Cuando el ombudsman nacional, al rendir su tercer informe, dijo ante el Presidente de la República y el gabinete en pleno que la comisión emite recomendaciones "que se aceptan pero no se cumplen", recibió del mandatario una sorprendente respuesta: "mi administración valora las recomendaciones y cuando son procedentes, se cumplen". O sea, que el juicio final sobre dichas recomendaciones pertenecería al presunto culpable oficial de las violaciones a los derechos humanos, el cual se arroga el derecho de aceptar o rechazar las denuncias que un organismo independiente formula para controlar las arbitrariedades de los sectores gubernamentales.

Por supuesto, esta opinión presidencial anula de un solo plumazo la validez de las recomendaciones de la comisión defensora de los derechos humanos y la misma independencia de ésta, ya que la reduce a simple asesora o consejera, y le quita sus funciones de control. El espíritu republicano requiere el equilibrio entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se controlan y estimulan mutuamente, a esto se agrega la figura del ombudsman, de creación escandinava, que defiende permanentemente los derechos del ciudadano común ante el aparato estatal, que podría extralimitarse en el ejercicio de la "violencia legítima" que le atribuía Max Weber. Precisamente para que esa violencia sea "legítima" -o sea, para que cuente con un consenso mayoritario- es necesario un organismo que actúe como última instancia para defender los derechos ciudadanos conculcados. Sus recomendaciones, por tanto, no pueden ser desechadas o aceptadas según el gusto y la conveniencia de quien, según la comisión, ha violado dichos derechos. El ser a la vez juez y parte y, además, policía, es propio de las dictaduras o de las monarquías por derecho divino, no de las repúblicas, donde la soberanía está en manos del pueblo, en este caso representado por la comisión para la defensa de las garantías fundamentales. Urge, por tanto, una rectificación de estas palabras, que confirmarían que en México no tienen plena vigencia los derechos humanos y sigue imperando el arbitrio de los poderosos.