerdos comerciales y de inversiones al margen de la Federación, sobre todo en el ámbito minero, con Canadá y Japón. Y es que se sabe que en la Montaña de Guerrero hay muchos minerales nuevos que serán útiles para la tecnología futura. "En Guerrero existen cuatro zonas de minerales metálicos ricas en oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio y tungsteno, de las que sólo se encuentran en explotación Taxco y Mezcala. Existen también tres regiones con potencial no metálico en barito, fluorespato, grafito, cuarzo, calcita, dolomita, puzol, toba, mármol, yeso, amatista, caliza, granito y titanio, así como cobalto, níquel, cromo, potasio y sal. Estas riquezas se extienden sobre 38 por ciento del territorio guerrerense. Hoy los gobiernos federal y estatal, y diversas compañías trasnacionales, consideran a Guerrero una de las entidades con mayor potencial para el desarrollo minero en México. En foros y publicaciones, el gobierno estatal anuncia con bombo que planea hacer de Guerrero una potencia minera nacional, cuyos ingresos superen a los de la tradicional actividad turística. Actualmente, al menos 11 empresas mineras de capital japonés, estadunidenses y canadiense realizan en Guerrero actividades exploratorias." (Rolando Espinosa y Verónica Villa en Ojarasca, 2002.)

De Guerrero es el señor Florencio Salazar, ex encargado del Plan Puebla-Panamá, y que, para que no hubiera duda de lo que está detrás de ese plan, pasó a la Secretaría de Gobernación en la llamada "Area de Atención a Protestas y Movimientos Sociales" (es decir "área de cooptación y represión de los movimientos sociales").

Pero hay quien no se deja cooptar y resiste a la represión.

Una comunidad situada al pie de la Montaña es Xochistlahuaca. Este municipio es también llamado Suljaá, que en lengua ñomndaa (amuzga) significa un lugar llano con flores. En él habitan fundamentalmente miembros del pueblo amuzgo, junto a comunidades mixtecas y nahuas. Su historia de resistencia no es nueva; se resistieron al conquistador azteca, al invasor español, al liberal criollo, al cacique indígena o mestizo. Como no se rendían, los trataron de exterminar... y fracasaron. Según cifras oficiales, aquí las dos terceras partes de la población es analfabeta, casi ciento por ciento no tiene servicios de salud, la mitad no tiene ingresos, 80 por ciento de las viviendas no tienen drenaje y la mitad carece de luz eléctrica.

"Harto de imposiciones, cacicazgos y miseria, el pasado 20 de noviembre de 2002 el pueblo de Suljaá resolvió elegir a sus propias autoridades municipales, de acuerdo con el derecho consuetudinario amuzgo, por su cuenta y a contrapelo de los caciques, los partidos políticos y la ley electoral vigente en el estado.

"De este modo más de 70 calandyo (principales), ancianos y ejidatarios, propusieron a la asamblea general comunitaria el nombramiento de siete nanman'iaan (literalmente, 'los que están sucios porque trabajan') o autoridades tradicionales. A partir de ese día las autoridades electas tomaron el difícil encargo de gobernar bajo el principio de 'servir obedeciendo al mandato del pueblo y no servirse de él', y ocuparon la wats'iaan ndaatyuaa Suljaa' (casa de trabajo del municipio de Suljaa'), antes palacio municipal de Xochistlahuaca y sede del ayuntamiento y de todas las estructuras de gobierno impuestas desde hace siglos y reforzadas por la 'democracia' electoral en vigor." "Los nanncue ñomndaa retoman su propio camino". Carlos González García. Ojarasca.)

La lucha de los indígenas de Suljaá mantiene una distancia del poder, no exige ni reconocimiento ni subsidios, sino respeto, y se mantiene al margen de la política tradicional y sus formas electorales. Así dicen sus palabras:

"Hoy retomamos nuestro propio camino, recorriendo el camino nuestro sabemos hacia dónde vamos, el camino de abajo, el que hemos aprendido, el que nos enseñaron, el que por siglos recorrieron los abuelos de nuestros abuelos, el que no se hace de mentiras sino el que se construye a pasos verdaderos, entre todos y todas, unidos, como el día en que nacimos de esta tierra.

"(...) la conformación de un gobierno autónomo en el importante municipio de Suljaá (Xochistlahuaca), corazón de la cultura del pueblo nancue ñomndaa, después de más de 500 años de dominación externa, abre la posibilidad de la reconstitución de las comunidades y pueblos indígenas de la región, en particular posibilita la reorganización del pueblo nanncue ñomndaa, otorgando a nuestras poblaciones una vía para su desarrollo propio y para la resolución de sus necesidades políticas, económicas, sociales y culturales, después de años de miseria y marginación."

Sigue la nube por la Montaña de Guerrero. Allá se ven unos policías. La nube se esconde y mira atenta. Llega esta policía a una comunidad. Pero, lejos de esconderse o desconfiar, la gente sale con camaritas fotográficas y les pide a esos policías tomarse una foto con ellos. La nube, extrañada, pregunta. "Son los comunitarios", es la respuesta. Es desde octubre de 1995 que "los comunitarios", como cariñosamente les llama la gente, son responsables de la seguridad pública en comunidades de las regiones Costa y Montaña de Guerrero. Fueron principalmente las comunidades yopes (o tlapanecas) pero también mixtecas, sin financiamiento gubernamental o externo, y con la fuerza moral de reducir dramáticamente la delincuencia de esta zona violenta, las que impulsaron la policía comuntaria. Obviamente el gobierno de Guerrero no los quiere ni tantito, y el ejército mexicano ha exigido en varias ocasiones que los comunitarios entreguen las armas, se asimilen a las policías municipales y estatales, amenazando con ejecutar las órdenes de aprehensión en su contra.

En la Declaración por seis años de lucha contra la delincuencia y por el derecho de los pueblos indígenas a la justicia se explica la razón de ser de la policía comunitaria: "La falta de respuesta eficaz, comprometida y responsable de nuestras autoridades oficiales nos obligó a los pueblos indígenas de la región a hacer uso de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes de nuestro país, retomando nuestras propias formas de darnos la justicia de nuestros pueblos (...) Nuestra propia tragedia y la desatención del gobierno es lo que nos ha constituido y nos ha enseñado".

Se va la nube y llega a la zona donde trabaja la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), nacida con el objetivo de preservar el medio ambiente. Y para el gobierno no hay nada tan subversivo como detener la tala de árboles.

El 2 de mayo de 1999 se les declaró formal prisión a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel (Premio Goldman Ambiental), quienes fueron detenidos y torturados por el ejército, procesados y condenados por la justicia mexicana, y declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Su delito: oponerse organizadamente a la destrucción de los bosques.

¡Un momento! ¿Presos de conciencia? ¿Quiere decir "presos políticos"? Pero, ¿y el gobierno del cambio?

Para obtener la respuesta, la nube debe hacerse piedra y buscar a Mamá Piedra y a las Doñas del Comité Eureka.

Pero, ¿quiénes son estas guardianes de la memoria rebelde?

Ayer, cuando vivíamos bajo la dictadura priísta, en especial en los sexenios de los nefastos Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, se utilizó la política exterior como tapadera de una política de te-rror interna. Se reconocía la lucha de Salvador Allende, en Chile, para esconder la guerra sucia que se estaba librando en México; se declaraba al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de El Salvador, como fuerza beligerante para que nadie preguntara sobre los detenidos desaparecidos de México. Estos son solamente algunos ejemplos de esa política. En esa época las Doñas del Comité Eureka, familiares de los desaparecidos, tuvieron que sufrir la incomprensión y muchas veces la ausencia de solidaridad de la izquierda latinoamericana, porque los representantes de esa izquierda eran recibidos en Los Pinos o en la Secretaría de Gobernación y se les otorgaba apoyos nada despreciables, mientras sus compañeros mexicanos se encontraban en las mazmorras del Campo Militar Número Uno. Desde luego, poco les importaba la suerte de los mexicanos que se habían levantado en armas, algunos bajo el influjo de su mismo ejemplo.

Hoy, cuando vivimos bajo el gobierno en el que "todo cambia para que todo siga igual", los vientos de la globalización le obligan a promover otro tipo de política. Ahora lo fundamental no es tanto la estabilidad interna, sino insertarse como socio menor y subordinado a lo que se conoce como globalización, que no es otra cosa que una nueva distribución del mundo por los centros de poder financiero-militar, una guerra contra la humanidad.

Pero como muchos de los principales socios mayores de México han planteado "cláusulas democráticas" para firmar acuerdos comerciales, entonces es indispensable utilizar la bandera de los derechos humanos para tenerlos tranquilos. Pero todo esto no significa más que ponerse a tono con lo que hoy es la política hegemónica del superpoder norteamericano, el cual lleva a cabo invasiones, masacres y restricciones civiles solamente comparables a las que se dieron bajo el nazismo. Y todo esto realizado, en el colmo del cinismo, bajo el manto de los derechos humanos. Y ahí está de ejemplo la futura guerra contra Irak.

Igualmente en México se siguen violando las garantías individuales (simplemente hay que ver lo que sucedió en Morelos hace algunos meses con los ecologistas que pacíficamente se oponían a la destrucción de nuestro acervo cultural): se siguen cometiendo asesinatos cuyas víctimas son líderes sociales, siguen las cárceles llenas de presos políticos (tal es el caso de nuestros compañeros zapatistas en Querétaro, Tabasco y Chiapas, o los hermanos Cerezo, o los presos del ERPI o del EPR), y sigue sin resolverse el caso de los detenidos-desaparecidos; más aún, hay nuevos detenidos desaparecidos políticos producto de este gobierno.

El gran cambio es que ahora no se plantea una política internacional que sirva como coartada para estas prácticas, la cuestión ya no es ser tercermundista, ahora solamente hay que estar atentos a lo que diga la voz del amo, creando la apariencia de que se protegen los derechos humanos, independientemente de que todo esto se hace pisoteando la ley.

La liberación del general Francisco Gallardo no se hizo reconociendo su inocencia sino retorciendo la ley con tal de satisfacer a los organismos internacionales y no molestar a la jerarquía del ejército. Se liberó a Ericka Zamora porque era insostenible su encarcelamiento, pero si ella es inocente (que lo es), ¿cuál fue la responsabilidad del ejército que atacó y masacró a mansalva a los campesinos que estaban reunidos en El Charco, en Guerrero? Se libera a los campesinos ecologistas de la sierra (Montiel y Cabrera), pero no se reconoce su inocencia, incluso en una sentencia posterior se confirma su culpabilidad y si se les mantiene en libertad es por la presión internacional; más aún, los caciques talamontes y su jefe y protector, Rubén Figueroa, siguen sin ser siquiera citados para declarar (muy posiblemente lo sean cuando ya haya finiquitado la posibilidad de ser enjuiciados).

En especial es indispensable destacar el significado de la lucha del Comité Eureka por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos (538 documentados por las Doñas, de los cuales 214 casos son de Guerrero, y de éstos, 172 se realizaron en 1974). En diciembre de 2001, por fin, el Senado decidió ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994. Parecería que con esto se estaba dando un paso fundamental hacia la solución de este terrible problema, pero al mismo tiempo formuló una reserva y una declaración interpretativa. Al hacer esto se está violando el contenido fundamental de la convención y, sobre todo, se comete una nueva burla contra las víctimas (y sus familiares) de esa terrible práctica de la desaparición forzada, caracterizada por la resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad.

La reserva del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos se refiere al reconocimiento del fuero de guerra de los militares que cometieron el delito de la detención-desaparición, con lo cual se les garantiza que no serán juzgados por tribunales civiles.

Y, por otro lado, en la declaración interpretativa se plantea que las disposiciones de dicha convención se aplicarán a los hechos que se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de lo aprobado por el Senado. Es decir, impunidad para el pasado.

Con estos dos puntos se viola el artículo IX de la convención, en el cual se plantea lo siguiente: "El delito de desaparición forzada de personas sólo podrá ser juzgado por las jurisdicciones de derecho común competentes de cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares". Y el artículo III: "Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

Lo cual nos permite concluir que se está violando el artículo XIX de la misma, que a la letra dice: "Los Estados podrán formular reservas a la presente convención en el momento de firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la convención".

Con la reserva y con la declaración interpretativa, el Estado mexicano está garantizando la total impunidad para los que cometieron y ordenaron la desaparición de cientos de mexicanos.

Por todo eso el Comité Eureka tiene totalmente la razón, ya que pone el dedo en la llaga al señalar que no sirve para nada una fiscalía especial, que supuestamente va a investigar las desapariciones, si desde antes de que presentara su plan de trabajo, desde antes que les pidiera muestras de sangre a las madres de los desaparecidos de Sinaloa, desde antes que abriera pomposamente sus oficinas en Guerrero, ya no tenía materia de trabajo.

¿O será que realmente de lo que se trataba era de crear una parafernalia que sirviera para tener algo que responder, cuando en sus constantes giras por el mundo el señor Fox es cuestionado sobre la violación de los derechos humanos en México?

Cuando en Argentina se decidió llevar a cabo la investigación sobre la guerra sucia, se nombró una comisión especial, encabezada por el gran escritor Ernesto Sábato -no por un gris burócrata-, la cual realizó un trabajo impecable. Los criminales y torturados directos, junto con sus jefes, fueron sentados en el banquillo de los acusados. Al final, de manera impúdica, el jefe de Estado decidió perdonar a todos, y elaboró la Ley de Punto Final.

Claro que nos da gusto ver a Luis Echeverría Alvarez como indiciado para investigar las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, pero ese gusto se desvanece cuando sabemos que se han retorcido de tal manera las leyes que no será tocado, y así como él, todos los funcionarios involucrados.

El show está perfectamente montado y ahí incluimos la supuesta indignación del fiscal especial, el cual por cierto era funcionario de Luis Echeverría, en la misma Secretaría de Gobernación, dependencia en la que se planeó y realizó la guerra sucia contra miles de mexicanos.

Ahora, para lavar la cara del Estado mexicano, se quiere reducir la responsabilidad de la guerra sucia en un puñado de sicarios del poder: Francisco Quirós Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro y Miguel Nazar Haro. Lo que se oculta es que se trató de una política de Estado, política que no se ha abandonado: en lo que va del sexenio del "cambio" ya existen 22 nuevos detenidos-desaparecidos.

Esa política de Estado no se puede ocultar con la demagogia del señor fiscal, que se la pasa hablando de su prima, Deni Prieto, tratando de esconderse detrás de la figura de la rebelde asesinada el 14 de febrero de 1974 en San Miguel Nepantla, estado de México.

Lo que estamos presenciado es una nueva trampa conjunta del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo (como cuando la contrarreforma indígena). Por un lado se desvirtúa totalmente la Convención Internacional sobre las Desapariciones, por otro se busca lavar la cara del poder en el ámbito internacional con sentar a unos sicarios para responder una serie de preguntas y, finalmente, no se está trabajando para la presentación de los detenidos-desaparecidos, sino que se les está declarando muertos sin ningún elemento probatorio. Una nueva mascarada para entretener a algunos ingenuos o para darle trabajo a algunos políticos profesionales con pasado de izquierda.

Frente a esa mascarada se levanta la dignidad de las madres del Comité Eureka, que han decidido no prestarse a legitimar una nueva burla. Ellos, los que son poder y gobierno, pueden cerrar el "caso" y declarar muertos a cientos de mexicanos, podrán llevar a cabo una supuesta condena moral sobre estos métodos (al mismo tiempo que los siguen aplicando), podrán comprar algunas conciencias y ofrecer dinero a cambio de dignidad. Pero mientras el Comité Eureka, las Doñas, siga manteniendo su postura intransigentemente digna, toda esa maniobra será inútil. El grito del México digno seguirá siendo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

"¡Sí!", dice y se dice la piedra, "porque la memoria de todos esos hombres y mujeres sigue viva, y seguirá mientras haya mujeres como las Doñas".

Vuelta nube de nuevo, la piedra vuela ya a Morelos. Seguramente va a poner una flor de memoria y rebeldía en la tumba del general Emiliano Zapata Salazar, jefe del Ejército Libertador del Sur y comandante supremo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.