Busca adicionar un artículo que prohíba expresamente citatorios a periodistas

Entrega la CNDH propuesta de reforma al Código de Procedimientos Penales

ANDREA BECERRIL

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentó ayer en el Senado la propuesta de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, para "dar certidumbre jurídica a la libertad de expresión y de prensa", garantizar el secreto de las fuentes de información de los periodistas y evitar que sean objeto de intimidación o presión de autoridades.

Se busca, dijo, "la existencia de reglas claras" que impidan a los servidores públicos pretender anular o dejar de lado el derecho a poder reservarse información, "al aprovechar las lagunas legales en una legislación que quedó rezagada".

Con la reforma propuesta se impedirá -detalló- que se obligue a periodistas y otros profesionales a comparecer ante el Ministerio Público en calidad de coadyuvantes o testigos, con miras a que revelen datos relacionados con el ejercicio de su profesión.

Después de entregar la iniciativa a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, Soberanes dijo en entrevista que los senadores "tienen que actuar de manera rápida", porque hace unos días dos reporteros de La Jornada fueron citados nuevamente por la Procuraduría General de la República.

Durante el evento, el presidente de la comisión senatorial, Sadot Sánchez Carreño, se comprometió a darle trámite urgente, por la importancia del tema. Sin embargo, los legisladores tienen el tiempo encima, pues pese al consenso entre las fuerzas políticas, le restan pocas sesiones a este periodo, que vence el 30 de abril.

La propuesta de la CNDH consiste en adicionar al Código Federal de Procedimientos Penales con un artículo, el 243 bis, el cual señala que no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los periodistas, abogados, consultores técnicos y notarios, ministros de culto religioso y toda persona o servidor público a quien la ley reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional.

En el caso de los periodistas, se les garantiza secreto "respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservado, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado".

Al argumentar ante los senadores la propuesta, Soberanes explicó que para la CNDH el disfrute y ejercicio pleno de algunas profesiones, como la abogacía, la medicina, el ministerio de cultos, la labor informativa de los periodistas y el desempeño de algunos cargos en el servicio público, demanda bases legales suficientes para que se lleven a cabo de una manera adecuada y sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Recalcó que el derecho a guardar secreto del origen de la información a que tienen acceso los comunicadores debe considerarse "un derecho orientado a la salvaguarda de la integridad y el trabajo de la persona que por razón de su profesión o actividad tiene acceso a la misma".

Sin embargo, el ombudsman precisó que la experiencia demuestra que a las personas que, por medios distintos a los del Estado, informan a la sociedad sobre temas de interés público, se les considera "partícipes de actividades subversivas o difamatorias, lo que en algunos casos ha dado lugar a que sean sujetos de interrogatorios de las autoridades" para obligarlos a que identifiquen su fuente de información o revelen los secretos que les han sido confiados en cumplimiento de su deber.

"Resulta indudable que no basta el reconocimiento a ese derecho", sino que "es preciso que existan "reglas claras que eviten que servidores públicos en ejercicio de sus funciones pretendan anularlo o bien dejarlo de lado aprovechando las lagunas existentes en una legislación que quedó rezagada".

Precisó que actualmente el código sólo menciona la posibilidad de negarse a aportar información con base en lazos de parentesco, ya sea consanguíneo o de afinidad.

Aun cuando busca brindar protección a los particulares de cualquier abuso o exceso de las autoridades, "no ha impedido que en innumerables ocasiones" se les llame a comparecer y se les pretenda obligar a declarar para obtener datos relacionados con el desempeño de su profesión.

La iniciativa, concluyó Soberanes, introduce una regulación clara "en los códigos adjetivos en materia penal, para dar certidumbre de que la libertad de expresión y de prensa no se encuentran sujetas a limitacion alguna, salvo los casos de ataques a la moral, los derechos de tercero, el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública".