Anuncian que presentarán demanda penal contra Gil Díaz, Ortiz y Mancera Aguayo

Legisladores panistas denuncian presión de Hacienda para aprobar auditorías light

Pretende ignorar las disposiciones de la Auditoría Superior de la Federación: Sergio Vaca

JOSE GALAN Y ROBERTO GARDUÑO

Diputados y senadores de Acción Nacional denunciaron ayer presiones de la secretaría de Hacienda y Crédito Público para aprobar las llamadas auditorías light propuestas por legisladores priístas, y consideraron que Francisco Gil Díaz busca evitar investigaciones sobre operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), para dar impunidad a quienes malversaron dinero de los mexicanos. Sostuvieron que se opondrán a esa medida.

Además, anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra del propio Gil Díaz; de Guillermo Ortiz, actualmente gobernador del Banco de México, y de Miguel Mancera Aguayo, por el quebranto que significó el Fobaproa. El diputado blanquiazul Sergio Vaca Betancourt consideró que, de plano, al Presidente Vicente Fox "lo tiene cooptado la camarilla de priístas que, por desgracia, invitó a colaborar con él". Incluso, afirmó, "lo tienen engañado con un posible colapso financiero, y no hay tal".

Reveló que el pasado 29 de abril se presentó en la Cámara de Diputados un grupo de representantes de la Secretaría de Hacienda para cabildear con diputados de AN, encabezados por el subsecretario Agustín Carstens y el abogado Luis Mancera, "curiosamente" de segundo apellido Arrigunaga, quienes presentaron un proyecto llamado "Para Solventar las Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)", que pretendía brincar la ley y dar por concluido el asunto del Fobaproa.

Todo comenzó el pasado miércoles 28 de mayo, cuando en la sesión de la comisión Permanente los diputados priístas David Penchyna, Jorge Carlos Ramírez Marín y Salvador Rocha Díaz presentaron un punto de acuerdo que pretende hacer auditorías a cuatro bancos: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte. Las auditorías que están proponiendo tendrían que tener la anuencia de los bancos para su realización, lo que esas instituciones no van a permitir.

De allí que hayan sido bautizadas como auditorías light. Este es el segundo intento de los diputados por establecer un convenio de esa naturaleza, y será sometido a discusión hoy en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa efectuada ayer en la Torre del Caballito, los legisladores federales del PAN advirtieron que la propuesta priísta busca disminuir tan sólo en 18 mil millones de pesos la deuda de los pagarés del Fobaproa, cuando en los dos importantes bancos, Bancomer y Banamex, se puede hacer una quita de entre 70 mil y 147 mil millones de pesos.

"Discúlpenme la expresión popular, pero esa camarilla anda asustando con el petate de muerto, en el sentido de que el sistema financiero se caerá si se ahonda en la revisión del Fobaproa", dijo Vaca Betancourt. "Los legisladores federales panistas queremos que se cumpla lo que se detectó con las auditorías de Mackey, lo que abundó la Secodam, y lo que fue más allá todavía: el trabajo de la ASF. Sobre el texto de las leyes no se negocia. Las leyes nada más se cumplen".

Por su parte, el senador Luis Alberto Rico Samaniego consideró que, "desde hace años", el Banco de México y la Secretaría de Hacienda le amplían facultades, indebidamente, al fideicomiso privado conocido como Fobaproa, para que suscriba deuda pública.

Se trata, añadió, de "una autorización indebida" otorgada por Guillermo Ortiz y Miguel Mancera, porque "no hubo autorización de la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión".

Al acercarse el término de algunos de esos pagarés del Fobaproa para ser canjeados por deuda pública, la Ley del IPAB considera que no tienen validez, "son ilegales", porque se firmaron sin autorización.

Para los legisladores federales, la propuesta de sus contrapartes priístas, "por sus pistolas", sostiene que los hallazgos de irregularidades en el Fobaproa no tienen validez.

Rico Samaniego sostuvo que, ante las irregularidades que hay en el paso de dos bancos, Bancomer y Banamex, el erario público no debe pagarlas, y que ese dinero debe destinarse a hacer obra pública, y no para pagar la deuda de bancos que indebidamente se pretende hacer pasar como pública.

Posible resolución de la Suprema Corte

El grupo de trabajo de diputados que dará seguimiento a la negociación entre los dueños de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte y las autoridades del IPAB con objeto de realizar auditoría a esos bancos, manifestó que es necesario revisar las cuentas y estados financieros de éstos porque en caso contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargaría de emitir una resolución sobre el tema de la compra de cartera ilegal durante el rescate bancario.

Raúl Martínez, del PAN, manifestó que la intención de los legisladores es que los propietarios de los cuatro bancos estén en la mesa de discusión y negociación, "para que de una vez por todas se cierre el capítulo del Fobaproa".

De esa forma se pretende iniciar los acercamientos entre bancos y autoridades para que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo y se inicien las auditorías. No obstante, entre los representantes del PRD persiste la idea de que esas revisiones serían light, si no se permite que el IPAB defina los criterios generales de dichas auditorías.